Más vale tarde que nunca

Los colombianos aún no tienen claro quiénes deberían estar en el Senado. O mejor, quiénes no deberían estar. Dos años y medio después de las elecciones a Congreso, el Consejo de Estado ha sido incapaz de pronunciarse sobre el supuesto fraude electoral que tuvo lugar en los comicios legislativos de marzo de 2002 y que habría permitido la llegada al poder de al menos 10 senadores que no merecerían su curul. Poco tiempo después de que se realizó la votación, la Comisión de Asuntos Electorales de la Procuraduría encontró que en todo el país jurados y funcionarios electorales habían manipulado cerca del 4 por ciento de los votos para favorecer a algunos de los candidatos al Senado. Por eso solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) examinar nuevamente los resultados de los comicios. Ante la petición del procurador general, Edgardo Maya, el CNE aceptó excluir del conteo varias mesas de votación de 11 departamentos y, el 18 de julio -dos días antes de que se posesionaron senadores y representantes- profirió la lista oficial de integrantes del Congreso de la República. Pero el Ministerio Público no quedó contento con la revisión del CNE. Para el Procurador era claro que los casos de suplantación, de jurados no designados y de tachaduras en actas electorales se presentaron en muchas más mesas que las que había excluido la máxima autoridad electoral. Por lo anterior, en agosto de 2002 la Procuraduría presentó ante el Consejo de Estado la petición de nulidad de la elección del Senado. Para sustentar la demanda, sus funcionarios recorrieron el país recogiendo copias de todos los formularios electorales. De más de 60.000 mesas investigadas, encontraron problemas de fraude en cerca de 20.000 en las que, entre otros delitos, había al menos 44.000 suplantaciones. Es decir, firmas y nombres de personas que no correspondían a sus cédulas. En octubre de 2003, la Procuraduría presentó la información recaudada al Consejo de Estado anexando todos los casos en los que los errores, tachaduras, borrones y enmiendas evidenciaban la manipulación electoral. El Consejo dio el caso al magistrado Reinaldo Chavarro el 3 de noviembre de 2003. Ahí ocho meses más tarde, lamentablemente aún sigue el expediente. Como si no bastara con que el país aún no sepa cuáles son los senadores legítimamente electos, el tiempo con que legalmente contaba Chavarro para proferir su providencia está por agotarse. El código contencioso administrativo advierte que los magistrados cuentan con un mes para registrar un proyecto de sentencia, luego de que el caso entre a su despacho. Y efectivamente así lo hizo Chavarro el 4 de diciembre del año pasado, cuando radicó un borrador de lo que sería su concepto final. Sin embargo, siete meses después aún no ha dictado su providencia. ¿Por qué si el magistrado tenía avances sobre su veredicto se ha demorado tanto en emitirlo? Chavarro defiende su retraso argumentando varias cosas. Primero, que a pesar del tiempo que ha invertido en el proceso, se encuentra ahogado entre el millón y medio de folios que soportan la demanda de fraude. Segundo, que ha requerido pruebas adicionales de la Registraduría Nacional. Pero las defensas de Chavarro son débiles. La Procuraduría hizo la misma revisión que hace el magistrado en un tiempo de cuatro meses. Además, las únicas pruebas que se necesitan en los casos de demanda electoral son los formularios que llenan los jurados de votación, y estos fueron entregados por la Procuraduría al Consejo de Estado hace 10 meses. Además una reforma constitucional realizada en julio de 2003 determinó que ante solicitudes de nulidad electoral, las decisiones de los magistrados deberán tomarse en un tiempo máximo de seis meses, y Chavarro lleva 12. "Existe un principio de favorabilidad de la ley que no se está cumpliendo. El Consejo de Estado está incurriendo en morosidad. Demandas que no comprometen tantos intereses se fallan más rápido", afirma Eduardo Padilla, presidente de la Asociación Nacional de Veedurías. Para la Procuraduría, la lentitud del Consejo de Estado no se puede justificar alegando que el cambio constitucional se dio cuando ya había empezado el proceso. Si se considera que las reformas a la ley tienen vigencia desde su aprobación, el magistrado ha debido tener fallo a más tardar el 3 de enero de este año. Pero él no lo cree así: "La reforma se hizo cuando ya habíamos adelantado trabajo y no podíamos cercenar lo que ya habíamos hecho". Pero los críticos de Chavarro van más allá de los argumentos legales. Creen que él ha recibido presiones políticas y no ha invertido el tiempo suficiente en el proceso. "Llevo seis meses sin vida. responde el magistrado al tiempo que insiste en que nadie lo ha presionado para demorar su providencia. Fui una semana a Madrid en representación del Consejo de Estado a un encuentro Internacional de Altas Jurisdicciones Administrativas. No pude excusarme de asistir porque el país no podía caer en tal indecencia". De todos modos ya no caben más disculpas. A estas alturas, con dos años de legislatura corridos, el Consejo de Estado tiene la obligación de pronunciarse en un asunto tan central a la legitimidad de la democracia. Sólo entonces, cuando se emita el fallo, los colombianos sabrán quiénes deben estar en el Congreso o, mejor, si hay algunos que no deben estar allí.