Montados en el bus

SI LOS PROYECTOS DE TRANSporte masivo de ciudades diferentes de Bogotá llegan a feliz término, no sería extraño que en unos años alguien proponga que la imagen de un bus articulado sea incluida en el Escudo Nacional. De salir adelante como están planeados, estos sistemas movilizarían tres millones de pasajeros al día, es decir, el triple de lo que hoy transporta el TransMilenio capitalino. Sumados los proyectos implica una inversión de recursos públicos de casi dos billones de pesos, cifra equivalente a dos años del presupuesto que tiene Invías para construir infraestructura en todo el país. Estos serán financiados conjuntamente entre las ciudades y la Nación. De ahí la expectativa de los habitantes de Cali, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Medellín y Soacha, donde ya se pusieron en marcha los trabajos, que esperan no sólo transportarse más rápido, sino ganar en calidad de vida y, de paso, cambiarle la cara a sus ciudades. Para el presidente Álvaro Uribe, sacar adelante este megaproyecto es prioritario, tanto que lo incluyó como una de las siete herramientas de equidad de su plan de gobierno. Pero lograr una obra de estas características implica grandes retos. Requiere el compromiso de alcaldes y concejos, una tarea ardua frente a las complejidades de la política regional. A esto se le suma que el año pasado hubo cambio de alcaldes, con lo que la discusión de algunas obras tuvo que volver a comenzar casi de cero. Por eso no es exagerado decir que algunos proyectos arrancaron con el freno de mano puesto. Para superar esto, el gobierno designó como coordinador de todos los sistemas de transporte masivo al viceministro de Transporte, Juan Ricardo Noero, quien tiene la tarea de liderar desde la Nación estos proyectos para que lleguen a buen puerto. Los nuevos sistemas enfrentan además las dificultades económicas de las ciudades y la deficiente capacidad administrativa de algunas de sus entidades. En promedio, los aportes locales son del 30 por ciento, que en la mayoría de los casos provienen de la sobretasa a la gasolina, y la Nación transfiere el resto. Sin embargo las ciudades que están bajo la ley 550, la de reestructuración económica, o bajo la ley 617, de ajuste fiscal, deben tener un paz y salvo del Ministerio de Hacienda para poder acceder a los recursos de la Nación. Por eso Barranquilla y Bucaramanga tuvieron que organizarse para conseguir la financiación de sus sistemas de buses articulados. También están los riesgos de la corrupción, más cuando se acerca una época electoral. No sólo en la adjudicación de las licitaciones de las obras, sino en la selección de los operadores del sistema, que tendrán ingresos millonarios. Otro tema que debe tener la lupa encima son los avalúos y negociación de predios, que por lo complejo y disperso del tema se puede prestar para irregularidades. ¿EN QUÉ ESTÁN ? El gobierno es optimista y asegura que para septiembre de este año todas las obras ya deben estar andando. Sin embargo hasta ahora sólo se han iniciado trabajos en Cali y Pereira, y sus avances no han estado libres de tropiezos. En el caso del MIO, como se llama el sistema de transporte de Cali, ha habido controversia porque el presupuesto final de la obra quedó 177 millones de dólares por encima de lo que presentó la banca de inversión que hizo el estudio financiero. Para muchos caleños, esto puso en duda la viabilidad del proyecto y hubo temor de que sirviese de argumento para nuevos impuestos. El viceministro Noero dijo a SEMANA que el mayor valor corresponde a unos diseños adicionales, como la mejora de andenes por donde van los buses alimentadores. Según él, estos trabajos no son esenciales para el proyecto y el gobierno nunca se comprometió a financiarlos. "Es como si se le encarga a un arquitecto diseñar una casa y le incluye una piscina al lado. Que esté en los planos no significa que se piense hacer la obra de inmediato", explicó. Las discusiones que hay por esto, junto con los cambios de trazado de las troncales y la demora en la entrega de los diseños, son la razón por la que el proyecto tiene un retraso de un año. En contraste, el Megabús de Pereira parece marchar sobre ruedas. Es la única ciudad que ha cumplido con el cronograma propuesto, pese a que el proyecto se presentó 27 veces en el Concejo para su aprobación. Parte de su éxito se debe a que antes de comenzar con las obras adjudicó las licitaciones para operar las troncales. Sin embargo la firma de uno de estos contratos se congeló por orden del presidente Uribe hasta que no se investigaron unas denuncias, según las cuales supuestamente uno de los socios de un consorcio ganador tendría vínculos con el narcotráfico. Los organismos de control concluyeron que no había merito para no adjudicar, y continuó el proceso. De las ciudades que aún no han puesto la primera piedra, Barranquilla con su Transmetro es la que más polémica ha generado. Las obras debieron comenzar en agosto del año pasado, pero el Ministerio de Hacienda solo dio el visto bueno para financiarlo hasta el 31 de diciembre pasado. Además, para conseguir lo que le corresponde aportar a la ciudad se inventaron una exótica fórmula en la que las empresas privadas que operan la concesión del alumbrado público y la del mobiliario urbano endosan parte de sus ingresos a la ciudad, con la garantía de que van a tener una participación en los recaudos de pasajes. Por otra parte, en Cartagena hay expectativa por los retrasos que pueda tener su Transcaribe, pues el proyecto exige que se compre un gran número de predios. Según el gobierno nacional, allí como en las otras ciudades se están conformando comités de seguimiento con las cámaras de comercio y con expertos nacionales para evitar irregularidades en las negociaciones. En Bucaramanga es preocupante que las obras demoren tanto en empezar como demoró el Concejo para aprobar su sistema de transporte Metrolínea. Además aún está pendiente el visto bueno de los concejos de Piedecuesta y Floridablanca, por donde también cruza el proyecto. Entre tanto en el Metroplús, que une a Medellín, Itagüí y Envigado, el compromiso de alcaldes y concejos ha permitido que el proyecto avance sin contratiempos significativos en su etapa de estudios y diseños. Algo similar sucede con la extensión del TransMilenio de Soacha, una obra en la que también participa la Gobernación de Cundinamarca y el IDU de Bogotá. Estos megaproyectos serán una de las pruebas de fuego de la capacidad de gestión del gobierno Uribe y de los alcaldes de las ciudades involucradas. De cumplirse las expectativas se revolucionará el transporte público de gran parte del país. La tarea no es fácil. Hay riesgos de errores técnicos, deficiencias gerenciales y de corrupción, a juzgar por las amargas experiencias de algunas concesiones privadas de servicios públicos en las regiones. No hay que olvidar que la clave del éxito del TransMilenio de Bogotá es que se montó y se opera con criterios eminentemente técnicos. Si los nuevos sistemas de transporte masivo no siguen este principio fundamental y le abren la puerta a la politiquería, este gran esfuerzo, en el que el gobierno nacional ha puesto tanto empeño, podría irse al traste. Si tiene información sobre este tema escriba a: investigaciones@semana.com