política

Más de 300 mil millones de pesos en ahorro por simplificación de trámites del Estado

Se implementaron 3.364 acciones de racionalización en trámites, entre agosto de 2018 y mayo de 2022.


Entre agosto de 2018 y mayo de 2022, más de 450 entidades del Estado simplificaron o eliminaron trámites, suprimieron barreras e hicieron mejoras regulatorias que le generaron un ahorro a los colombianos superior a los 316 mil millones de pesos.

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, destacó estos y otros resultados durante un evento en el que se hizo un balance del trabajo realizado, y se reconoció el valioso aporte de siete alcaldías, dos gobernaciones y un hospital en materia de simplificación de trámites.

Estado Simple, Colombia Ágil es la estrategia del Gobierno enfocada en la oferta institucional dirigida a ciudadanos y empresarios, y tuvo cuatro líneas de acción: trámites, barreras, normas obsoletas y normas de alto impacto.

De las acciones de racionalización adelantadas en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, un 54 % correspondieron a entes territoriales, con beneficio directo para habitantes de municipios y departamentos. “Así comprobamos una vez más que el Gobierno central y las regiones podemos trabajar juntos por propósitos comunes”, destacó el jefe de Estado.

En el nivel nacional participaron los 18 ministerios, nueve superintendencias, cuatro departamentos administrativos, nueve agencias y cinco unidades administrativas especiales, así como otros institutos y empresas del Estado.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, destacó el impacto positivo de la estrategia en la reducción de costos para la operación formal de las empresas en Colombia, particularmente con acciones asociadas a creación de empresas, productos financieros, registros de turismo, trámites de comercio exterior y propiedad industrial o registro de marca.

“Así le aportamos a la meta de garantizar un ambiente de negocios propicio para el emprendimiento y el fortalecimiento de la libre competencia. Colombia necesita empresas que dediquen la menor cantidad posible de tiempo, dinero y personal a atender requerimientos del Estado, de manera que puedan dedicar más recursos a lo que saben y hacen mejor: generar empleo y riqueza mediante la producción de bienes, servicios y tecnología”, dijo la funcionaria.

Las acciones de simplificación, racionalización y estandarización de toda la oferta institucional existente, es decir, trámites dirigidos a ciudadanía y empresas durante el período de gobierno, abarcó 3.364 acciones de racionalización a trámites, mediante intervenciones tecnológicas, administrativas o normativas de las entidades involucradas.

De acuerdo con cálculos del Departamento Administrativo de la Función Pública, líder de esta política, este resultado les ahorró a los colombianos 316 mil 881 millones de pesos, representados en ahorro de tiempo, tránsito de la presencialidad a sistemas en línea, eliminación o reducción de tarifas, disminución de requisitos, menos fotocopias, menos papeleo y aumento de canales o puntos de atención.

Al mismo tiempo, se suprimieron 436 barreras que, por disposiciones legales, procedimientos engorrosos o desaprovechamiento de recursos, complicaban de manera innecesaria la actividad de las empresas o las gestiones individuales de los ciudadanos.

El ejercicio de mejora regulatoria incluyó identificar y derogar normas obsoletas, es decir, aquellas cuya aplicación es imposible a la luz de la realidad social, económica, cultural, política o tecnológica del país por cambios legales, reemplazos, desaparición de su objeto o cumplimiento de vigencias temporales.

También se centró en ajustar normas de alto impacto por los costos que generan, la gente que afectan, la frecuencia de su aplicación, el impacto sobre el mercado. Las intervenciones de mejora regulatoria, sumadas, llegan a 880. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo calculó que en barreras y mejora regulatoria el ahorro ascendió a 70 mil 386 millones de pesos.

Las acciones de digitalización de la oferta fueron relevantes para la estrategia durante la cuarentena, cuando los servicios no presenciales implementados hasta el momento permitieron a entidades que ya los tenían seguir atendiendo al público y, al mismo tiempo, comenzaron o se aceleraron los procesos en otras instituciones oficiales.