Nadie se explica por qué la Policía y el Ejército no han apoyado la captura de 60 integrantes del ELN vinculados a las masacres y asesinatos de líderes sociales; ¿qué está pasando?

¿Por qué no están haciendo las capturas? ¿Recibieron orden de no hacerlo? ¿Qué responder a la denuncia de la Fiscalía? Estas fueron las preguntas, sin respuesta alguna, que se remitieron al Ejército y a la Policía para entender una grave advertencia que hizo el propio fiscal general, Francisco Barbosa: no están capturando a los asesinos de líderes sociales y reincorporados en zonas apartadas del país.

Léider Alexánder Yule, Édgar Rodríguez, Diomedes Bermúdez, Ferdi Leandro Tapias y Uber Eliécer Tapias son líderes sociales asesinados en los primeros días del Gobierno Petro. Y tienen algo más en común. Sus asesinos siguen impunes, al igual que una larga lista de sicarios que, aún con orden de captura, pasean por las calles retando a las autoridades.

Son 949 las órdenes de captura que obtuvo la Fiscalía luego de meses de investigación. “341 en procesos por afectaciones a defensores, 374 en contra de reincorporados y 234 de homicidios colectivos (masacres)”, señala un informe de la Fiscalía que conoció SEMANA y explica en detalle quiénes son los incapturables.

El documento advierte que 378 criminales ya fueron detenidos, pero siguen pendientes 571. En 157 de esas órdenes de captura, la prueba no deja duda, son los asesinos que tendrían que estar tras las rejas para que se haga justicia, pero siguen libres.

La guerrilla del ELN es la organización criminal que encabeza la lista de los más buscados. En contra de sus integrantes, que aparecen en el inventario de los incapturables, hay 60 órdenes de detención que no se han hecho efectivas. Siguen las disidencias, el Clan del Golfo y delincuentes de distintas bandas; incluso se busca un miembro de la fuerza pública. Todos, vinculados a crímenes contra líderes y defensores de derechos humanos.

Las órdenes de captura no se están haciendo efectivas y la Fiscalía advierte que la fuerza pública no comparte la misma preocupación. La denuncia del ente acusador deja enormes dudas sobre lo que puede estar pasando mientras el país repite titulares de masacres y víctimas a manos de sicarios. ¿Hay un plan tortuga para arrestar?

Conseguir las órdenes de captura no es tarea sencilla. La Fiscalía debe disponer de investigadores, desplazamientos, hacer seguimientos, interceptaciones, ubicar las pruebas y analizarlas. Luego, un fiscal debe llevar todo ante un juez y argumentar la necesidad de capturar, equivocarse puede convertirse en un problema para los investigadores. Después de ese largo trámite, se obtiene el documento, que sistematizan y comparten con las autoridades en todo el país.

Y ese trabajo no sirve de nada sin aprehender a quienes están estampados en esos documentos, con foto, reseña y la posible ubicación. Lo peor es que siguen en las mismas regiones, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, donde asesinan y celebran sus crímenes, no solo como mensaje de intimidación, sino de burla a la justicia. Es ahí donde el fiscal reclama el apoyo del Ejército y la Policía.

Resulta inexplicable entender por qué, luego de conseguir las órdenes de captura, los asesinos de líderes y defensores de derechos humanos continúan en libertad. La explicación no la encuentra ni el fiscal Barbosa, que únicamente se remitió a pedirle a la fuerza pública comprometerse con su obligación constitucional. Esta no solo se reduce a hacer presencia en los territorios, sino también apoyar en las capturas.

“Son determinadores de homicidios contra líderes sociales, contra desmovilizados y contra personas a quienes se les han violado sus derechos humanos, y no se han materializado capturas. Ahí llamo a ponernos todos en una reflexión nacional sobre lo que ocurre”, dijo el fiscal.

En una reunión con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el fiscal Barbosa dejó la constancia de la situación y de cómo no arrestar, por la razón que fuera, se convierte en una sentencia de muerte para los líderes amenazados, riesgo que se extinguiría con la acción de las autoridades.

“La Fiscalía hace su tarea, es necesario que el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ejército Nacional capturen a esas personas porque están violando derechos humanos a los colombianos. Y nosotros como Fiscalía tenemos las órdenes de captura”, aclaró Barbosa.

Las víctimas asesinadas, a quienes las órdenes de captura, cumplidas a tiempo, les hubiesen podido salvar la vida, reclaman una respuesta por medio de sus familias y aseguran que el Estado no pudo garantizar su seguridad. Y ahora, como si fuera poco, condenan los casos a la impunidad.

“Qué saca la Fiscalía pidiendo órdenes de captura si van a dejar a los sicarios en la calle, armados y listos para matar”, señalaron familiares y amigos de líderes asesinados cuando se acercan para saber qué ha pasado con sus casos y se enteran de que hay órdenes de captura, pero sin ejecutar.

En las ciudades la Fiscalía tiene resuelto el problema. Con el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), se efectúan los operativos, pero en la zona rural las afugias son distintas y es allí donde crece el problema. En regiones donde arrecia el conflicto se requiere de una acción conjunta para llegar a los sitios, hacer los allanamientos y notificar las órdenes de captura. El ente acusador no tiene la gente para tamaña responsabilidad.

Los informes de inteligencia dejan abundante material de prueba para confirmar la participación de los criminales, en ese listado de incapturables, como responsables de los asesinatos de líderes sociales. Esas pruebas están en los expedientes que la Fiscalía cuidó con detalle en las mismas regiones donde ahora piden hacer efectivas las capturas.

SEMANA consultó a la Policía y al Ejército sobre la delicada situación que advierte la Fiscalía y de cómo la falta de operatividad para aprehender a los responsables de los asesinatos es escasa o nula en las regiones. Al cierre de esta edición, se mantuvieron en consultas y sin respuesta.

Por ahora, en las zonas de riesgo, donde están los asesinos, la situación es la misma. En otras palabras, sicarios y líderes comparten un mismo espacio, unos en defensa de las causas sociales, esperando justicia. Los otros, también a la espera, pero de una nueva orden para matar.