¿Misión posible?

Afinales de 2003, cuando estallaron varios escándalos en la Policía que le terminaron costando el puesto a la cúpula de la entidad, incluido su director, el general Teodoro Campo, el gobierno de Álvaro Uribe conformó una Misión Especial para que analizara los problemas de la Policía e hiciera recomendaciones para fortalecerla y hacerla menos vulnerable a la corrupción. La idea de la Misión, liderada por el Ministerio de Defensa, era ir más allá de cortar cabezas luego de cada episodio escandaloso, y más bien hacer un juicioso estudio para ver cómo se podían crear mecanismos institucionales de control interno y externo. Si cualquier Policía del mundo los necesita, más aún los requiere una Policía que, como la colombiana, está enfrentada permanentemente a múltiples y poderosos grupos de delincuencia organizada.

Luego de varios meses de trabajo de los expertos y de la propia Policía se hicieron públicas las recomendaciones. Su primer logro fue despertar un debate interno en la institución, como no sucedía desde hacía una década. Entonces, luego de que una niña resultó violada y muerta en una estación de Policía, el gobierno de César Gaviria había acometido una gran reforma estructural de la entidad. Esta, sin embargo, fue reversada en parte, y su principal figura de control, el comisionado de Policía, quedó sin ningún poder real de vigilancia interna.

La Misión, integrada por Fernando Arboleda, Camilo Granada, Armando Borrero, el general (r) Miguel Antonio Gómez Padilla y Fernando Marulanda, y con la asesoría de María Victoria Llorente, hizo tres recomendaciones principales. La primera, que era urgente fortalecer la Inspección General de la Policía como el órgano principal de disciplina interna. Pidió que se le diera autonomía, al punto que sugirió que sus miembros no hicieran carrera normal en la institución, sino sólo en este órgano de control interno. Así se evitaría que los encargados de vigilar a sus pares se inhibieran de sancionar a sus colegas, por temor a futuras represalias, una vez regresaran a sus funciones operativas.

La segunda recomendación fue crear un nuevo Código Disciplinario de Policía que no sólo acogiera el Código Disciplinario Único que rige para todos los funcionarios públicos, sino que unificara las sanciones y exigencias a los policías que incumplan con su deber. "Lo que tiene hoy es una colcha de retazos que no aclara cuáles son los poderes correctivos de un comandante para resolver faltas leves del servicio y un régimen disciplinario que castigue las faltas graves", dijo a SEMANA Camilo Granada, ex integrante de la Misión. También pidió que para evitar la impunidad era urgente que no se siguiera despidiendo personal a discreción, es decir, echar a los agentes que despertaran sospechas, sin ninguna investigación. Más bien que se abrieran procesos ante sospechas de faltas graves y se despidiera sólo a aquellos que resultaran culpables.

La tercera fue crear una Consejería para la Seguridad Ciudadana y la Policía en el Ministerio de Defensa que vigilara a la institución y trazara una política pública de seguridad ciudadana (no en relación con el conflicto armado, como lo hace la política de seguridad democrática) y coordinara los esfuerzos de alcaldes y gobernadores en este sentido.

En resumen, y aunque suene increíble, los policías no tenían quién los controlara y la Misión pedía que se instauraran controles efectivos. ¿Qué tanto se han cumplido estas recomendaciones? Según fuentes policiales, se fortaleció la Inspección General. Se le dio mayor autonomía y dientes. Hoy el inspector general, el general Jaime Augusto Vera, tiene bajo su mando directo varios grupos de trabajo, con 15 oficiales y 30 suboficiales, 10 inspectores delegados y jefes de oficinas de control interno disciplinario en cada una de las comandancias operativas. Este equipo ha logrado resolver muchas de las investigaciones disciplinarias acumuladas que llegaban a 18.519 en diciembre de 2003 y ya van en 13.369. Así mismo aumentaron los fallos disciplinarios de 8.194 en 2003 a 17.733 en 2004, y en lo que va de 2005 ya se han fallado 4.252 casos. Con esta área fortalecida, la Policía tiene los recursos para actuar más rápido y para judicializar de manera más eficaz la información que recogen los oficiales de contrainteligencia acerca de posibles oficiales o agentes corruptos que estén al servicio de las mafias, los grupos armados ilegales o se estén enriqueciendo ilícitamente. Así mismo, para los casos en los cuales los policías además violen la ley penal, la Policía ha estrechado lazos con la Procuraduría y la Fiscalía.

Otras dependencias de la Policía están en un proceso de mejoramiento de la administración de selección y administración de personal. Están dando talleres de capacitación en transparencia y ética, y tienen mejor entrenamiento profesional y mayores estímulos.

No obstante los avances, no se logró hacer realidad la recomendación de la Misión de darle una autonomía total a la Inspección, para que quienes vigilan a la Policía no tengan aspiraciones de hacer una carrera en ésta. Según algunos críticos, también se sigue usando en exceso el poder discrecional, algo que como dijo uno de ellos, es "barrer debajo del tapete", pues permite la salida impune de la institución de personal corrupto, con el agravante de que como no se investigó su conducta, puede seguir teniendo sus cómplices dentro de la entidad, lo que lleva al peor de los mundos.

Hacer realidad la segunda recomendación de expedir un nuevo Código Disciplinario con normas claras de vigilancia y sanción ha sido un proceso engorroso. Finalmente se radicó un proyecto de ley en el Congreso para su discusión y aprobación. Este proyecto impone sanciones más drásticas a quienes violen el Código.

La tercera recomendación, la de crear una consejería en el Ministerio de Defensa, tampoco ha estado libre de tropiezos. Primero se discutió la posibilidad de crear un tercer viceministerio de Defensa para la Seguridad Ciudadana y la Policía, pero esta idea no prosperó, porque aun cuando le daba músculo político al control externo, algunos expertos de la Misión y otros en el propio Ministerio consideraban que podría distanciar aún más la Policía de las Fuerzas Militares de lo que ya está. Al final se decidió crear una oficina de asesoría para el tema y el decreto respectivo saldrá en los próximos días. Pablo Casas Dupuy, investigador asociado de la Fundación Seguridad y Democracia, quien hasta diciembre tuvo como tarea en el Ministerio de Defensa hacerle seguimiento al desarrollo de la Misión, asegura que "un asesor no tiene la autoridad, ni el poder de convocatoria y representación del Ministro para hacer un control externo efectivo". Pero Andrés Peñate, viceministro de Defensa, asegura que esta oficina será un "interfaz técnico entre Ministro y Policía para trazar una política de seguridad urbana y hacerle seguimiento al desempeño policial".

Aunque se han dado pasos en la dirección que aconsejó la Misión, aún falta mucho para que entren en efecto todas sus recomendaciones. Algunos incluso son escépticos de que éstas se consoliden y todavía es difícil juzgar si al final Colombia tendrá una mejor Policía. Hay, sin embargo, algunos indicadores alentadores y otros no tanto. Entre los primeros está la percepción ciudadana. Según el Gallup Poll, si en septiembre de 2004, 64 por ciento tenía una opinión favorable de la Policía y ésta ocupaba el puesto número ocho entre las diversas instituciones (Iglesia, Fuerzas Militares, medios, etc.), en marzo pasado la opinión positiva había subido a 74 por ciento y la Policía era la segunda mejor vista de todas las instituciones. Los propios policías también han mejorado la percepción que tienen de ellos mismos: según la encuesta de desempeño institucional del Dane que acaba de revelar Transparencia por Colombia, 9 por ciento más de policías consideran hoy que hay transparencia en la entidad, comparado con un año atrás.

No obstante, hay otras señales preocupantes. Según Transparencia,la Policía empeoró su Índice de Integridad (construido con 22 indicadores) de 94,41 en 2002-03 a 56,03 en 2003-2004. Esto quiere decir que la institución tiene hoy mayor riesgo de corrupción que hace dos años. Y entre 180 instituciones ocupa un preocupante puesto 148.

De ahí que sea tan crucial que se pongan en marcha cuanto antes las transformaciones que aún están en curso en la Policía, y que aquellas que ya han empezado con pie derecho, como el fortalecimiento de la Inspección General, sean profundizadas y respaldadas con decisión desde el más alto nivel. Además sería imperdonable que, al igual que sucedió en el pasado, se pierda este esfuerzo para fortalecer la legitimidad y la eficacia de una institución tan central a la seguridad de los ciudadanos.