Mario Castaño rendirá indagatoria este viernes ante la Corte Suprema de Justicia

Para las 2 de la tarde de este viernes quedó programada la indagatoria del senador liberal Mario Castaño, capturado en la noche del pasado martes cuando salía del Congreso, en medio de la investigación que se le adelanta por, presuntamente, liderar una red de corrupción que manejaba la entrega de millonarios contratos de prestación a servicios en entidades como la Procuraduría, la Contraloría General, el ICBF y el Sena, y que reveló en exclusiva SEMANA.

Castaño es investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, concusión y estafa. El proceso se desprende tras una compulsa de copias hecha tras la captura, en marzo pasado, de nueve personas que conformarían la organización que lideraba el senador.

SEMANA accedió en exclusiva al expediente en contra de Castaño. Según la Fiscalía, no hay duda de que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente político del Eje Cafetero –reelegido para el período 2022-2026– y quien “en virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”.

El pasado miércoles, agentes del CTI de la Fiscalía General adelantaron operativos de ubicación y embargo de bienes inmuebles de propiedad del senador liberal e integrantes de su familia en las ciudades de Manizales y Medellín. El ente investigador estableció la existencia de 35 propiedades, de las cuales ocho estarían a nombre de Castaño, cinco bajo sociedad conyugal, tres a nombre de sus hijos y el resto a familiares cercanos.

Los investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, donde se evidencia un interés indebido por todo tipo contratación con entidades locales, regionales y nacionales. Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.

En una comunicación entre Castaño y Juan Carlos Martínez, a quien los investigadores señalan como su hombre de confianza, ambos se jactan delante de dos mujeres porque se apropiaron de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años.

En la llamada, Martínez les cuenta a las mujeres, a petición del senador, anécdotas en torno a cómo se concretó ese negocio. “Este hijueputa llega, y se va hacer un negocio, y le digo: ¿Mario y qué va hacer? Dijo: no, voy a prolongar lo de licores, eso me deja por ahí de 15 a 20 mil millones por año, y yo: ah hp, ¿y eso por cuánto? Dijo: por 15 años… no, pues… y sale de allá y le digo: ¿Cómo le fue? Y me dijo: bien, hermanito. ¿Y le renovaron eso? Dijo: sí, me renovaron eso y me dieron el tránsito, y yo: eh no joda hijueputa, o sea que usted queda lleno y pide postre”.

Entre los bienes ubicados se encuentran locales comerciales en el sector de El Cable en la capital caldense. Igualmente, hay un lujoso apartamento en el sector de El Poblado en Medellín y otras propiedades que están a nombre de sus familiares más cercanos. El ente investigador realiza esta acción como un trámite para que los bienes inmuebles no sean vendidos, traspasados o comercializados mientras se adelanta la respectiva investigación.

Como una investigación paralela se intenta verificar si esas propiedades fueron compradas con dineros relacionados con las actividades ilícitas que adelantó Castaño y la organización que controlaba, y en la cual “trabajaba” su compañera sentimental.

Los bienes no serán sometidos a una ocupación inmediata, sino que se le notificara la ocupación a las personas que aparezcan como titulares de los predios con el fin que presenten evidencia sobre la forma en cómo fueron obtenidos.

Este trámite está detallado en la Ley 1849 de 2017, que le dio facultades a la Fiscalía General para que suspenda el poder dispositivo de los bienes y dicte medidas cautelares de embargo y secuestro de los mismos si no se demuestra su procedencia u obtención legal.

De demostrarse que fueron obtenidos con dineros legales el proceso se suspende y se archiva. Si la situación es contraria, se continuará todo el proceso de embargo y secuestro.