política

Miércoles, día clave para definir futuro de artículo que censura a la prensa

En las últimas horas ha tomado fuerza la idea de eliminar el polémico artículo que establece duros castigos para quienes injurien y calumnien a funcionarios públicos, apodado como ‘Ley mordaza’. Conciliadores ya se encuentran definiendo el texto final.


El controversial artículo que establece penas de cárcel, altas multas económicas y cierre de organizaciones para quienes incurran en injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos se juega horas cruciales.

Según conoció SEMANA, en la mañana de este lunes aterrizaron en Bogotá los conciliadores del proyecto, el senador Carlos Abraham Jiménez y el representante César Lorduy, con una sola idea en mente: definir la conciliación del estatuto anticorrupción, que contiene este polémico artículo.

En la conciliación, que es el último paso antes de pasar el proyecto a sanción presidencial, los ponentes del proyecto en cada corporación se reúnen para decidir qué artículos de lo aprobado en cada una de las cámaras van a quedar en el texto final.

Inicialmente, el artículo aprobado en la Cámara indicaba que quienes cometieran injuria y calumnia contra un funcionario público y pertenecieran a una organización comunal se exponían a que su organización perdiera la personería jurídica, lo que ya de por sí generaba preocupación en varios sectores.

Pero el texto aprobado en Senado es aún más perjudicial, pues no solo contempla castigar con pérdida de personería jurídica sino cárcel por hasta diez años y millonarias multas económicas a quienes incurran en estas conductas contra funcionarios públicos.

Como lo texto que salieron de cada cámara son diferentes, se debe recurrir a la conciliación, para definir cómo va a quedar el proyecto final.

La idea de los congresistas Lorduy y Jiménez, según conoció este medio, es definir el texto entre hoy y mañana, para que sea anunciado en las plenarias este martes y pueda ser discutido finalmente por ambas corporaciones este miércoles.

Por ahora, la idea que ha venido tomando fuerza, de acuerdo con lo que se ha conocido de las conversaciones que han sostenido los dos conciliadores en las últimas horas, es que se elimine la totalidad del artículo.

Hasta el momento hay consenso en esa posición, sin embargo, las diferencias que han surgido son de tipo jurídico. Mientras Lorduy se mantiene “inamovible” en que la norma permite excluir ambos artículos, el de Senado y el de Cámara, Jiménez considera que el reglamento del Congreso los obliga a escoger uno de los dos artículos.

En caso de que no haya acuerdo, la conciliación no podrá ser presentada, pues debe llevar las firmas tanto del conciliador del Senado como el de la Cámara. Una posible discrepancia podría llevar a que el texto no se pueda presentar en los próximos días y la discusión quedaría para marzo del próximo año, pues el Congreso sale a vacaciones este 16 de diciembre.

Sin embargo, en este caso entraría la presión del Gobierno, que ha expresado su oposición a este polémico artículo, pero está a favor de que se apruebe con celeridad el resto del proyecto, pues resulta clave para combatir la corrupción.

El otro camino que queda, si el Congreso decide finalmente aprobar el artículo controversial, es el de la objeción presidencial, que básicamente es una figura en la que el jefe de Estado, una vez aprobado el proyecto, devuelve al Congreso la iniciativa para que le retire los artículos que considere inconvenientes.

El asunto es que, para que haya objeción, previamente el proyecto se tuvo que haber aprobado en su totalidad y haber llegado a la Presidencia, para lo cual se debe dar la conciliación.

Otros puntos

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Más allá de este polémico artículo, el denominado estatuto anticorrupción, una iniciativa construida entre 25 entidades del Estado, establece duras sanciones económicas tanto a las empresas como a las personas que atenten contra el patrimonio público.

La iniciativa contempla atacar los bienes de los corruptos, la responsabilidad administrativa de las empresas, agilizar la extinción de dominio y castigar a quienes afectan el patrimonio del Estado.

Para las empresas involucradas en corrupción se establecen, por ejemplo, multas de hasta 200 mil salarios mínimos mensuales vigentes. Inhabilidad para contratar con el Estado, publicación en medios de comunicación de la sanción impuesta, prohibición de recibir subsidios del Estado diez años y destitución de administradores y otros directivos.

Uno de los puntos más polémicos es el que convierte en responsables fiscales a quienes dañen el patrimonio del Estado; es decir, quienes rompan una estación de TransMilenio, por ejemplo, tendrán que pagar no solo con su libertad, sino con su propio dinero.

En esta discusión, el polémico artículo 68 podría caerse, idea que ha tomado fuerza en las últimas horas, pero también podría resultar aún más controversial. ¿Por qué?