Mucho paro

Con dos pares de zapatos, unas pocas mudas en un pequeño morral y una buena gorra para el sol, Roberto González dejó su casa en Cartagena el pasado 24 de mayo para emprender un largo camino. Acompañado de otros docentes y miembros del sindicato de maestros de Bolívar debían, no sólo llegar a Bogotá, sino cumplir una clara misión: caminar por medio país y explicar en todos los caseríos, pueblos y ciudades que la educación, la salud y el saneamiento básico público estaban en peligro.

"Marcha nacional contra el recorte a las transferencias", rezaba en la camiseta que llevaba puesta González, de piel morena, ojos oscuros y cuerpo robusto. La misma que vestiría los siete días que duraría el recorrido. Él era uno de los más de 2.000 educadores que partieron desde todos los rincones del país para oponerse a la decisión del gobierno de aprobar una nueva Ley de Transferencias en el Congreso de la República.

Desde La Guajira, Norte de Santander, Casanare, Meta, Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia salieron marchantes como este profesor cartagenero hacia Bogotá. En las noches dormían en colegios públicos o en casas de padres de estudiantes. "Todas las noches fueron duras y los días, con tanta lluvia, se hicieron largos". Para darse ánimo, cantaban: "Ánimo, marchantes, que hay que seguir, muestra todo tu coraje. No nos podemos rendir". A medida que avanzaban, se iban uniendo docentes de otros departamentos.

Entonaron ese mismo cántico al entrar a Bogotá el pasado miércoles. Ese día, todas las marchas se agolparon en las entradas para encontrarse en la Plaza de Bolívar. Para González y 2.000 profesores provenientes de todo el país, era el fin de siete días de camino; para los miles de profesores, estudiantes, padres de familia y personas que se les unieron, fue el comienzo de una jornada de protestas que unía diferentes intereses y que muy pocos bogotanos y colombianos han podido comprender.

Los maestros de las escuelas y colegios marcharon contra el proyecto de ley de transferencias, por considerar que el gobierno piensa recortar los recursos para educación, salud y saneamiento básico, y que de darse eso, se puede abrir el camino a una privatización de los colegios. Por lo menos así trataba de explicar Wílmar, un joven de 13 años de un colegio distrital, la razón por la que estaba caminando y gritando en el centro de la ciudad. "Uribe va a privatizar el colegio y mi abuelita no tiene cómo pagar". Algo que no es cierto, pero que muchos jóvenes repitieron una y otra vez.

Estos menores se confundían con los miles y miles de estudiantes, profesores y empleados de las universidades públicas, como la Nacional, la Pedagógica y la Distrital, que marchaban una vez más para protestar por otra ley, recientemente aprobada, que obliga a la Nación y a las universidades como la Nacional a financiar el pasivo pensional.

El artículo quedó tan ambiguo en el Plan de Desarrollo, y el gobierno ha sido tan torpe en explicar la medida y lento en aclararla, que no se sabe si deberán pagar el 3, 5 ó el 7 por ciento de lo que valgan las pensiones actuales y futuras. A estos, se sumaron otros miles de ciudadanos más para protestar por sus derechos: por que haya verdad y justicia en el proceso de desmovilización paramilitar, por que no se privatice la empresa de acueducto, porque no se cierren los hospitales, por que no se acabe el Icbf o por que consideran que el presidente Álvaro Uribe es un fascista que quiere acabar todo. Al final, ríos humanos recorrieron la ciudad y colmaron la Plaza de Bolívar. Mientras para la Policía llegaron 80.000 personas, para el sindicato de educadores Fecode, llegaron 200.000 personas. Una manifestación que difícilmente se veía desde 2001, cuando los maestros también colmaron la Plaza para presionar que no se aprobara la Ley de Transferencias. Sí, el mismo asunto que reemplazó los ríos de carros que van al centro por ríos humanos.

Duro de entender

La pelea por las transferencias territoriales es una de las más enredadas de la política colombiana, no sólo por su aspecto técnico, sino porque toca el nervio central del ejercicio político. Para la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Carolina Rentería, es evidente que la discusión no es estrictamente fiscal. "Cuando uno discute sobre descentralización, está discutiendo sobre un modelo de Estado. Pero este proyecto de ley no busca la recentralización del gasto, ni afecta las competencias establecidas en la Constitución", dijo Rentería.

Precisamene en la Carta Magna de 1991 quedó explícito que las regiones deben participar de un porcentaje de los ingresos de la Nación. Por cada peso que entraba a las arcas del Estado por impuestos, los departamentos debían recibir el 21,5 por ciento (a estos recursos se les conocía con el nombre de situado fiscal), mientras que a los municipios les correspondía el 22 por ciento (a lo que se le conocía como 'participaciones'). Esto significaba que si de un año a otro los ingresos por impuestos, tasas o ventas de activos de la Nación crecían 25 por ciento, en esa misma proporción aumentan los recursos para las regiones. Sin embargo, con la crisis económica de 1999 el gobierno se quedó sin cómo financiar estos recursos. Por cuenta del bajonazo económico los impuestos cayeron dramáticamente, así que los dineros para las regiones también disminuyeron. En ese momento fue necesario hacer un recorte efectivo en las transferencias, lo que llevó al gobierno en 2001 a presentar un proyecto de ley para modificar las transferencias.

Tras semanas de disputas entre el gobierno, el Congreso, los gobernadores y los alcaldes, y de masivas protestas, se llegó a un acuerdo de repartición transitorio hasta 2008. Se creó una bolsa global a la que se le llamó Sistema General de Participaciones (SGP), conformada por el total de recursos que en ese año se destinaron para salud, educación y saneamiento básico; es decir, 12 billones de pesos. Esa bolsa se dividió en un 58,5 por ciento para educación; 24,5 por ciento para salud y el resto para lo que se ha conocido como propósito general, con énfasis en agua potable y saneamiento básico.

El problema para el gobierno es que esa ley se acaba a finales de 2008, y por eso consideró necesario crear una nueva que extienda el actual sistema, porque de lo contrario, todo volverá al texto original de la Constitución de 1991. El gobierno central pasaría de entregarles a las regiones 17,5 billones en un año a 24 billones. Una fórmula que, según Carolina Rentería, haría inviables las finanzas del Estado.

Por su parte, los educadores y críticos del proyecto dicen que se debe volver a la fórmula de la Constitución para que de una vez por todas se pueda garantizar la cobertura universal en educación, salud y saneamiento. "Con el cambio de fórmula, dice la senadora Gloria Inés Ramírez, el gobierno se quedó entre 2001 y 2007 con más de 27 billones de pesos que por Constitución eran de las regiones, y ahora quiere seguir con un esquema que les seguirá reduciendo esos recursos".

Ese proyecto de ley es el que tiene enfrentados de nuevo a gobierno, alcaldes, gobernadores, y a los sindicatos de la educación -liderados por Fecode-. ¿En qué está ahora el proyecto? La reforma constitucional, a la que le falta sólo un debate para quedar convertida en Ley, modifica la fórmula de cálculo de las transferencias y la deja así: los dineros que el gobierno gira a las regiones crecerán en 2008 y 2009 la inflación más 4 puntos porcentuales; en 2010, inflación más 3,5 puntos, y de 2011 a 2016, inflación más 3 puntos. Así que, en términos generales, esta nueva fórmula no sólo respeta el esquema definido desde hace cinco años, sino que aumenta los porcentajes de participación, especialmente los dedicados a educación, pues la bancada uribista y el gobierno acordaron asignar 1,3 puntos, 1,6 puntos y 1,8 puntos adicionales de crecimiento a la bolsa específica para este rubro.

La ministra de Educación, Cecilia María Vélez, cree que este es un acuerdo razonable "porque aumenta las transferencias y logramos llegar a coberturas totales en la educación básica. Se garantiza cubrir el incremento de la población y una plata para calidad".

Los educadores y los miembros del Polo piden un crecimiento de las transferencias atado a los ingresos corrientes o con una fórmula de inflación más 6 puntos. Lo más posible es que esta semana se llegue a un acuerdo. Por lo menos así lo deja ver la decisión de los educadores de levantar el paro para negociar con el gobierno. De igual forma, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, convocó a clases para este lunes.

De todas formas, mientras no haya definiciones, este miércoles se repetirán las marchas en todo el país.