Nadie sabe dónde está Pretelt

Tras una tensa calma, esta semana el caso del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt volvió a aparecer en los titulares de todos los medios y de la opinión pública. Por una parte, la Fiscalía General anunció que le imputará cargos al abogado Víctor Pacheco y, por el otro, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, quedó en evidencia que el magistrado está tratando de dilatar el proceso disciplinario que se le adelanta y que ahora tendría a la Procuraduría General de su lado.

Como se sabe, en la Cámara se le sigue un proceso penal y hace unas semanas se le abrió otro, disciplinario. Los días 8, 14, 21 y 29 mayo, funcionarios de la Comisión de Acusaciones fueron hasta la Corte Constitucional para notificar personalmente al magistrado Pretelt de ese nuevo proceso, pero no ha sido posible.

En la primera notificación el togado recibió el escrito, pero de inmediato envió una carta a la comisión alegando que el procedimiento estaba errado y que advertía que no había sido notificado. En las otras tres nunca atendió a los funcionarios: ni siquiera se les permitió su entrada al Palacio de Justicia. Cada una estas comunicaciones fueron enviadas a su correo electrónico de la Corte Constitucional, pero ninguna fue respondida.

Además de no presentarse ni a las audiencias ni atender a los notificadores, la defensa del magistrado ha tratado de dilatar al máximo el proceso, recusando a varios parlamentarios, alegando que el representante Julián Bedoya está impedido. ¿Por qué?

La Comisión de Acusaciones adelanta un proceso penal contra Pretelt en el que se trata de esclarecer si recibió o pidió 400 millones de pesos para influir en la famosa tutela de Fidupetrol, con la que esta buscaba evitar una sanción superior a los 22.500 millones de pesos. Ese proceso, en el que han declarado más de 40 personas y las autoridades de Policía han recolectado información técnica y financiera, ya muestra sus primeros avances. Esta semana, la Fiscalía anunció que el próximo 22 de junio le imputará los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al abogado Víctor Pacheco, además de solicitar medida de aseguramiento.

En la información recopilada por la comisión y la Fiscalía está claro que el 10 de abril de 2013 Pacheco firmó un contrato con Fidupetrol por 100 millones de pesos, más IVA, para adelantar la tutela y liderar una estrategia para que la corte seleccionara y fallara a favor de la financiera. Algo que sucedió y por lo que recibió esa plata.

Dentro de ese trabajo, el 4 de octubre de 2013, Pacheco firmó un otrosí por 150 millones de pesos que se pagarían en caso de que la tutela fuera seleccionada. Eso es lo que hoy lo tiene enredado en la Fiscalía, pues logró que esta fuera seleccionada y le informó de manera privilegiada a Fidupetrol lo que pasaba en la corte.

Pese a estos avances, tanto en el proceso que se le adelanta en la Cámara como el de la Fiscalía, el magistrado Pretelt y su defensa se sienten relativamente cómodos y con tiempo, ya que es lento y la prueba reina que lo acusa de haber pedido o recibido una coima no ha aparecido, salvo que Pacheco o la cúpula de Fidupetrol, que también están en la mira de la Fiscalía, la entreguen.

Lo que le preocupa al magistrado y a su defensa es el otro proceso: el disciplinario. Este es una amenaza inminente para su permanencia en la corte, pues una vez comience y se le escuche, los parlamentarios pueden ordenar el retiro de su cargo mientras se le adelante el proceso. Eso es lo que el togado teme. Por eso no ha asistido a las audiencias ni se ha dejado notificar. El viernes en la tarde la comisión fijó un edicto en la cartelera notificando el comienzo de este proceso y llamándolo para que asista.

El hecho de que un alto miembro de la Justicia utilice todo tipo de argucias para no dejarse notificar tiene sorprendidos a los parlamentarios, pero aún más lo que ocurrió el pasado martes. Ese día estaba citada la audiencia del proceso disciplinario. Pretelt no llegó, pero sí lo hizo su abogado Abelardo de la Espriella acompañado del exviceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeu, quien iba a asumir la defensa del magistrado en el proceso disciplinario. De un momento a otro también entró la viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda Curvelo, acompañada de más de 12 funcionarios de la entidad.

A pesar de que en este proceso ya había un procurador y un equipo, Castañeda dijo que iba a ser parte del Ministerio Público en la audiencia, pero que lo hacía como procuradora general encargada. Y advirtió que en adelante será el mismo procurador general quien siga asistiendo al proceso, algo que nunca se había visto.

Aunque la audiencia se suspendió porque Pretelt no llegó y porque su abogado no pudo demostrar que tuviera el poder para actuar en su defensa, SEMANA comprobó que la Procuraduría le ha advertido a varios parlamentarios de la comisión que ese proceso se debería adelantar de forma escrita y no oral.

Lo que les preocupa a algunos miembros de la comisión es que ahora Pretelt, quien fue compañero de docencia de Alejandro Ordóñez en la Universidad Sergio Arboleda, tenga de aliado al todopoderoso procurador general, quien en varias oportunidades ha tratado de intimidar a los parlamentarios con investigaciones, destituciones e inhabilidades. ¿Ocurrirá lo mismo para evitar la salida de Pretelt del Palacio de Justicia?

En la mira

Ahora que la Fiscalía decidió enfocarse en la forma como se seleccionó la tutela de Fidupetrol en la Corte Constitucional para determinar si hubo tráfico de influencias, otros dos magistrados que estaban por fuera del Pretelgate tendrán que dar explicaciones: Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas.

De acuerdo con la información en manos de la Fiscalía, el abogado Víctor Pacheco firmó el 4 de octubre de 2013 un otrosí por 150 millones de pesos del contrato que tenía con Fidupetrol para lograr que una tutela terminara beneficiando a esta fiduciaria. El 9 de octubre Pacheco recibió de forma exprés 50 millones, después de que informó que la corte había designado a los magistrados Palacio y Rojas Ríos en la sala de selección y que “el próximo 17 de octubre de 2013 decidirán si la seleccionan”. Ese día, Pacheco informó que la tutela había sido escogida y días después le pagaron 101 millones. Lo que sorprende es que la decisión solo se publicó el 12 de noviembre.

¿Cómo logró Pacheco que la tutela fuera escogida y cómo tuvo acceso a esta información? No es un secreto que el abogado conocía a los magistrados de la corte. La Fiscalía tienen el registro de 46 entradas de Pacheco a los despachos de varios magistrados entre 2013 y 2015, e incluso asistió a varias reuniones sociales con ellos. La Fiscalía cree que Pacheco usó distintos mecanismos para acercarse a los jueces de la tutela para sugerirles que lo ayudaran en su causa.

Rojas, quien solo fue reincorporado a la corte hace un mes, no ha hablado al respecto. Y sobre Palacio, varios conocedores se han declarado sorprendidos por haber seleccionado la tutela de Fidupetrol. Es de conocimiento público que este abogado llegó a la Constitucional como candidato de la Corte Suprema de Justicia y se ha mostrado en contra de las tutelas o revisiones de los fallos de la corte que lo nominó. “En todas sus actuaciones, salvo en Fidupetrol y algún otro caso excepcional, rechazó todas las tutelas que fueran en contra de la Corte Suprema, algo que es por lo menos sospechoso”, dijo un exmagistrado.

¿Por qué estos dos magistrados seleccionaron esa tutela? ¿Fueron abordados por Pacheco o por otra persona? ¿El dinero que recibió Pacheco fue para pagar por esa decisión? El abogado barranquillero tendrá que responder el 21 de junio esas y otras preguntas, una vez la Fiscalía lo ponga contra las cuerdas.