Segovia, 25 años luchando contra la impunidad

Este lunes 11 de noviembre, hace 25 años, se vivió una de las peores masacres del conflicto colombiano. En Segovia, un municipio al nordeste de Antioquia, fueron asesinadas medio centenar de personas como retaliación por el éxito político de la Unión Patriótica. 

Para 1988, Segovia era el mayor productor de oro en todo el país, con el 90 % de la producción nacional. Sus cerca de 20.000 habitantes sacaban la riqueza a manos llenas de las minas de su municipio y se las entregaban a las compañías norteamericanas, mientras ellos trabajaban en condiciones desfavorables. 

Esto y la sensación de ausencia del Estado colombiano, hizo posible que los grupos de izquierda tuvieran una buena acogida, como también sucedió en Remedios, un pueblo cercano a Segovia y también productor minero.

Inicialmente, los dos municipios acogieron al Partido Comunista y a las guerrillas aunque la colectividad con más fuerza electoral era la Liberal. Sin embargo, ese panorama cambió con el surgimiento de la Unión Patriótica.

El incipiente movimiento, resultado del proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, obtuvo gran aceptación en Segovia y en otros municipios del nordeste antioqueño. Así se evidenció en las primeras elecciones populares para las alcaldías de todo el país. Elkin de Jesús Martínez y Rita Ivonne Tobón, ambos militantes de la UP, fueron elegidos como alcaldes de Remedios y Segovia, respectivamente. 

Tobón había sido personera de Segovia en 1983 y desde ese cargo comenzó a sufrir en carne propia las amenazas que le impedían denunciar la corrupción. Pero su peor suplicio comenzaría cinco años después, cuando llegara a la Alcaldía del municipio. 

Eran los años más prósperos para la UP en esa zona del país. Tan sólo en Segovia, 9 de los 13 concejales pertenecían al movimiento político que había logrado el más importante de los cargos locales en el municipio. Mientras tanto, el Partido Liberal se negaba a perder sus puestos políticos, especialmente César Pérez García, máximo representante de la colectividad en el pueblo.

Comenzaron a circular en Segovia una serie de panfletos que amenazaban a sindicalistas y a los nuevos dirigentes de la UP. Los boletines estaban firmados por una colectividad que se hacía llamar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN). Incluso desde 1987, este grupo advirtió que ejecutaría una masacre. Era apenas un aviso de la cruenta matanza que se aproximaba. 

Antes de las 7 p.m. de ese viernes, irrumpieron varios camperos en el parque central de Segovia. Al pueblo se llegaba por una única vía que para entonces tenía tres retenes militares, los mismos que el grupo de 20 a 30 paramilitares superó sin problemas. 

Los hombres al mando de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’, habían sido enviados por Fidel Castaño y Henry de Jesús Pérez. Su propósito era vengarse de la derrota política que habían padecido los partidos tradicionales. 

“Como si a los asesinos no les importara quién cayera, como si no hubiera objetivo preciso, la banda de criminales fue recorriendo las calles del pueblo, disparando y lanzando granadas. Gritos, de terror unos, de dolor otros, fue la única respuesta de los habitantes, incluyendo a los agentes del puesto de Policía que, según todos los testimonios, no reaccionaron ni pronta ni efectivamente”, relató la Revista SEMANA un mes después de ocurrida la masacre. 

Al día siguiente de la matanza, los pobladores salieron a recoger los cuerpos de sus familiares, sus vecinos, sus conocidos. La masacre dejó 46 muertos y más de 60 heridos. 

“Las víctimas fatales como las lesionadas tenían diferentes adscripciones políticas, varias de ellas eran militantes de la Unión Patriótica, pero también de los partidos Liberal y Conservador, de las juntas cívicas y de las organizaciones sindicales y sociales de la época”, se explica en el sitio web que creó el Centro de Memoria Histórica para recordar la masacre en Segovia.

Las investigaciones iniciales apuntaban a que el político liberal César Pérez estaba implicado en la matanza pero sólo dos décadas después pudo comprobarse su participación. 

El 15 de mayo del 2013, la Corte Suprema de Justicia sindicó a Pérez como el autor intelectual de ese crimen de lesa humanidad y lo condenó por los delitos de homicidio múltiple agravado, lesiones personales agravadas y concierto para delinquir.

Según la Corte, Pérez se alió con Henry de Jesús Pérez, jefe paramilitar del Magdalena Medio, y Fidel Castaño para ejecutar el crimen, “dado el interés político del líder liberal de recuperar ese municipio que otrora había sido su fortín político”.

Además, se ha hablado de la responsabilidad por omisión de la Fuerza Pública. En 1988, SEMANA aseguró que “existen numerosos testimonios según los cuales, durante la hora y media de sangre y fuego, no se vio un uniformado en cuadras a la redonda. Y se sabe que ni el puesto de Policía ni el Batallón Bomboná, a poca distancia del lugar, fueron blanco del ataque”.

Incluso, en su relato a Verdad Abierta, la alcaldesa Rita Ivonne sostuvo que durante la matanza llamó en repetidas ocasiones a ese batallón para pedir ayuda pero que la respuesta fue: “no le vamos a pasar al comandante porque usted no tiene que molestar al comandante”. Todavía no ha sido condenado ningún miembro de la fuerza pública por este suceso. 

Es por eso que 25 años después, uno de los hechos más espeluznantes de la historia reciente del país sigue sin resolverse. Las víctimas claman por saber la verdad de lo que pasó y confían en que algún día se haga justicia sobre cada uno de los responsables.