¿Narcoterrorismo?

La capital del Valle es una ciudad de lamentables contrastes en seguridad. Mientras este año bajó del millar la cifra de homicidios, algo no visto desde hace 13 años, en los últimos 36 meses padeció cuatro bombazos y al menos una decena de petardos que dejan como saldo 13 personas muertas y un centenar de heridas. El más reciente acto terrorista ocurrió a la medianoche del domingo 31 de agosto, cuando algunos terroristas detonaron un campero con 100 kilos de explosivos con el propósito de destruir el Palacio de Justicia. Y casi lo logran. En la acción murieron cuatro civiles, 26 personas quedaron heridas y hubo pérdidas por 6.000 millones de pesos.

Dieciséis meses atrás los caleños pasaron por una experiencia similar. Entonces el blanco de los criminales fue la sede de la Policía; el acto también se ejecutó a la medianoche de un domingo, se usó un automóvil y la misma cantidad de carga explosiva. El atentado del palacio fue una fotocopia de lo que ocurrió con el de la Policía. En ambos casos parecería que los delincuentes intentaban reducir los daños colaterales al ejecutarlos cuando la vida nocturna es mínima y la ciudadanía descansa, algo opuesto al perfil criminal de la guerrilla. Y en ambas oportunidades las autoridades concluyeron en tiempo récord que tras las acciones estaban las Farc. Para ello usaron como material probatorio a informantes, imágenes de las cámaras de video, llamadas interceptadas y análisis técnicos del modus operandi.

Policía y justicia son protagonistas de los golpes contra organizaciones criminales del Valle. En los últimos años ambas instituciones enfilaron baterías contra narcos y guerrilla, y lograron golpes certeros como la reciente extinción del cartel del norte del Valle, el hallazgo de las caletas del narco Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’ y la reinserción de al menos 50 milicianos del frente Manuel Cepeda Vargas de las Farc, incluida la captura de ‘Santiago’, su jefe.

Por eso resulta interesante que en una región donde es evidente la alianza entre narcos, paras y guerrilla para mantener el negocio de la droga, se hable de un solo autor intelectual de los atentados. Y más ahora que se sabe que en el suroccidente colombiano hay capos emergentes que heredaron el poder del asesinado Wílber Varela, alias ‘Jabón’. Informes de inteligencia de la Policía indican que Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’, sería el nuevo ‘patrón’ de la zona. Pese a todo ello, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, atribuyó el atentado a las Farc. SEMANA consultó a varias fuentes de Fiscalía, Policía, DAS y Ejército y todas apoyan la tesis del ministro.

Si bien las autoridades tienen identificados a tres milicianos del frente Manuel Cepeda Vargas como presuntos autores del bombazo al Palacio de Justicia, aún quedan en el aire preguntas sin respuesta que bien podrían ajustar el foco de la investigación. Por ejemplo, esos mismos milicianos estuvieron tras la ola de atentados que desde 2006 azotan a Cali y cuyo blanco siempre han sido la Policía y las entidades bancarias. Bajo esa óptica, ¿cuál sería su interés de cambiar de objetivo, justo por aquel que procesa a narcos, políticos y paramilitares? Muchos como Esperanza Delgado, presidenta de Asonal Judicial y Andrés Santamaría, defensor del Pueblo del Valle, coinciden en que es difícil creer ciegamente sólo en la tesis de las Farc.

No hay duda de que la guerrilla cuenta con la logística y recursos para realizar atentados de esa magnitud en el Valle. Como también es claro que entre ella y los narcos existe un viejo contubernio que las ha fortalecido. Por eso es importante que la lupa de las autoridades abra su espectro para evitar que por cuenta de un fácil señuelo, se propicie la impunidad y sigan explotando bombas en la Sultana del Valle.