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| 6/23/2007 12:00:00 AM

Mico al hombro

El Congreso trató de quitarse al Procurador de encima, con una ley que aprobó sin que nadie se diera cuenta. Una movida imposible en los tiempos de la para-política.

Mico al hombro El procurador Edgardo Maya, con la ley aprobada, tendría que suspender 95 investigaciones pendientes contra congresistas
El Congreso parece asesorado por sus enemigos. Al menos en lo que se refiere al manejo de su propia imagen. Después de haber concluido las sesiones con un balance favorable por el número y la importancia de las leyes aprobadas, se dedicó a borrar con el codo lo que había redactado con la mano durante 12 meses de trabajo. Todo por las maniobras truculentas de última hora para hundir una ley en favor de la población gay y por la aprobación de un 'mico' que le impide a la Procuraduría investigar a sus miembros.

Este último es un auténtico orangután, por su significado y porque dejó la sensación de que lo metían por la puerta de atrás, para que pasara camuflado. En una ley de poca trascendencia y nada controversial -el Código de Ética del Congresista- se estableció una medida que obliga a que las fallas disciplinarias de los senadores y representantes sean investigadas por la Comisión de Ética del propio Congreso y no por la Procuraduría.

No se entiende que haya congresistas que hubieran creído que una norma así se podía aprobar en estos momentos, justo en medio del proceso de la para-política. Hay más de una decena de congresistas en manos de la Corte Suprema y de la Fiscalía y existen versiones de que esa lista se alargará en los próximos meses. Sacar a la Procuraduría del proceso suena a cambio de juez en medio de la crisis. Y con retroactividad: se aplicaría a los procesos que están en curso. Una decisión de esta naturaleza suena a truco para hacerle el quite al escándalo.

La discusión de fondo no es absurda. Es, al menos, debatible. Algunos de los congresistas que votaron a favor del articulito creen de buena fe que la naturaleza de la Procuraduría tiene que ver exclusivamente con la vigilancia del poder Ejecutivo. Así como en materia penal tienen un fuero especial -los investiga y juzga la Corte Suprema-, en materias disciplinarias también podrían tenerlo. El Congreso, además, interviene en el proceso de elección del Procurador, y éste, a su vez, tiene que rendirles informes a las Cámaras legislativas. Que el Procurador no sea el encargado de castigar a quienes lo eligen no es irracional.

Pero lo anterior resulta abstracto y teórico, y propio de un país de ángeles. La Procuraduría tiene en la mira a 95 senadores y representantes. Veintitrés de ellos, por casos de para-política. Con la nueva norma, Edgardo Maya Villazón tendría que suspender las investigaciones y enviar las pruebas acumuladas a la Comisión de Ética. Con las nuevas reglas, además, los castigos máximos ya no serán de destitución, sino multas. Todo lo cual suavizaría el régimen. Y lo que se espera en estos momentos es todo lo contrario: que se les pongan dientes a los instrumentos de castigo. No por coincidencia, en los últimos meses se ha hecho todo tipo de propuestas para hacer más drásticas las penas para los congresistas contaminados por la para-política y para los partidos a los cuales pertenecen.

El 'mico' va contra la corriente y también contra la Constitución. La Constituyente en 1991 le dio a la Procuraduría instrumentos con los cuales ha sancionado a varios funcionarios elegidos por votación popular. En el célebre caso del senador Armando Pomárico -presidente del Senado- hubo destitución. Ex alcaldes como Bernardo Hoyos, en Barranquilla, y Apolinar Salcedo, en Cali, han corrido la misma suerte. Eso demuestra el enorme potencial dañino del 'mico': garantizaría que nada de esto volviera a ocurrir.

El presidente Álvaro Uribe ha anunciado que no firmará la ley. Incluso algunos congresistas, como los liberales Guillermo Rivera y Germán Varón, le han pedido el veto. Lo más probable es que eso ocurra. Pero el daño a la imagen del Legislativo queda intacto porque ese mico dejó ver el cobre.

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