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| 1/17/2000 12:00:00 AM

A medias

Aunque sacó adelante las leyes de vivienda y Orden Público, la ausencia de estrategia pone en evidencia la debilidad del gobierno en el Congreso.

A medias, Sección Nación, edición 920, Jan 17 2000 A medias
Una de las ventajas que tiene en teoría el gobierno en el Congreso, cuando todavía no empieza a sentir el sol a sus espaldas, es la de poder sacar adelante sin resistencia aquellos proyectos que más le convienen. Gracias a ello fue que en el primer período de la actual legislatura —que terminó en la madrugada del pasado viernes— el gobierno de Andrés Pastrana logró sacar adelante varias de sus iniciativas. Las más destacadas fueron la prórroga de la Ley 418 —que es el soporte jurídico del proceso de paz— y la nueva ley de vivienda, que reemplazará al Upac y favorecerá a 800.000 usuarios.

Otros proyectos importantes fueron el de la intervención económica —que facilita los acuerdos extrajudiciales entre las empresas en crisis y los bancos—, el fondo regional de pensiones —que le permitirá a los municipios y departamentos obtener recursos para aliviar su pasivo pensional, calculado en 64 billones de pesos— y las facultades extraordinarias para la modernización de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General.

Pero aunque el trofeo para el gobierno pudo ser más generoso los logros obtenidos en el Congreso no son de poca consideración, sobre todo si se tiene en cuenta que no posee una mayoría parlamentaria significativa y tampoco una coalición política sólida que le permita negociar los proyectos en condiciones favorables.

No obstante, lo que no logró sacar adelante en esta legislatura será cada vez más difícil de aprobar. Así como el gobierno logró la aprobación de proyectos fundamentales también dejó embolatar otros de gran valor, como el saneamiento fiscal, la regulación de transferencias y la reforma agraria. Los dos primeros están en la mira del Fondo Monetario Internacional —al lado de otros muy importantes como la flexibilización laboral— y por consiguiente son fundamentales para la aprobación del crédito de 2.700 millones de dólares; en el último de ellos está una de las claves del proceso de paz con las Farc.

El Congreso también sacó adelante la ley que tipifica como delito la desaparición forzada y desplazamiento masivo. Su aprobación fue uno de los hits de la legislatura, sobre todo si se tiene en cuenta que desde hacía 12 años el proyecto venía sufriendo continuos reveses en las cámaras. Además aprobó un proyecto que, aunque mojó poca prensa, será fundamental para los siete millones de habitantes de Bogotá. Se trata de la ley que modifica el sistema de liquidación de autoavalúos en la capital de la República y deja en libertad de declarar el valor real de los inmuebles. Curiosamente fue el único proyecto en el que estuvieron de acuerdo el alcalde Enrique Peñalosa y los ex alcaldes Jaime Castro y Juan Martín Caicedo Ferrer.

La controversia esta vez corrió por cuenta de las reformas a los códigos Penal y de Procedimiento. Mientras el primero pasó a sanción presidencial, pese a la dura oposición de los que, como la Fundación País Libre, lo califican de demasiado blando con los secuestradores, el segundo quedó pendiente para el primer semestre de 2000 ante las observaciones de las universidades y algunas entidades estudiosas de la aplicación de justicia.



Los retos

Tanto para el gobierno como para el Congreso lo más importante no fue lo que pasó sino lo que sigue en materia legislativa a partir del primero de enero. Ambas partes tendrán un año bastante agitado. Para el gobierno no será nada fácil influir en unos parlamentarios que en un año electoral van a pensar mucho más en cómo conseguir votos en sus regiones que en aprobarle proyectos al Ejecutivo.

Pero, sobre todo, el gobierno deberá hacerle frente a la muy segura unión del Partido Liberal, que buscará recuperar el liderazgo perdido en el Congreso. Para ello tendrá que diseñar una estrategia que le permita controlar los coqueteos de los liberales colaboracionistas, o lentejos, con su tradicional partido. De no hacerlo corre el riesgo de perder la frágil mayoría parlamentaria con la que cuenta en estos momentos.

El reto para los congresistas no será menor. Deberán avanzar mucho más en su labor de control político, actividad en la que dejaron mucho que desear. Aunque es cierto que los debates realizados a los ministros de Minas, Luis Carlos Valenzuela, y de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, tuvieron suficiente audiencia y despertaron duros cuestionamientos en un sector de la opinión, el balance final fue pobre. La falta de contundencia en las pruebas —y en algunos casos la falta de pruebas— dejaron en la opinión la sensación de que los ministros, más que indelicados o corruptos, como lo insinuaron los congresistas, eran perseguidos políticos.

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