MIDIENDO FUERZAS

"Empezó Cristo a padecer", dicen los paisas cuando se les presenta un problema.
Como buen paisa, el presidente Betancur tiene que haber repetido esa frase varias veces en los últimos días.
Porque la agitación laboral que sacude al pais, como consecuencia del vencimiento y renegociación de un importante número de convenciones de I trabajo y de las medidas adoptadas en torno a los salarios de un amplio sector de servidores estatales, constituye un problema que amenaza, incluso, con socavar la inmensa popularidad que hasta ahora ha tenido el presidente.
Según informes del Ministerio de Trabajo, en los primeros tres meses del presente año se vencen un total de 158 convenciones colectivas. De ellas, 112 pertenecen al sector manufacturero, 18 al de servicios (incluyendo a Telecom), 14 al sector agrario, 8 al de transportes (Colpuertos entre ellas) y 6 al de minas, canteras y explotacion de petróleo (con Ecopetrol a bordo).
Entre las más importantes están, sin duda, las de Colpuertos y Ecopetrol, que son, precisamente, las que mas inquietud han despertado en la última semana. Ello se debe a que en los sectores de puertos y petróleos el movimiento sindical se encuentra bastante consolidado, agrupa una alta proporción de sus trabajadores y tiene una larga experiencia en las luchas laborales (además de la importancia misma, para la economía del país, de los correspondientes sectores).
El sector petrolero se caracteriza, en efecto, por la existerlcia de un sindicato (USO) que reune los trabajadores de Ecopetrol y sus empresas filiales, las que a su vez, responden por más del 50 por ciento de la producción nacional. La USO (Unión Sindical Obrera), reune cerca de 7.700 trabajadores del petróleo y se ha caracterizado por ser una de las organizaciones sindicales más combativas del país. Su experiencia se remonta al año 1948, cuando los obreros se lanzan a la huelga para evitar la prolongación de la concesión que tenia la Tropical Oil Company, hecho que está en el origen de la Empresa Colombiana de Petroleos (Ecopetrol).
LOS OBREROS DE CUELLO BLANCO
Se ha vuelto tradicional el hecho de que cuando comienzan las negociaciones entre la USO y Ecopetrol, se le recuerde al país la condición privilegiada, desde el punto de vista de sus ingresos, de los trabajadores del petróleo. Estos tienen, en efecto, remuneraciones que superan ampliamente a la de la mayoría de los asalariados del país. Algunos expertos consultados sostienen, sin embargo, que tal situación no tiene nada de anormal, sino que responde a la regla de que los trabajadores que más producen sean los que ganen más. Y las cifras demuestran que el valor agregado por trabajador en la industria petrolera es sustancialmente superior al de todas las otras actividades manufactureras. Inclusive, agregan los expertos, mientras en el promedio de la industria la remuneración al trabajo participa con un 15 por ciento del valor total de la producción, en el sector petrolero apenas lo hace con un 5 por ciento.
Hasta el momento las negociaciones, que se hallan en su etapa de arreglo directo, se han desenvuelto en un clima de mutuas recriminaciones y acusaciones (la empresa acusa a los trabajadores de sabotaje en sus oleoductos y ellos se defienden acusándola de difamación y uso indebido de los medios de comunicación para tratar de desprestigiarlos). Representantes de la empresa manifestaron a SEMANA, sin embargo, que a ellos lo que les interesa es negociar responsablemente para que en el futuro no le suceda a Ecopetrol lo que a otras entidades estatales, como los ferrocarriles, pues ellos son conscientes de la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.
EL CIERRE DE LOS PUERTOS
En puertos, cuya importancia económica nadie desconoce, la situación se ha complicado porque además de la negociación de un nuevo pliego los trabajadores realizaron un paro de 24 horas el día 18 de enero. El paro fue declarado ilegal, lo que permitió la expulsión de 18 trabajadores sindicalizados.
La destitución fue rechazada por Fedepuertos, y el 19 se anunciaba la convocatoria de asambleas extraordinarias para fijar la fecha de un paro indefinido, hasta cuando se garantizara el reintegro de los despedidos. Sin embargo, al día siguiente, el jueves 20, los dirigentes sindicales de los trabajadores portuarios resolvieron dejar en manos del presidente la solución de la crisis. Solicitaban para reiniciar el diálogo sobre el pliego de peticiones no sólo la desmilitarización de los terminales, sino también la mediación ante Betancur del presidente de la Comisión de Paz, Otto Morales Benítez.
Al terminar la semana, la tensión había cedido un poco, pero se anunciaba la reunión de varias de las directivas sindicales de los sectores en conflicto, para definir conjuntamente los pasos a seguir, dentro de los cuales no se descartaba la posibilidad de declarar un paro indefinido.
PUERTAS ADENTRO
Pero además de los problemas relacionados con la negociación de nuevos convenios de trabajo, el gobierno enfrenta serias dificultades en su propia casa, por la negativa de los trabajadores al servicio del Estado a aceptar los aumentos salariales decretados por el gobierno (entre un 17 y un 25 por ciento). Los servidores estatales, agrupados en organismos sindicales de segundo orden como Fenaltrase, Fenasintrap y Utradec, no sólo rechazaron el alza sino que presentaron un pliego petitorio que incluye un incremento del 26 por ciento para cerca del 80 por ciento de los trabajadores, aparte de la generalización de las primas de antiguedad y la amnistia sindical para aquellos que hubieren sido despedidos por su actividad sindical .
En forma similar reaccionaron los maestros agrupados en la Fecode (Federación Colombiana de Eaucadores) al recibir el anuncio de que sus ingresos sólo serían ajustados entre un 21 y un 23 por ciento.
Los decretos del gobierno responden a su política de buscar incrementos salariales inferlores a la tasa de inflación, con el fin de romper las expectativas sobre crecimiento de precios para el año que comienza. Al respecto manifestó el Ministro de Trabajo, Jaime Pinzón López, que "el gobierno aspira a que exista sentido común y orden en la discusión de las convenciones colectivas del sector privado y de las entidades del Estado sujetas a este régimen, en el semestre que se inicia, dentro de las posibilidades de las empresas, con respeto por los derechos adquiridos por los trabajadores, siempre con el criterio de llevar la productividad, frenar la carrera inflacionaria y concretar las metas de una sociedad más próspera".
PRECIOS Y SALARIOS
La recomendación sobre la forma como deben manejarse las convenciones del sector privado y la sugerencia de que se ajusten a los límites fijados por el gobierno para sus propios empleados (elementos que, sin lugar a dudas, incrementarán el conflicto implicito en toda negociación laboral) forman parte de una política más amplia diseñada por el gobierno para tratar de contener la inflación y que los expertos dan en llamar "política de precios y salarios". Ella consiste en buscar un acuerdo colectivo, que incluya a empresarios y trabajadores, para que si estos últimos se comprometen a disminuir sus presiones por incrementos salariales, los primeros se comprometan a contener el alza de precios de los bienes que producen.
La meta de esta política, de cuya bondad nadie duda, parece, sin embargo, difícil de lograr en las actuales circunstancias de la economía colombiana, según las observaciones hechas en las últimas semanas por un considerable grupo de especialistas.
Una de las razones expuestas es la de que las políticas de precios y salarios sólo han funcionado (y no siempre) en economías industriales en las cuales los precios de los productos manufacturados (que son relativamente fáciles de controlar) priman sobre los precios de todos los demás bienes, y en que los salarios constituyen uno de los principales costos en la producción de tales bienes. En esas condiciones, cuando los trabajadores reducen sus presiones salariales, los empresarios pueden comprometerse a no elevar precios, sin que se vean afectadas sus ganancias. Y por ser estos productos los que dominan el mercado, el nivel general de precios tiende a estabilizarse.
¿QUIEN PAGA EL PATO?
En Colombia la situación es bien diferente. Desde hace más de una década la inflación ha sido jalonada por el grupo de alimentos, dentro de los cuales la mayor variación de precios la sufren los procedentes de la agricultura tradicional, que son bien difíciles de controlar. Pero, además, los salarios constituyen un componente relativamente menor del costo de los productos manufacturados, mucho menos importante que el de las materias primas agrícolas, los insumos importados y los recursos energéticos por ejemplo. De allí que, para los analistas, sea difícil esperar resultados positivos de una política de precios y salarios en nuestro país. Si se controlan salarios, pero alimentos y materias primas se siguen encareciendo, es claro quien es el que paga el pato.
Sin contar con un factor adicional, que es requisito indispensable para el éxito de dicha política: la concertación. Una negociación efectiva de precios y salarios requiere la participación de empresarios y trabajadores con elevada representatividad y poder de contratación. De no ser así, es imposible pensar en un pacto social que permita, efectivamente, romper las expectativas inflacionarias y reducir el nivel general de precios. Y en Colombia, según los expertos, no existe tal cohesión. A la hora de negociar, cada cual vela por sus intereses.
MANTENER EL PODER DE COMPRA
No es gratuito, entonces, en opinión de los analistas, que el sector sindical que a pesar de su dispersión tiene cada vez mayor comprensión de los efectos globales de las políticas económicas, haya rechazado las propuestas del gobierno .
La prueba de fuego, indudablemente, fue la negociación del salario minimo. El gobierno insistía en que aquel no debería incrementarse en más de un 20 por ciento, si quería lograrse una meta similar de crecimiento en los precios en el año que comienza. Los trabajadores, representados en las cuatro centrales, se opusieron a la propuesta y lograron un alza del 25 por ciento, similar al índice de inflación del año 82. Con ello, insistieron, se lograba simplemente mantener el poder de compra de los salarios.
El gobierno, sin embargo, insiste en su política de control salarial. Los aumentos decretados para los servidores estatales así lo demuestran.
Para la mayoría de ellos el ajuste es inferior a la inflación, lo que explica el grado de agitación que se vive en dicho sector, pues los empleados públicos fueron quiza los únicos que durante la segunda mitad de la década del 70 vieron decrecer, en forma considerable, sus ingresos reales. Para los demás asalariados se incrementaron un poco en ese período, aunque sin alcanzar los niveles que tenían en 1970. Y llegar a ese nivel parece ser su meta.
Es, pues, en este marco, donde comienza la discusión de más de 150 convenciones colectivas de trabajo y, si el gobierno mantiene su posición puede afirmarse sin temor que la agitación apenas empieza. -
"POR TUS ACTOS SERAS JUZGADO"
En un país como Colombia en donde los presidentes tienen, por regla general en su hoja de vida, ministerios de Gobierno y una que otra embajada en Washington, la elección del año pasado significa un vuelco indudable: por primera vez en la historia colombiana ascendió a la presidencia un candidato que no había ocupado la embajada colombiana en el país del norte y mucho menos el ministerio de Gobierno.Su paso por gabinetes pasados se había reducido a la cartera del Trabajo.
Así, Belisario Betancur se convierte en el primer ex ministro de Trabajo que llega a la Presidencia. Un hecho que si bien ha pasado desapercibido por muchos, hoy parece cobrar importancia ante la serie de dificultades que desde hace unos días le ha tocado enfrentar
No es exagerado afirmar que si hubo un periodo conflictivo y accidentado en materia laboral, fue ese año escaso en que el futuro mandatario se desempenó como ministro de Trabajo en la adminsitración de Guillermo León Valencia. Estos son algunos de los aspectos más sobresalientes de su gestión:
Ley 1 a de 1963
Con motivo de las devaluaciones "cantadas", siendo Ministro de Hacienda Carlos Sanz de Santamaría, se produjeron en Colombia una serie de grandes trastornos económicos; el costo de la vida alcanzó una cifra inverosímil para ese entonces: 27%.
Se creó entonces lo que se llamó la "gran comisión" integrada por todos los sectores representativos del país. Esta recomendó un aumento de salario del 20%.
Sería la primera vez en la historia del país en que se haría un aumento por ley.
Belisario, en calidad de ministro de Trabajo fue el encargado de presentar el proyecto ante el Congreso. Simultáneamente se presentó la "prima móvil", según la cual, se indexaban los salarios al costo de la vida. Se trataba en realidad de los antecedentes de lo que hoy se llama la upaquizacion. Sin embargo, la "prima móvil" tuvo que ser desmontada rápidamente ante el deterioro de la situación económica. Belisario fue objeto de severas críticas y enormes elogios por esta serie de medidas Aunque en realidad se podria argumentar que él no fue más allá de su función de agente en cumplimiento de las decisiones de la gran comisión, durante su campana explotó ampliamente su historial como único ministro de Trabajo que ha decretado el alza de salarios indexándolos con el costo de vida.
Tubos Moore:
Luego de cinco meses de una huelga iniciada en septiembre de 1962, los dueños de Ladrillos Moore, alegando una supuesta quiebra y la imposibilidad para cumplir la convención colectiva, se presentaron ante el ministerio de Trabajo para cerrar la empresa. Ante este hecho, los trabajadores propusieron hacerse cargo de las deudas y de la administración de la empresa. Con el visto bueno de Belisario, se produjo la toma de la fábrica.
Así se instauró, por primera vez en la historia de Colombia, un curioso sistema de autogestión obrera que dió los mejores resultados. A los siete meses del experimento, la productividad de la fábrica había alcanzado tales niveles que los mismos propietarios que habian considerado la posibilidad de cerrarla, se sometieron a las condiciones para obtener su restitución. Como era de esperarse, la medida suscitó clamor en el ámbito de los trabajadores y escalofrio entre los patronos.
Betancur, obviamente, fue acusado de demagogia y papulismo, aunque en realidad estaba aplicando la ley.
Santa Bárbara.
El caso más famoso fue el de la huelga de los trabajadores de una fábrica de cemento en el municipio de Santa Bárbara, en Antioquia. Se había presentado un conflicto entre los trabajadores de la fábrica de cementos. Unos obreros se declararon en huelga y otros decidieron seguir trabajando. Los primeros impidieron la entrada a los segundos a la fábrica y ante esta situación, el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martinez, decidió intervenir, mandando la fuerza pública.
Hubo un enfrentamiento y cayeron muertos algunos obreros. Belisario, apenas se enteró de lo ocurrido cogió un avión y se presentó en Santa Bárbara donde presentó las condolencias del Gobierno ante los trabajadores. Al otro día regresó al Congreso a informar sobre lo ocurrido.
Aunque posteriormente este hecho se ha explotado políticamente, en realidad el ministro de Trabajo nada tuvo que ver con la decisión de mandar la fuerza pública.
LAS DOS CARAS DE LA MONEDA
Para analizar la situación de Colpuertos, SEMANA consultó representantes de los sectores en conflicto. Por Fedepuertos habló Peciro Julio Cano, Vicepresidente de la C.T.C., central a la cual esta afiliado este sindicato y por Colpuertos, el capitán Sánchez, asistente de la Gerencia.
SEMANA.Es cierto que en Puertos de Colombia existen sueldos de más de 300 mil pesos para los wincheros y que, además, Colpuertos cobra las tarifas más bajas?
SINDICATO: En Puertos de Colombia existen salarios promedios de 10 mil pesos hacia arriba y es cierto que estos trabajadores a destajo, wincheros, reciben en muchas ocasiones salarios elevados.
Pero es una situación normal que se da en todos los puertos del mundo. Por otra parte, las tarifas que cobra Colpuertos son de las más bajas del mundo, debido a que el CUTMA, que es la Asociación de Usuarios, está dentro de la Junta Directiva de Pucrtos. Además, las tarifas están congeladas desde el año 79.
EMPRESA: Los trabajadores de Puertos de Colombia, a nivel de braceros y wincheros, tienen unos salarios incomparables, que cualquier profesional colombiano envidiaria. En cuanto a las tarifas, éstas no se pueden subir para atender las desmedidas pretensiones del sindicato.
Estas las fija el Gobierno Nacional y obedecen a convenios internacionales.
Por otro lado los del CUTMA, sí hacen parte de la Junta Directiva, pero la composición de ésta (ministro de Obras Públicas, un delegado del presidente de la República, un delegado de la Dirección General de Aduanas, un representante de las Empresas Navieras Nacionales, uno de los Industriales y uno de los usuarios, CUTMA), no permite afirmar que sean ellos quienes arbitrariamente fijan las tarifas.
SEMANA: ¿La paralización de actividades del 17 de enero se debió a un acto de presión para agilizar la negociación que comenzaba ese día, o cuál fue el motivo? SINDICATO: En ningún momento fue por la negociación de pliego, sino por incumplimiento de lo pactado, ya que Puertos adeuda más de 30 millones al Fondo Social de la Empresa, los cuales se reparten en auxilios de vivienda, becas, útiles escolares. Además desde hace 8 meses, los turnos de vacaciones se retienen, lo que lleva a una pérdida en el disfrute, porque de acuerdo con el Código Sustantivo, tres años acumulados hacen perder este derecho. Así mismo no han pagado primas de antiguedad ni subsidio familiar Consideramos estó como un chantaje a fin de desacreditarnos ante la opinión pública, ya que ellos premeditadamente vienen incumpliendo, para obligarnos a este tipo de acciones.
EMPRESA: Es cierto, ha habido retrasos en algunos pagos pero es que Puertos de Colombia está muy mal. El 98% de sus ingresos se destinan a gastos de personal, lo cual es totalmente absurdo. De acuerdo con el presupuesto de este año, los ingresos de Puertos serán del orden de los 16 mil millones y el pliego que presentan los sindicatos vale unos 15 mil millones. Nosotros consideramos que el paro era una presión para demostrar su fuerza y como tal era ilegal desde todo punto de vista. El ministerio del Trabajo nos dio la razón y lo declaró ilegal.
SEMANA: Insistentemente se comenta que los puertos están abandonados. ¿Por qué?
SINDICATO: Los puertos, como patrimonio de todos los colombianos, deben ser cuidados y el estado del puerto de Barranquilla en Bocas de Ceniza es más que lamentable; los tajamares están totalmente destruidos y la empresa no hace nada para arreglarlos. Uno de los puntos principales de nuestro cese de actividades fue también éste.
EMPRESA: Los ingresos de Colpuertos no alcanzan para la inversión y por eso los puertos están cada vez más deteriorados. Pero esta situación no la entienden los sindicatos que, día a día, piden más y más.
En el presupuesto para el año 83 ya se tiene un rubro para el arreglo de Bocas de Ceniza, que es el más deteriorado y por esto el que absorbe la mayor parte de lo destinado para arreglos.