A MEDIAS

Una de las ventajas que tiene en teoría el gobierno en el Congreso, cuando todavía no
empieza a sentir el sol a sus espaldas, es la de poder sacar adelante sin resistencia aquellos proyectos que
más le convienen. Gracias a ello fue que en el primer período de la actual legislatura _que terminó en la
madrugada del pasado viernes_ el gobierno de Andrés Pastrana logró sacar adelante varias de sus iniciativas.
Las más destacadas fueron la prórroga de la Ley 418 _que es el soporte jurídico del proceso de paz_ y la
nueva ley de vivienda, que reemplazará al Upac y favorecerá a 800.000 usuarios.Otros proyectos importantes
fueron el de la intervención económica _que facilita los acuerdos extrajudiciales entre las empresas en crisis y
los bancos_, el fondo regional de pensiones _que le permitirá a los municipios y departamentos obtener
recursos para aliviar su pasivo pensional, calculado en 64 billones de pesos_ y las facultades extraordinarias
para la modernización de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General.Pero aunque el trofeo para el
gobierno pudo ser más generoso los logros obtenidos en el Congreso no son de poca consideración, sobre
todo si se tiene en cuenta que no posee una mayoría parlamentaria significativa y tampoco una coalición
política sólida que le permita negociar los proyectos en condiciones favorables.No obstante, lo que no logró
sacar adelante en esta legislatura será cada vez más difícil de aprobar. Así como el gobierno logró la
aprobación de proyectos fundamentales también dejó embolatar otros de gran valor, como el saneamiento
fiscal, la regulación de transferencias y la reforma agraria. Los dos primeros están en la mira del Fondo
Monetario Internacional _al lado de otros muy importantes como la flexibilización laboral_ y por
consiguiente son fundamentales para la aprobación del crédito de 2.700 millones de dólares; en el último de
ellos está una de las claves del proceso de paz con las Farc.El Congreso también sacó adelante la ley
que tipifica como delito la desaparición forzada y desplazamiento masivo. Su aprobación fue uno de los
hits de la legislatura, sobre todo si se tiene en cuenta que desde hacía 12 años el proyecto venía sufriendo
continuos reveses en las cámaras. Además aprobó un proyecto que, aunque mojó poca prensa, será
fundamental para los siete millones de habitantes de Bogotá. Se trata de la ley que modifica el sistema
de liquidación de autoavalúos en la capital de la República y deja en libertad de declarar el valor real de los
inmuebles. Curiosamente fue el único proyecto en el que estuvieron de acuerdo el alcalde Enrique Peñalosa y
los ex alcaldes Jaime Castro y Juan Martín Caicedo Ferrer.La controversia esta vez corrió por cuenta de las
reformas a los códigos Penal y de Procedimiento. Mientras el primero pasó a sanción presidencial, pese a la
dura oposición de los que, como la Fundación País Libre, lo califican de demasiado blando con los
secuestradores, el segundo quedó pendiente para el primer semestre de 2000 ante las observaciones de
las universidades y algunas entidades estudiosas de la aplicación de justicia.
Los retos
Tanto para el gobierno como para el Congreso lo más importante no fue lo que pasó sino lo que sigue en
materia legislativa a partir del primero de enero. Ambas partes tendrán un año bastante agitado. Para el
gobierno no será nada fácil influir en unos parlamentarios que en un año electoral van a pensar mucho más en
cómo conseguir votos en sus regiones que en aprobarle proyectos al Ejecutivo.Pero, sobre todo, el gobierno
deberá hacerle frente a la muy segura unión del Partido Liberal, que buscará recuperar el liderazgo perdido en
el Congreso. Para ello tendrá que diseñar una estrategia que le permita controlar los coqueteos de los liberales
colaboracionistas, o lentejos, con su tradicional partido. De no hacerlo corre el riesgo de perder la frágil
mayoría parlamentaria con la que cuenta en estos momentos.El reto para los congresistas no será menor.
Deberán avanzar mucho más en su labor de control político, actividad en la que dejaron mucho que desear.
Aunque es cierto que los debates realizados a los ministros de Minas, Luis Carlos Valenzuela, y de
Hacienda, Juan Camilo Restrepo, tuvieron suficiente audiencia y despertaron duros cuestionamientos en un
sector de la opinión, el balance final fue pobre. La falta de contundencia en las pruebas _y en algunos casos
la falta de pruebas_ dejaron en la opinión la sensación de que los ministros, más que indelicados o
corruptos, como lo insinuaron los congresistas, eran perseguidos políticos.