Mico en el Tayrona

El Tayrona, uno de los grandes símbolos del Sistema de Parques Nacionales, una vez más está amenazado. Esta vez por un mico —y no precisamente en peligro de extinción— que se coló en el Proyecto de Ley No. 22 que establece el régimen político, administrativo y fiscal del distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta, al igual que de distritos similares en Cartagena y Barranquilla.

En el artículo 12 de dicho proyecto de ley, que ya fue aprobado por el Senado y que está previsto que se debata esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes, se establece que el manejo y administración de las zonas de parques naturales corresponden a las autoridades de orden distrital. El artículo 14 remata: “En las áreas de Parques Naturales ubicadas en jurisdicción de los distritos podrán desarrollarse actividades turísticas o portuarias, siempre que se garantice la conservación ecológica, se prevenga el deterioro ambiental, se proteja el ecosistema y se mantenga la biodiversidad e integridad del ambiente”.

Este par de artículos son inconstitucionales pues, como lo señala un documento del Ministerio del Medio Ambiente, se están otorgando a los distritos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta competencias que le corresponden al nivel nacional, es decir, al Ministerio del Medio Ambiente, que es el órgano rector del Sistema Nacional Ambiental.

Aunque en algunas grandes ciudades, como Bogotá, existen entidades encargadas del manejo del medio ambiente, éstas solamente operan en el área urbana mientras que las corporaciones autónomas regionales lo hacen en el área rural. De aprobarse esta ley los distritos entrarían a usurpar funciones que les corresponden a las corporaciones que operan en los departamentos de Magdalena (Corpamag), Atlántico y Bolívar (Cardique).

De llegarse a aprobar el proyecto de ley se desarticularía el manejo no sólo del Tayrona sino también de los parques Sierra Nevada de Santa Marta, Isla de Salamanca, Ciénaga Grande de Santa Marta y Corales del Rosario, una violación a los artículos 79 y 80 de la Carta Política.

El Ministerio considera que poner los parques bajo el mando de los distritos desarticula el Sistema de Parques Nacionales, cuya finalidad es proteger de manera integral ecosistemas vitales no sólo para la preservación de la biodiversidad sino también para garantizar la calidad de los principales sistemas de bosques y páramos que abastecen de agua al país.

En otro de sus apartes (artículo 29) el proyecto de ley establece que “el uso turístico primará sobre cualquier otra actividad que se pretenda adelantar sobre los mismos”, determinación que antepone los intereses del Distrito a los de la Nación.

El proyecto de ley no solamente ha sido objetado por el Ministerio del Medio Ambiente sino también por otras instancias del gobierno, que han encontrado inconveniente que estas tres ciudades terminen convirtiéndose prácticamente en repúblicas independientes. “Con el proyecto que se analiza se genera un mensaje de autonomismo y desintegración que afecta la totalidad del país”, señalaron los ministros del Interior, Hacienda, Desarrollo, Minas y Energía, Transporte, Defensa y Medio Ambiente en una carta conjunta que le enviaron a Basilio Villamizar Trujillo, presidente de la Cámara.

Como señaló a SEMANA Manuel Rodríguez, ex ministro del Medio Ambiente, “el objetivo de todo esto es urbanizar el Parque Tayrona y volverlo como El Rodadero. La clase política de Santa Marta siempre ha buscado por todos los medios urbanizarlo”. Pero también existe otro proyecto que la comunidad samaria insiste en realizar: un puerto para la exportación de carbón en Bahía Concha, la más cercana a Santa Marta de las cinco bahías del Tayrona.

No es la primera vez que se intenta cambiar mediante la ley el uso del Parque Tayrona. De hecho, como recuerda Rodríguez, la polémica que desató en 1973 una iniciativa del presidente Misael Pastrana Borrero para entregarle a la Corporación Nacional de Turismo las bahías del Parque Tayrona fue el primer paso en la formación de una conciencia en la opinión pública acerca de la importancia del medio ambiente. “Nacientes grupos de ecologistas, académicos, periodistas y también algunos líderes empresariales, constataron que era posible defender los recursos naturales frente a proyectos de desarrollo mal concebidos, así estuvieran en el interés de poderosos grupos económicos. El Tayrona se convirtió en símbolo de la conservación de los valores ecológicos. La ciudadanía ha reaccionado desde entonces en forma negativa ante proyectos considerados como atentatorios a la integridad de este patrimonio natural”, señala Rodríguez, quien recordó el caso de la propuesta de construir un puerto carbonífero en Bahía Concha en 1990, un proyecto que la dirigencia de Santa Marta defendió con gran entusiasmo y, como señala Rodríguez, “tenía también como telón de fondo la inocultable intención de abrir el territorio del parque a proyectos hoteleros y urbanísticos”. Después de un gran debate público el gobierno desechó esa alternativa.

El Tayrona es un parque que ya ha soportado demasiados embates, entre ellos ocupación ilegal y actos de violencia que segaron la vida de cinco funcionarios del Inderena y del Ministerio del Medio Ambiente. La Cámara de Representantes tiene en sus manos la defensa de un patrimonio público de los colombianos que sigue en la mira de intereses privados.