Nación, responsable de asesinatos selectivos

Si bien en el país se vive cierto optimismo tras el acuerdo parcial alcanzado por el Gobierno y las FARC en La Habana, el fin del conflicto puede estar aún lejos. Máxime cuando la población ha sido víctima de uno de los bandos de la guerra y pone víctimas mortales por algo tan absurdo como una suposición.

Ello es lo que recuerda una sentencia del Consejo de Estado que deja sentada –tras 20 años de trasegar judicial- la actuación del Ejército, al intentar justificar la muerte de tres humildes jóvenes en el municipio de Cajibío, Cauca, a quienes señaló de ser informantes de la guerrilla de las FARC.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, manifiesta en su sentencia que se pudo demostrar con las pruebas recaudadas en el proceso que las víctimas se dedicaban a labores agrícolas, por lo que constantemente debían transitar por la zona de conflicto y enfrentamientos entre la fuerza pública y la subversión.

La historia ha mutado varias veces. En la primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cali, negó a los familiares de las víctimas una reparación económica al señalar en su fallo que “aunque conocían de los combates que se producían en el lugar, siguieron transitando por la vía por lo que su comportamiento fue calificado como irresponsable, por lo que no podían pretender un provecho económico con cargo a la Nación”.

Los padres de los labriegos no se dieron por vencidos. Siguió con su reclamo, al considerar que no hubo justificación alguna para que el Ejército asesinara a sus hijos. Tal dilema jurídico llegó a instancias del Consejo de Estado, que determinó que “ellos no portaban armas que presumieran un peligro para los soldados de la zona ni actuaron de manera irregular”.

El alto tribunal llegó a esa conclusión al escuchar cada uno de los testimonios de personas cercanas al municipio de Cajibio, quienes señalaron que los jóvenes eran simplemente unos recolectores de café.

Precisó la sentencia que “las pruebas de balística demostraron que uno de ellos fue muerto con un disparo a corta distancia, lo que desvirtúa el argumento de los miembros de la Fuerza Pública según el cual fueron muertos en un enfrentamiento”, sostuvo el magistrado Andrade Rincón.

Por último, en un fuerte regaño al Ejército, el Consejo de Estado le dice que el levantamiento de los cuerpos no se realizó en la zona en que murieron sino en Medicina Legal por lo que se perdieron importantes evidencias para la investigación.

La condena, quizá ejemplarizante para el Ejército, resulta insuficiente para las víctimas de un conflicto armado que buscan justicia y reparación por los errores de la fuerza pública que, en el afán de buscar resultados, dejó en el camino a víctimas inocentes.