Los 36 muertos que han dejado las minas ilegales

En menos de una semana, el país vivió horrorizado las imágenes de dos tragedias en regiones distantes, pero con muchas similitudes: ocurrieron en minas de oro ubicadas en veredas llamadas San Antonio y causaron muertes masivas.

Hasta el cierre de esta edición, los socorristas aún no hallaban los cuerpos de 20 personas que posiblemente quedaron atrapadas bajo 80 toneladas de lodo y piedra derrumbadas la noche del miércoles 30 de abril, en una mina ilegal de oro de Santander de Quilichao, un pequeño pueblo del norte del Cauca. Esa noche solo recuperaron los cadáveres de tres mineros y otros cinco salieron con heridas, pero con vida.

Seis días atrás, los paisas atravesaron por una tragedia similar. La explosión en otra mina de oro causó la muerte de cuatro personas y la intoxicación de otras 90 por inhalación un gas venenoso. Esa emergencia ocurrió en Buriticá, Antioquia, y las versiones sobre lo que realmente pasó aún son confusas.

Lo que no tiene discusión es que la minería en Colombia está de luto y, aunque parezca increíble, las emergencias y muertes alrededor de esa actividad se volvieron tan comunes y frecuentes que solo este año ya van 36 muertos; 23 de ellos sucedieron en minas ilícitas, que en su mayoría son controladas por grupos armados ilegales.

Más sorprendente es que en la última década se cuentan 844 muertos, 444 heridos y el 38 % de esas fatalidades se dieron por derrumbes, según cifras que maneja la Unidad de Salvamento y Seguridad de la Agencia Nacional Minera.

Todo indica que la explicación a semejantes estadísticas gira en torno a un problema que, si bien no es nuevo para los colombianos, gana terreno pese a las acciones de las autoridades: la minería ilegal.

Ese flagelo amenaza no solo a la 'locomotora minera' sino la seguridad de varias regiones del país. No existe informe oficial que no haga referencia a los esfuerzos que emprenden para mitigar el impacto de dicha actividad que, muchas veces, se manifiesta no solo en tragedias como las más recientes, sino con muertes selectivas, desplazamientos, prostitución y trabajo infantil.

Por ejemplo, la Fiscalía afirma que en esa entidad se adelantan 6.000 procesos por minería ilegal en toda Colombia y que el fenómeno afecta a 22 departamentos. Algo similar asegura la Policía: en los últimos cuatro años capturó a 5.500 personas, intervino 1.100 minas ilícitas y el problema afecta a 307 municipios.

Mientras tanto, la Contraloría advirtió el fracaso del programa de legalización en un informe de 2013, ya que entre el 2002 y el 2010 solo se legalizaron 158 minas. Lo paradójico es que otro estudio de la Universidad Nacional reveló que en ese mismo periodo del gobierno de Álvaro Uribe otorgó 7.800 títulos mineros, lo que superó con creces los 1.700 de los gobiernos Gaviria, Samper y Pastrana juntos. Por otro lado, la administración Santos concedió 1.365 licencias entre el 2012 y el 2013.

Según el último censo minero hecho por el Ministerio de Minas en el 2011, la ilegalidad alcanza el 63 % de las 14.000 actividades mineras en todo el país. Pero aún peor es que ese mismo año, el extinto DAS reveló que la mayoría de ellas son controladas por las FARC en departamentos como Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Guanía, Putumayo y Tolima; el ELN en Bolívar, Nariño y Santander; y las bandas criminales en Antioquia, Córdoba, La Guajira y Valle.

En Cauca hay señales serias de esa situación. El propio ministro del ramo, Amílkar Acosta, dijo en entrevistas radiales que detrás de los dos fallidos intentos por cerrar la mina ilegal de Santander de Quilichao hubo “mafias que usan a la gente humilde como escudos humanos para impedir los operativos policiales”. Esa respuesta contrasta con el dardo que lanzó el gobernador Temístocles Ortega, quien responsabilizó al Gobierno de la última tragedia en ese municipio.

Las autoridades insisten en atacar el problema judicializando y destruyendo la maquinaria hallada en esos sitios de explotación ilegal. Lo cuestionable de la estrategia es que muchas de esas 'guacas' se encuentran en zonas tan remotas, que solo la guerrilla y las bandas criminales hacen presencia.