Mensaje de emergencia

Una buena manera de saber si los presidentes tienen o no agenda y poder para ponerla en marcha es observar la manera como los gobiernos sacan adelante sus iniciativas en el Congreso. Así es en el Congreso de Estados Unidos y así es en el Congreso de Colombia. Hasta ahora el balance de Andrés Pastrana en materia legislativa es pobre aunque sus éxitos en el Congreso tienen la virtud de que son producto del esfuerzo de un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria y que cuenta con una coalición aparentemente frágil.

Hasta el momento el Presidente no ha estado presente en debates con las bancadas sobre proyectos de interés del Ejecutivo. Y si bien no hay duda de que en la actualidad la agenda legislativa es más ambiciosa que en el pasado, lo cierto es que sin el apoyo del Presidente, en esta oportunidad el gobierno corre el riesgo de ver hundida buena parte de su plataforma en la última legislatura del milenio.

La lectura que se hace de la actual legislatura, a la cual le faltan 15 días para terminar, es variada y contradictoria. Para los funcionarios del gobierno y para los congresistas que los respaldan el vaso de agua está medio lleno. Pero para un sector de la opinión pública y para los parlamentarios de la oposición el vaso está medio vacío. Lo malo es que ambas situaciones son graves para el gobierno del presidente Pastrana.

En materia política, por ejemplo, el gobierno logró sacar la semana pasada uno de sus proyectos bandera, la prórroga a la ley 418 o de Orden Público, que sirve de sustento a todo el proceso de paz. Ello a pesar del oso que hicieron los altos funcionarios por las contradicciones en que incurrieron alrededor del texto de modificaciones. Pero el gobierno tiene todavía pendiente lo relacionado con las facultades extraordinarias al Presidente para llevar a cabo la reforma del Estado, la cual ya sufrió un duro revés en la Corte Constitucional. Aunque para el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, el proyecto saldrá adelante la próxima semana pues “el Congreso ha sido solidario con el gobierno en ese tema”.

Pero donde el gobierno deberá emplearse a fondo en las próximas dos semanas es en lo que tiene que ver con el llamado ajuste fiscal, que es la columna vertebral de los futuros aportes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la estabilización de la economía. Para algunos analistas este paquete está crudo y es bien difícil que el gobierno pueda presentar en Washington el 17 de diciembre —un día después de la clausura de las sesiones ordinarias del Congreso— una serie de reformas que le permitan a esa entidad autorizar los primeros desembolsos del tan ansiado crédito por 2.700 millones de dólares.

Algunos funcionarios son optimistas, sin embargo. Ellos consideran que para poder firmar con el FMI sólo se requiere la aprobación del presupuesto de 2000 —que ya fue aprobado— y la creación del fondo de pensiones territoriales, que ya hizo trámite en Cámara y la próxima semana irá a Senado. A manera de balance SEMANA presenta el estado actual de algunos de los más importantes proyectos que tramitó o que deberá aprobar el Congreso en los próximos 15 días.



Orden Público (Ley 418 de 1997)

La aprobación de la prórroga por otros tres años de la Ley 418 de 1997 la semana pasada por parte de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara fue celebrada a rabiar por el gobierno y cuestionada duramente por los opositores. Las actitudes de los funcionarios del gobierno terminaron por darles la razón a quienes sostienen que en materia de paz el gobierno carece de estrategia. El espectáculo de Víctor G. Ricardo firmando una proposición del senador Rodrigo Rivera en el sentido de reglamentar las futuras zonas de despeje, y del ministro Néstor Humberto Martínez descalificando la actitud del Alto Comisionado, dejó muy mal parado al Ejecutivo, que lo que buscaba era justamente lo contrario, es decir, demostrarles a los congresistas la existencia de una política unificada de paz.



La reforma del Congreso

El gran lunar de la actual legislatura. Luego de que el proyecto se hundiera en la plenaria del Senado, la sensación que quedó en la opinión pública es que ni el gobierno ni la gran mayoría de los parlamentarios hicieron la fuerza suficiente para sacar adelante la iniciativa. En el caso del gobierno habría que decir que estiró bastante el arco pero nunca se atrevió a disparar la flecha. La propuesta de Claudia Blum, Rodrigo Rivera y Luis Humberto Gómez, que establecía entre otras cosas la desaparición de los micos en las plenarias, la pérdida de investidura por ausencia durante seis sesiones de comisiones o plenarias y el fortalecimiento del régimen de inhabilidades, quedó aplazado para una nueva oportunidad. La razón del hundimiento del proyecto mostró el interés de los congresistas por autorreformarse: falta de quórum.



Saneamiento fiscal

Es el gran proyecto de reglamentación para el funcionamiento y recategorización de municipios y departamentos. Hace énfasis en los salarios de gobernadores, diputados, contralores, alcaldes y concejales para que se determinen de acuerdo con los ingresos de la región, imponiendo límites y topes de cuánto pueden gastar. Busca limitar el incentivo a endeudarse que existe hoy en día. De esta manera asegura que las entidades territoriales no inviertan más del ciento por ciento de sus ingresos en gastos corrientes. El proyecto pasó el primer debate en la comisión primera de la Cámara. Está pendiente su discusión en la plenaria y posteriormente su segundo debate en el Senado. Sin embargo todavía existe el riesgo de que este proyecto quede aplazado para el año entrante.



Facultades extraordinarias

Es uno de los ‘chicharrones’ que deberá afrontar el gobierno esta semana cuando el tema sea debatido por las comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Aunque tiene mensaje de urgencia por parte del gobierno, ello no garantiza su éxito en las comisiones. Para empezar, tiene un grave antecedente: el artículo 120 de la ley 489 de 1998, que le otorgaba facultades extraordinarias al Presidente para llevar a cabo la llamada reforma del Estado, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional el pasado 20 de septiembre por vicios de forma. La decisión del alto tribunal dejó en entredicho las reformas a la Contraloría General, Fiscalía y Procuraduría, entre otras. Su suerte todavía está por definir, puesto que las opiniones de los congresistas están divididas. El Congreso suele ser muy cauteloso en materia de facultades extras a los presidentes.



Reforma agraria

Este es otro proyecto que llegó la semana pasada a las comisiones de Senado y Cámara con mensaje de urgencia por parte del Presidente de la República. Y es otro de los que tambalean en el Congreso. La razón es muy simple: está ligado directamente con el proceso de paz. Y mientras la paz no tenga puerto seguro es bien difícil que el Congreso apruebe en 15 días la médula de todas las peticiones de la subversión. Los parlamentarios consideran que para la aprobación de dicho proyecto es necesario escuchar la voz de los campesinos. En otras palabras, los congresistas sostienen que el proyecto necesita pueblo, es decir, foros y visitas a muchos municipios. Conclusión: es bastante probable que el proyecto se aplace para el próximo año.



Financiación de vivienda

Es sin duda el proyecto del año. La decisión de la Corte Constitucional de abolir el Upac obligó al gobierno a tramitar de manera urgente un nuevo sistema de financiación de vivienda. De acuerdo con el proyecto, éste deberá estar regido por la inflación, por el crédito a largo plazo y además contempla la reliquidación de todas las deudas hipotecarias. Debido al limbo jurídico que produjo la decisión de la Corte Constitucional, y ante la avalancha de demandas contra la Nación por parte de los usuarios del antiguo sistema, el gobierno le dio mensaje de urgencia y aspira a que sea aprobado antes del 16 de diciembre. El proyecto ya pasó por la comisiones terceras de Senado y Cámara y sólo tiene pendiente la discusión y aprobación en las plenarias. Aunque el gobierno da por descontada su aprobación —pues la iniciativa ya fue concertada con los ponentes— hay quienes consideran que la demora en su trámite fue la gran responsable del atraso que se presentó en los demás proyectos.



Juegos de suerte y azar

Es otro de los proyectos aplazados para 2000. Con él se crea la Lotto Nacional, que tiene como propósito la destinación de mayores recursos para los departamentos y municipios precisamente en momentos en que las loterías departamentales están pasando por una aguda crisis económica.

El proyecto no sólo se ocupa de las loterías. Además se encarga de reglamentar todo lo relacionado con los juegos de suerte y azar, incluidos los llamados chances, rifas y apuestas. Aunque está listo para entrar a plenaria de Cámara varios funcionarios del gobierno creen que se requieren de sesiones extras para su aprobación.





Regulación de transferencias

Es otro de los proyectos controvertidos. Está dentro del calendario del FMI para ser aprobado el próximo año. La Constitución dice que las transferencias del gobierno a las entidades territoriales se determinan como un porcentaje de los ingresos de la Nación. La idea del gobierno es establecer un freno al crecimiento de los recursos que la Nación le entrega a las regiones. A partir de 2001 las transferencias no serán un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, como ha venido sucediendo, sino que su crecimiento dependerá de la inflación. Debido a que se trata de un proyecto bastante polémico, al que muchos parlamentarios no le quieren jalar porque tiene un costo político bastante alto, tanto el gobierno como los ponentes en el Congreso llegaron al acuerdo de discutirlo el año entrante.



Fondo Regional de Pensiones

Es uno de los que más llama la atención a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. El proyecto obliga a los municipios y departamentos a crear un fondo para las provisiones de los actuales y futuros pensionados. El gobierno considera que el pasivo pensional de las regiones —calculado en 64 billones de pesos— es demasiado alto y que por lo tanto es necesario reglamentarlo. El proyecto establece que dicho Fondo deberá sostenerse con los recursos de las privatizaciones, el fondo de regalías, aportes de la Nación y transferencias. El proyecto se encuentra bastante adelantado. Ya cumplió trámite en Cámara y pasa a la comisión tercera de Senado.



Intervención económica

Es uno de los proyectos económicos más importantes para el gobierno. De su aprobación depende la realización de acuerdos extrajudiciales entre los bancos y las empresas del sector real que se encuentran en crisis, pero que son viables económicamente, con el fin de reestructurar y refinanciar sus deudas. Además el proyecto permite que las entidades financieras capitalicen sus acreencias y la Dian pueda refinanciar sus deudas. Pese a que el gobierno le ha dado mensaje de urgencia todavía están pendientes sus debates en el Congreso de la República. El ejecutivo considera que para sacarlo adelante podría ser necesario convocar a sesiones extraordinarias en enero o febrero.