Mensaje equivocado

El sábado 21 de octubre, poco antes del medio día, la representante a la Cámara Zulema Jattin se disponía a salir de Montería con su papá, el ex parlamentario Francisco José Jattín. Ambos pretendían reunirse con algunos líderes de su movimiento para darles los últimos toques a la campaña por la gobernación, alcaldías, asambleas y concejos de Córdoba.

En ese momento recibió una llamada a su celular en la que un hombre que no se identificó le informó que era urgente que se reuniera con él porque querían mandarle un mensaje al gobierno. Inicialmente la representante se negó al ofrecimiento pero, ante la insistencia de su interlocutor, terminó por ceder. “El asunto es bastante delicado. Así que por favor no me vaya a fallar”, le dijo antes de acordar el sitio y la hora del encuentro.

Después de colgar el celular Zulema y su padre salieron a cumplir la cita a un lugar distante unos 20 kilómetros de Montería. A la mitad del camino fueron interceptados por varios hombres muy bien armados, quienes les cerraron la vía con 12 camperos. El jefe del grupo, un hombre atlético y de buenas maneras, se acercó a Zulema y le ofreció disculpas por la forma como habían procedido. “Perdone que le hubiéramos tenido que mentir pero queríamos evitar cualquier acto violento que pusiera en peligro su vida y la de los suyos”, le dijo a Jattin.

La representante liberal, aunque sorprendida con todo lo que estaba pasando, trató de manejar la situación. Así lo relató su padre, quien contó que le dijo al hombre que debía comprometerse a respetar la vida y la integridad de su hija. “No se preocupe, doctor Jattin, que está en buenas manos”.

Y dirigiéndose a Zulema el jefe del comando le dijo: “Tenemos información de que en el Congreso hay un proyecto, que será aprobado en enero o febrero del próximo año, según el cual quedarían en libertad todos los guerrilleros de las Farc y que el gobierno ya dio su consentimiento. Le queremos decir al gobierno que eso no lo vamos a permitir”.

“Eso no es cierto —respondió la representante—. Ningún proyecto ha sido aprobado y todos los que están en discusión consideran la liberación de los civiles secuestrados”. “Bueno, doctora, eso es algo que debemos discutir. Acompáñeme”. Estas fueron las últimas palabras que escuchó Francisco José Jattin antes de devolverse a Montería, afligido por el secuestro de su hija. Eran las 6:30 de la tarde.

Al día siguiente se conoció el secuestro de los parlamentarios Juan Manuel López Cabrales, Antonio Guerra de la Espriella, Aníbal Monterrosa, Luis Villegas y José Ignacio Zapata. El jueves el retenido fue el ex presidente del Senado Miguel Pinedo Vidal. Como todos los parlamentarios son de la zona donde opera Castaño se ha considerado que el secuestro es ‘amistoso’ y que no corre peligro la vida de los retenidos. Aun así la situación es incómoda para ellos porque no se sabe cuánto va a durar la ‘invitación’.

Y si la situación es compleja para los congresistas no lo es menos para el gobierno puesto que, además de ser objeto de un chantaje, el secuestro paralizó la actividad legislativa y llevó al aplazamiento de proyectos vitales para superar la crisis económica, tales como el nuevo régimen de pensiones y de transferencias. A ello se sumó el hecho de que todos los secuestrados pertenecen al Partido Liberal, cuya dirección política le ha pedido al presidente Andrés Pastrana que se ponga al frente de la situación para encontrarle una pronta solución.

A mediados de la semana pasada Carlos Castaño, jefe máximo de las autodefensas, llamó a la cadena radial RCN y en diálogo con su director de noticias, Juan Gossaín, reconoció que tenía en su poder a los parlamentarios y cuestionó el proceso de negociación con las Farc. Después de escucharlo fueron más las preguntas que las respuestas que quedaron en el ambiente. ¿Qué quiere Carlos Castaño? ¿Qué hay detrás del secuestro de los parlamentarios?



Actor político

Que Carlos Castaño secuestre a varios congresistas para tratar de obtener dividendos políticos es un hecho sin precedentes en el país. Hasta el momento el jefe de las autodefensas había declarado estar en la misma orilla del Establecimiento, aunque utiliza las armas y la violencia para combatir lo que él identifica como un enemigo común (ver entrevista). Por eso lo que más llamó la atención de su declaración es el hecho de haberse declarado en “rebelión contra el gobierno”.

Las pocas veces que miembros de los grupos paramilitares han actuado en contra de funcionarios del Estado ha sido por motivos personales o en defensa de intereses particulares, nunca como resultado de una política oficial de los grupos de autodefensas. Así sucedió hace algunos años cuando un narcotraficante del Meta, para evitar un allanamiento por parte del CTI, contrató los servicios de un grupo paramilitar para que atentara contra los funcionarios judiciales. La acción fue condenada por el propio Castaño, quien dijo que tomaría medidas contra las personas que estuvieron involucradas en los hechos.

Hace dos años Castaño secuestró a la senadora Piedad Córdoba en Medellín con el propósito de aclarar con ella su comportamiento en relación con algunos jefes del ELN detenidos en la cárcel de Itagüí. Al jefe de las autodefensas el secuestro le resultó políticamente muy costoso y a la postre debió liberar a Córdoba ante la indignación de la opinión pública, que cuestionó duramente su acción.

En esta ocasión no se trata ni de negocios particulares ni de cobro de cuentas a un parlamentario. Se trata de un secuestro masivo de congresistas para lograr mediante esta acción un reconocimiento político y, a la vez, tratar de alinear al Poder Legislativo en torno a un tema específico: la ley de canje, que se ha convertido para Castaño —al igual que para Manuel Marulanda— en una obsesión.

Pero paradójicamente, al retener parlamentarios se vale de las mismas armas que dice combatir. Es decir, utiliza el secuestro como chantaje para lograr sus propósitos políticos. Es claro que su aspiración es la de llegar a la mesa de negociación mediante estos actos intimidatorios.

El chantaje como instrumento para llegar a una mesa de negociación ha sido utilizado en Colombia por Pablo Escobar y por el ELN. El jefe del cartel de Medellín asesinaba, secuestraba y ponía bombas en la búsqueda de algo que él llamaba “diálogo”. El resultado de esa estrategia fue la eliminación de la extradición y la lujosa cárcel de La Catedral en Itagüí.

El ELN, frustrado ante la indiferencia del gobierno para darle un tratamiento comparable al de las Farc, decidió recurrir a las mismas técnicas. De ahí surgieron los secuestros del avión de Avianca, de la iglesia de La María en Cali y del kilómetro 18 en la vía al mar.

Ahora Castaño se vale del secuestro de personalidades. Habría que ver si esta modalidad le da validez a su pretensión de ser aceptado como un actor político, como ya es considerado por muchos colombianos. A pesar de las atrocidades que cometen los paras —quienes según estimaciones de la Defensoría del Pueblo fueron responsables de la muerte de 902 personas en masacres en 1999— sus motivaciones son principalmente políticas.

Esa circunstancia, y el hecho mismo del poder que ha acumulado en los últimos años, hace del jefe de las autodefensas un actor político del conflicto armado en Colombia. Otra cosa es que el gobierno, por ser objeto de un chantaje y por las implicaciones que ello tendría ante la comunidad internacional, prefiera evadir el asunto por ahora. Sin embargo son varios los analistas que sostienen que tarde o temprano será necesario entrar en una negociación con las autodefensas. De por sí las encuestas demuestran que el 75 por ciento de los colombianos están de acuerdo con esta posición.



La espada de Damocles

Estos actos, por cuestionables que sean, parecen estarle dando a Castaño resultados prácticos: logró poner sobre la mesa el tema de la negociación con las autodefensas y cuestionar el canje de los secuestrados con las Farc. La semana pasada se escucharon voces en el Congreso en el sentido de respaldar cuanto antes una negociación con estas organizaciones. El diario El Espectador sostuvo en su editorial del viernes que “cada vez se acerca más el momento de desparcelar el proceso de paz y de vincular a él a todos los actores, pues la guerra es una realidad integral que no admite ya exclusiones”.

De cualquier manera los que tienen la posición más incómoda son el gobierno y el Congreso. El primero porque cualquier tipo de acercamiento con Castaño le significaría, sin duda alguna, poner en la cuerda floja la negociación con las Farc. También podría enfriar el apoyo de varios países al Plan Colombia. Y el Congreso porque cualquier decisión que tome con respecto al canje de prisioneros podría ser interpretada por la opinión como resultado de los actos intimidatorios de Castaño aun cuando sea producto de decisiones autónomas. De ahora en adelante, en lo que tiene que ver con ese tema, deberán legislar con esa especie de espada de Damocles sobre sus cabezas.

Después de mantener a los congresistas secuestrados por dos semanas es difícil predecir hasta dónde presionará Castaño para lograr sus pretensiones. La base sobre la que puede llegar a una mesa de negociación sería precisamente el apoyo con que cuenta en algunos sectores de la población. Secuestrar parlamentarios podría resultarle, sin embargo, muy costoso. Y de seguir por ese camino podría volver imposible que se le pueda reconocer estatus político algún día.