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"Grupos armados financian la protesta social": por esta frase, MinDefensa citado por el Senado

El ministro Guillermo Botero volvió a referirse a las protestas, pero esta vez aseguró que detrás de ellas hay intereses de mafias supranacionales. La Defensoría del Pueblo y algunos congresistas condenaron su afirmación. Botero será citado a la Comisión Segunda para que sustente sus afirmaciones.

14 de septiembre de 2018
El ministro dio las declaraciones en el Congreso de Confecámaras 2018. | Foto: Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, volvió a levantar ampolla en algunos sectores con declaraciones acerca de la protesta social. Esta vez, en Confecámaras aseguró que la protesta social es financiada por grupos armados y que precisamente por eso se debían combatir y derrotar.

“Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales”, aseguró el jefe de la cartera.

Esto se une a otra polémica declaración al respecto al inicio del gobierno Duque, cuando aseguró que la protesta social se debía regular. Sin embargo, hablar en términos generales de un supuesto apoyo de grupos ilegales en las protestas estigmatiza a quienes ejercer su derecho a manifestarse. Así lo ha reclamado incluso la Defensoría del Pueblo.

“El ejercicio de la protesta social es legítimo y necesario en una democracia. Vincularla con el accionar de los grupos armados ilegales arriesga a los protestantes y viola el principio de distinción del derecho internacional humanitario”, explicó la Defensoría.

Ante las reacciones, el ministro Botero aseguró en entrevista con Blu Radio que se refería a algunos casos en los que efectivamente había presencia de grupos armados, pero que no se trataba de todas las protestas. Sin embargo, se mantuvo en su posición, explicó que hay una directa relación entre las zonas con mayor cultivo de coca y la participación de grupos armados en las protestas.

“Las protestas de bloqueo se están dando en zonas de cultivos de coca, usted lo puede concluir”, dijo. No obstante, no ahondó en las pruebas que ayudarían a sostener su afirmación. “En las comunidades indígenas hay cultivos ilícitos que no pueden ser erradicados porque requieren consulta previa, tienen un producido que es ilícito”, dijo el ministro al respecto.

Tras las declaraciones del ministro Botero, el senador Gustavo Petro aseguró que son propias del “pensamiento más retardatario” y que traen “estigmatización al movimiento social con la mafia, como si no pudiera existir una ciudadanía libre y autónoma en Colombia”. Además, Petro cuestionó la voluntad de ministro de defender a los líderes sociales que están amenazados en el país.

El debate apenas arranca, el senador del Polo Iván Cepeda anunció que lo citará a un debate de control político por esa afirmación “genérica e irresponsable”. Citaremos al señor ministro de Defensa a la Comisión Segunda del Senado de la República para que sustente su afirmación, no podemos permitir que se criminalice la protesta social en Colombia en momentos en que los líderes sociales son amenazados y asesinados", explicó el senador Antonio Sanguino. El Polo Democrático exigió al ministro que se retracte públicamente de su afirmación.

Además, la representante de la lista de Decentes María José Pizarro, calificó las declaraciones del ministro como “terriblemente peligrosas” y le pidió a Botero que se retracte. “Estas afirmaciones legitiman en un país como el nuestro que se estigmatice, se asesine a líderes en distintas zonas del país, sobre todo donde hay fuerte presencia de grupos al margen de la ley. Le pedimos que se retracte, que si tiene pruebas las presente, pero que no puede estigmatizar a toda la protesta”, aseguró Pizarro a SEMANA.

Sin embargo, Botero asegura que sabe que los campesinos son víctimas de los narcotraficantes, y que lo que él busca es proteger la vida y el derecho a la movilidad de los colombianos. Para el analista de Seguridad, Román Ortiz, de lo que se trata es de "encontrar un término intermedio que garantice el derecho a la protesta, pero que también evite que se atente contra los derechos de los demás ciudadanos, y evitar la manipulación por actores criminales”, aseguró a SEMANA.

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