Medio ambiente por votos

Una silenciosa estrategia electoral, cultivada con paciencia durante años por candidatos que esperan repetir curul, viene poniéndose en práctica para los comicios del próximo 14 de marzo. Durante los cuatro años del período que termina, los beneficiarios de esta maniobra han sido hábiles en el control de varias de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Estas entidades, que son la máxima autoridad en temas ambientales en cada departamento, se han vuelto muy apetecidas por varias razones. La primera es dinero. Mientras el Viceministerio del Medio Ambiente tiene un presupuesto de 140.000 millones de pesos para 2010, todas las CAR sumadas obtienen 10 veces este monto, es decir, cerca de un billón y medio de pesos, gracias a lo que recogen con la sobretasa ambiental que se cobra en el impuesto predial. La segunda es su autonomía, más cuando tienen que destinar el grueso de este dinero a inversión, lo que se traduce en contratos. Y la tercera es por el poder. Desde construir una carretera hasta explotar una mina deben tener el visto bueno de estas entidades.

Semejante combinación de dinero, autonomía y poder ha hecho que las CAR se conviertan en bocatto di cardinale para muchos políticos, y esta es precisamente la diferencia que hay con las cuotas que un político pueda tener en otra entidad pública. La figura clave en dichas entidades es el director. Aunque hay algunos procesos exitosos de meritocracia para designar este cargo, en la mayoría de las CAR al final lo que prima es el padrinazgo y los acuerdos, que le restan independencia al funcionario recién nombrado. Aquí es donde aparecen los políticos.

Por estos días hay inquietud por los eventuales réditos electorales que puedan tener los congresistas que tradicionalmente han acompañado a algunas Corporaciones (ver ilustración). Es el caso de Carsucre y Corpomojana, que durante años fueron cercanas a Álvaro el 'Gordo' García, senador de Colombia Democrática, recientemente condenado por paramilitarismo y cuya hermana Teresita hoy aspira a sucederlo en el Congreso por el partido PIN.

Otros familiares de políticos en líos también podrían beneficiarse de las gestiones que sus familiares hicieron en su momento por estas entidades. Tal es el caso de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), que funciona en Córdoba y que estuvo bajo el amparo del liberal Juan Manuel López Cabrales, hoy en La Picota. Su esposa, Arleth Casado, aspira a reemplazarlo. Algo similar sucede en Meta donde busca llegar al Capitolio Maritza Martínez por el partido de la U, esposa del ex congresista de Cambio Radical Luis Carlos Torres, también investigado por para-política.

Otros casos de políticos que tienen la carta de la Corporación jugando a su favor se encuentran en Corponor, en Norte de Santander, cuya cercanía con el congresista conservador Juan Manuel Corzo es tal que a la entidad coloquialmente la llaman 'Corzonor'. También preocupan los casos de la CAR para la defensa de la Meseta de Bucaramanga, dirigida por la esposa del congresista de Cambio Radical Bernabé Celis; la de Boyacá, donde es frecuente ver en sus actos sociales al senador Jorge Hernando Pedraza, o la de Atlántico, en la que el senador Arturo Char mantiene seguidores que ahora podrían respaldar a su padre, Fuad Char, que se lanza por Cambio Radical en reemplazo de su hijo.

Lo paradójico es que los políticos logren controlar a estas entidades aunque en sus consejos directivos se sientan al menos diez miembros que representan los más variados intereses. Participan allí el gobernador, un delegado del Presidente de la República, otro del Ministro de Medio Ambiente, cuatro alcaldes que se rotan cada año, uno de los gremios, y sendos representantes de las asociaciones de medio ambiente, las comunidades indígenas y las negritudes, según las características de cada lugar. A los congresistas les queda fácil ganar con cálculo y estrategia el pulso político entre los intereses nacionales y regionales.

Lo que hacen es negociar con el gobierno sus votos en la CAR, a cambio de apoyar los proyectos del Ejecutivo en el Congreso. Usualmente logran tener además un gobernador de la misma cuerda política, y a los alcaldes rotativos los convencen con facilidad, pues los abultados presupuestos y la discrecionalidad de las entidades les permiten dirigir partidas importantes para los municipios. "Cuando se elige director, la interferencia política del centro es grande. En repetidas ocasiones cambian el representante del Presidente y del Ministerio y llegan con instrucciones precisas. Ante una presión tan grande, cualquier candidato tiene que buscar padrinos en la región", explicó a SEMANA un directivo de estas corporaciones.

Por esta vía, varios políticos y sus movimientos han logrado mantener el control de las Corporaciones que les interesan. Diversas fuentes independientes confirmaron a SEMANA que al menos sobre tres de ellas tienen gran ascendencia políticos conservadores, al igual que los de Cambio Radical, en cuatro los liberales, dos más están bajo la tutela de la U y otras tres bajo el PIN, esto asumiendo el cambio de partido de los políticos que tienen influencia en ellas (ver mapa).

Las presiones para elegir los directores son tan grandes, que en ocasiones las entidades quedan en interinidad por largos períodos, mientras se logran acuerdos políticos para definir quién se queda. Hay situaciones extremas, como cuando hace unos años hubo amenazas y asesinatos aún no aclarados, al mismo tiempo que se cambiaba de director en la CAR del Atlántico.

Que un partido tenga influencia en estas entidades, en sí mismo no es algo negativo. El problema es lo que algunos políticos pueden hacer al aprovechar estas entidades. En el distrito de Aguablanca en Cali, varios dirigentes comunales coinciden en que el ofrecimiento de puestos en la CAR del Valle del Cauca (CVC), figura entre las dádivas más frecuentes con las que se buscan respaldos para estas elecciones. En el padrinazgo de esta Corporación está en primera línea el detenido congresista Juan Carlos Martínez, del fracasado partido ADN, que mutó al PIN. También es conocido el interés de los senadores Roy Barreras y Dilian Francisca Toro de la U, sobre la situación de la entidad. Otro caso es el de la CAR del Quindío, en la que según la denuncia que hizo un diputado a El Tiempo, los contratistas son utilizados para promocionar la campaña al Senado de Juan Camilo Londoño, hijo de la alcaldesa de Armenia. En la Costa se habla de "la reciprocidá" donde se exige a algunos funcionarios un mínimo de votos, a cambio de mantenerles sus contratos.

Presupuestos abultados y autonomía en la contratación hacen que muchos de los favores se canalicen a través de contratos de consultoría inoficiosos, obras con sobrecostos, y burocracia. Aún así, los directores más comprometidos con sus entidades logran con habilidad hacerle el quite a este tipo de presiones, como lo confirma uno de ellos: "Cuando los políticos me hablan sobre puestos, yo les mando los requisitos de los cargos y me dicen que si es que estoy buscando gente para la Nasa". Y son la mayoría de las CAR las que sortean la voracidad de los políticos.

Entre los aspirantes al Congreso mencionados anteriormente hay diversas posiciones sobre su papel en las CAR. Los que heredan la influencia de sus familiares aseguran que actúan con independencia de lo sucedido en otro momento, como dicen en la campaña de Teresita García: "De tener un respaldo, lo que hay es un sentimiento espontáneo de gratitud de la gente por 40 años de servicio a las comunidades que el día de las elecciones gratifica a los políticos". Por su parte, el congresista Celis comenta que la CAR que dirige su esposa "es más lo que desgasta que lo que aporta", porque según él la gente espera más de lo que puede ofrecer. Dice que obtiene su votación con o sin esa entidad, y argumenta que su esposa tiene idoneidad técnica para ocupar ese cargo.

Así mismo, la congresista Dilian Francisca Toro asegura que le interesa el bienestar de la CVC, reconoce que tiene muchos amigos en ella, pero dice que no influyó en sus nombramientos, y sostiene que igual no le ve problema que una persona sea recomendada, mientras cumpla con el perfil del cargo. SEMANA buscó a los otros congresistas citados, pero no fue posible contactarlos.

No es posible saber con exactitud cómo influye el padrinazgo de los políticos en estas entidades. Sin embargo, es muy diciente que algunas de ellas sean las que peor salen libradas en los indicadores de Transparencia por Colombia, donde por ejemplo Carsucre y Corpomojana aparecen entre las de mayor riesgo de corrupción.

La situación de estas CAR es tan crítica, que el presidente Álvaro Uribe buscó cerrarlas, pero a juzgar por los resultados, no tuvo el espacio político. Otra herramienta que puede dar pistas sobre lo que en realidad sucede es el ranking de desempeño elaborado por la Contraloría General. Allí el caso de Corpocesar resulta llamativo. El actual director lleva tres períodos, en total nueve años, tiempo durante el que siempre ha salido mal librado en las auditorías del ente de control. Aún así logra el respaldo político que lo mantiene en su cargo.

La existencia de estas Corporaciones es uno de los grandes logros para los defensores de la descentralización que trajo la Carta del 91. Pero es permanente la polémica sobre si su área de influencia debe definirse por la división política o si debería obedecer más a ecorregiones. También se discute si con el actual modelo de financiación de estas entidades, algunas corporaciones que atienden ecosistemas sensibles y grandes extensiones, como sucede con el Amazonas y la Orinoquia, son las que menos recursos pueden recibir, pues los prediales en estos sitios son muy bajos.

Pero la mayor preocupación es qué tanto sirven en la práctica estas valiosas entidades cuando han quedado atrapadas en redes políticas que sólo buscan el beneficio particular, como el que seguro algunos esperan obtener en las urnas en un par de semanas.