MUERTE EN EL RETEN

Sólo han transcurrido unos minutos desde que Margarita Marín Camero y su novio Juan Manuel Gómez, dos jóvenes de 17 años, se despidieron de sus amigos al término de una animada reunión en la casa de hijo del Contralor de Bogotá, Juan Manuel Carreño. Son las 3:45 de la madrugada del domingo 9. Unos pitos que les resulta difícil identificar los hacen disminuír la velocidad. Algo extraño pasa. Margarita María le dice: "Juan, me dieron... me mataron...". Juan Manuel frena en seco sin atinar a comprender aún lo que está sucediendo. Margarita cae sobre sus rodillas y aunque en un primer momento el desconcierto le hace pensar que lo está tomando del pelo, se da cuenta por la mancha de sangre en la espalda, que algo muy grave ha ocurrido. Aterrorizado se baja del automóvil, un Renault-9 negro, y pide ayuda a los uniformados que, con pasa-montañas y unas capas impermeables, ya han llegado hasta el carro. "Lárguese chino para una clínica", es la única frase que recuerda Juan Manuel que le dijeron los soldados. Sólo hasta entonces se da cuenta que se ha pasado, sin saber, un retén móvil.
De ahí en adelante sigue la odisea del joven que vuelve a tomar el timón del automóvil para buscar ayuda. Alcanza a avanzar apenas 7 kilómetros, cuando se le estalla una llanta. Dos taxistas que venían detrás y que habían presenciado los hechos se detienen para ofrecerle ayuda. Uno de ellos le toma el pulso a Margarita.
"Está muerta" -le dice- "No hay nada que hacer". Presa de la desesperación y la angustia, el muchacho pierde el control e intenta lanzarse a los carros que pasan. Uno de los taxistas logra calmarlo y lo convence de salir en busca de sus padres, mientras el otro se ofrece a quedarse con la niña muerta dentro del carro.
Desde la casa de Juan Manuel, su padre hace una llamada a la familia de Margarita. La madre está fuera de la ciudad. Su padre, el médico Antonio Camero Cruz, recibe la noticia: "Los muchachos han tenido un accidente. Encontrémonos en la séptima con 145". Cuando sale de su casa, el médico Camero se encuentra un carro parqueado enfrente. Adentro, su otra hija, María Isabel, está acompañada por tres amigos. Vienen también de la reunión. Están esperando a Margarita que tiene las llaves de la casa. Al enterarse de lo del accidente, resuelven acompañar al padre.
De nuevo en el sitio donde está su novia muerta, Juan Manuel entra como en un estado de shock, lo que obliga a su padre a llevarlo a la clínica Shaio en donde tienen que aplicarle sedantes y mantenerlo en observación. Sin embargo, el padre de Juan Manuel, antes de dirigirse a la clínica, advierte a los agentes que están en el lugar, que lo pueden encontrar allí para lo que sea necesario. En general, la historia es bien conocida. No hubo medio de comunicación que no la registrara escandalizado.
Este dramático caso, sin embargo, no es el único (ver recuadro). Y no fue el único de ese fin de semana. Aunque con resultados menos dolorosos, en el retén militar de La Calera, a la dos treinta de la mañana del sábado, otros cuatro jóvenes experimentan el susto de su vida: al no detenerse frente al retén, porque no alcanzan a ver la señal, son abaleados. Las dos muchachas, Sandra Serna (18 años) y Marta Barliza (19 años) presentan heridas en piernas y brazos mientras sus compañeros, los hermanos Jaime y Oscar Mauricio Chiape Castro, resultan ilesos. A estos casos se suma el de Rafael Enrique Mejía Ordóñez, quien en el retén de la vía que de Bogotá va a Villavicencio, es golpeado con los cañones de los fusiles por los uniformados a cargo del control, el 11 de octubre. En sólo 72 horas, siete ciudadanos inermes son víctimas de lo que parece ser un nuevo tipo de violencia.
ALTO O DISPARO
El caso de Margarita sirvió para destapar una situación que ha venido sucediendo sin llamar la atención: la muerte a bala en los retenes.
Pasarse un retén porque simplemente no se ve la señal o porque no se oyen las órdenes de parar, no puede justificar que los encargados de los controles en las carreteras acudan de inmediato al gatillo para disparar contra ciudadanos indefensos e inermes, cuya única falta es la transgresión de una norma. Más si se tiene en cuenta, como en la mayoría de los casos conocidos, que los retenes no llenan los requisitos mínimos que les exige su propia reglamentación interna. SEMANA conoció cuál es esta reglamentación, consignada en un documento del Ejército de carácter interno y confidencial.
En primer lugar, los retenes llamados móviles deben ubicarse de preferencia en aquellos sitios donde normalmente existan retenes de tránsito o donde tradicionalmente ellos se han instalado, "con el fin de evitar sorpresas, sobresaltos o desconfianza de la ciudadanía". En segundo lugar, en la instalación y operatividad de estos retenes, "se deben tener en cuenta las normas contempladas en el reglamento de contraguerrilla urbana ESC 3-18" (?). Pero, además, se establece que el retén debe contar con personal necesario y ser colocado con suficiente anterioridad para indicar a los vehículos el comportamiento a seguir, si son detenidos. El reglamento contempla, inclusive, normas de conducta: "Actuar con la necesaria cortesía y buenos modales, para obtener el reconocimiento y agradecimiento de los ciudadanos y a fin de evitar que éstos se atemoricen o posteriormente formulen su inconformidad o rechazo sobre esta actividad". Para completar, son perentorios en lo que se refiere al uso de las armas. La reglamentación señala que hay que "evitar al máximo el empleo de las armas de fuego contra quienes transgredan la orden de detenerse en un retén, para lo cual debe preverse y utilizarse medidas que impidan la fuga de vehículos, tales como tablas con puntillones, colocadas en la dirección de escape y hacia atrás para inutilizar las llantas". También se contempla la utilización de adecuados sistemas de señalización con iluminación apropiada, para que "cualquier transeúnte o ciudadano desprevenido, pueda perfectamente entender qué es lo que se quiere que haga".
Sobran los comentarios. En los hechos recientes, todo parece indicar que los uniformados hicieron caso omiso de las reglas básicas que estaban obligados a seguir. En el caso concreto de Margarita María Camero, las irregularidades fueron evidentes. No sólo la señalización era insuficiente, como lo prueban las fotos que fueron tomadas pocas horas después de su muerte, sino que, además, ni siquiera se utilizó el recurso de las tablas con puntillones, que sí existían en el lugar. El cabo, Fernando Gómez (21 años), encargado del retén, acudió a la salida fácil de apretar el gatillo. SEMANA conoció las declaraciones que el cabo Gómez dio al juzgado 34 de instrucción criminal que investiga el caso: "Al ver que el carro se me venía encima, oprimí el gatillo y disparé en tres oportunidades. Mi deseo era disparar a los neumáticos. No tenía ninguna intención de hacerles daño".
Independientemente de las intenciones del cabo, lo cierto es que la niña Camero resultó muerta. Y por la espalda. Los jóvenes, por el frío de la noche, venían con las ventanillas cerradas y no oyeron las voces de paro, si es que las hubo. Y como en otros casos, el hecho de que era un retén móvil con señalización deficiente los cogió por sorpresa. Al parecer, los militares del retén actuaron más dentro de la filosofía de contraguerrilla urbana, como patrulla de asalto, que dentro de la filosofía de evitar sobresaltos y desconfianza.
A nadie le resulta absurdo que un representante de la autoridad dispare en legítima defensa o ante la evidencia flagrante de que elementos criminales pretendan infringir las leyes.
Pero que ciudadanos inermes que transitan por las vías sean sorprendidos y objeto de violencia, es algo que nadie entiende y que las mismas autoridades no han podido explicar. Si bien es cierto que no se puede presumir la mala fe de los encargados de los retenes y habría que aceptar que pueden cometer errores, también lo es que sería necesario revisar el modus operandi de este tipo de controles, lo mismo que la idoneidad de las personas al mando, para evitar que se sigan repitiendo estos lamentables "accidentes". El problema es tan evidente que el mismo Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, Salvador Betancur, después de estudiar los casos que han llegado a su despacho, ha dicho que es necesario replantear estos procedimientos de control en las carreteras.
Para nadie es un secreto que el clima de violencia de todos los órdenes que se vive en Colombia afecta por igual a civiles y militares. Para los ciudadanos de jeans, inermes y atemorizados, una persona con pasamontañas y hasta con la cara tiznada -como en el caso de las jóvenes Barliza y Serna que afirman que los uniformados tenían la cara pintada- es explicable que esto les produzca pánico y no seguridad. Para los militares, entrenados para el combate, un carro a cierta velocidad puede significar un potencial enemigo. Esto lo entiende la gente. Finalmente, todos experimentan la misma paranoia y el mismo miedo.
Nadie se opone a que existan medidas de control y seguridad. Es más, las exigen. Pero lo que no se puede seguir permitiendo es que, en cualquier esquina, un ciudadano encuentre la muerte a manos de un militar cuya reacción inmediata sea la de disparar primero y preguntar después.-

OTROS CASOS
AñO H E C H O S ESTADO DE LA INVESTIGACION

1984 Bogotá. En horas de la madrugada del 2 Archivado
6 de junio cuando transitaba en contravía
a frente al Palacio de Nariño, murió de
un disparo el arquitecto Fernán Herazo,
quien se disponía a seguir los trámites
legales por un intento de robo en su
residencia.
El gerente del Banco Industrial Colombiano Archivado.
de Cúcuta, el señor Yáñez, murió cuando se Resolución de
practicaba un retén militar por parte destitución
de unidades del Grupo Mecanizado Maza. del teniente
René Marín
Campos
1985 Cali. El sacerdote belga Daniel Gillard Archivado
recibió 5 heridas de bala que le causaron
la muerte el 26 de octubre. Los hechos
ocurrieron cuando agentes del CAES y el B-2,
que habían montado un retén, comenzaron a
disparar sin previo aviso, como lo
confirman los testimonios del resto de
pasajeros del campero que conducía Gillard.

Floridablanca (Sant.) En horas de la Archivado
noche del 9 de agosto, cuando transitaba
por la calle principal en compañía de su
hijo Hernando, fue abaleado Luis
Antonio Pimiento Ballesteros, trabajador del
Distrito de Carreteras N° 15 del
Ministerio de Obras Públicas. Pimiento
murió de manera instantánea y su hijo quedó
gravemente herido.

Bogotá. Luego de salir de una fiesta, en la Sin datos
madrugada del 30 de noviembre, el economista
César Augusto Méndez Franco sobrepasó la valla
de seguridad que protege los apartamentos
fiscales de la Armada Nacional en Bogotá.
Los militares encargados de la vigilancia le
dispararon y le propinaron heridas mortales.
En junio de 1986, la madre del joven demandó
a la Nación por daños morales y materiales,
por la cuantía de $2.283.038.84. En este
caso fueron detenidos los infantes de marina
Orrego Marín Gonzaga y Nicolás Darío Llanos,
acusados de homicidio.

Puente Nacional (Santander). Agentes de Policía Archivado
dispararon en un retén contra el vehículo en
que viajaba, en compañía de su padre, la niña
Jenny Paola Martínez, de dos años de edad.
La niña murió a consecuencia de los disparos.

1986 Carretera Versalles-Peneya (Caquetá). Eliécer Se
Torres fue herido por disparos, cuando se encuentra
practicaba un retén en esa vía. en
Sustentació
en espera
de
información
1987 Bogotá. El 5 de mayo, en el barrio Modelia, Archivado
integrantes de una patrulla de Policía,
que habían instalado un retén móvil,
dispararon contra un vehículo en el que se
movilizaban varios jóvenes que salían de una
fiesta. Julio César Chaves Rodríguez,
estudiante de ingeniería de la
Universidad Católica, resultó muerto.
Los agentes de policía declararon que los
ocupantes del carro no hicieron caso a la
orden de pare.

Bucaramanga. Guillermo Bretón y Marco Antonio Archivado
Escamilla resultaron muertos cuando llegaban
a esa ciudad y no hicieron el pare en un
retén instalado por el DAS, en el sitio
conocido como "La Cemento".

Jurisdicción de San Lorenzo-Riosucio (Caldas). Archivado
Fue detenido el profesor Rey María Salazar
Tapasco en un retén militar. Salazar
Tapasco apareció muerto posteriormente con
huellas de haber sido torturado.

1988 Carretera La Unión-La Ceja (Antioquia). El ex Archivado
secretario de Gobierno de Antioquia, Efraín
Vélez Arango, y sus sobrinos Felipe y
Alejandro Vélez, fueron muertos a bala por
agentes del B-2. La Policía declaró que el
hecho se produjo al ser confundido el
vehículo del dirigente político con
otro donde presumiblemente se
movilizaban unos delincuentes, que eran
esperados por 105 agentes.

Bogotá. Sandra Serna y Marta Barliza, quienes Se comisionó
iban en compañía de los hermanos Oscar a Carlos
Mauricio y Jaime Chiape Castro, resultaron Augusto
heridas a bala cuando no hicieron el pare en Riveros para
un retén en la vía que viene de La Calera, iniciar
el día 8 de octubre. indagación
Está por oir
a los
ofendidos.Se
practicó
visita
especial
al Juzgado
5 de Inst.
Penal
Militar.

Bogotá. María Margarita Camero murió en la Se comisionó
madrugada del 9 de octubre, cuando el cabo al Dr.César A
Fernando Gómez Aguirre disparó a la parte Delgado,quien
trasera del vehículo en que viajaba, ha practicado
conducido por Juan Manuel Gómez Reyes. visitas al
Juzgado 109
de Inst.Crim.
y al 5 de
Inst.Penal
Militar

Carretera Bogotá-Villavicencio. En un retén, Se comisionó
mientras se realizaba un registro, al Dr.Jaime
resultó lesionado Rafael Enrique Mejía, Fajardo para
quien presenta hematomas con raspaduras y adelantar la
una herida en la boca. Mejía manifiesta que investigación
las heridas se las hicieron con los cañones por auto de
de los fusiles. fecha Oct.13
de 1988. La
queja fue
presentada
el 12 de Oct
del año en
curso.