Naufragó la esperanza de Moralesrussi de quedar libre

Por cuarta vez se frustró el deseo del excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi de recuperar su libertad. La juez 63 de control de garantías de la capital del país señaló que es necesario que el exfuncionario siga detenido en la cárcel.

La juez desestimó los argumentos de la defensa de Moralesrrusi, que aseguraba que él no representaba un peligro para la sociedad, que no tenía medios económicos para evadir el proceso, como tampoco representa riesgo para las víctimas.

Para sustentar su petición, la defensa presentó artículos de prensa que favorecían a Moralesrrusi en el sentido de que él, distinto de lo que dice la Fiscalía, no recibió dineros del denominado ‘carrusel’ de la contratación.

“Son artículos que constituyen simples comentarios rendidos por personas vinculadas al ‘carrusel’ de la contratación a los mencionados medios periodísticos. Comentarios de los cuales los mismos medios de comunicación publican sus opiniones relacionadas. Para esta funcionaria no alcanzan a tener la virtualidad del medio de convicción para tenerlos como elementos materiales de prueba”, indicó la juez.

Para realizar su petición ante la juez, Cancino mencionó algunos artículos publicados en medios de comunicación. El jurista destacó las declaraciones que entregó Emilio Tapia en las que se refiere a la injusticia que se estaría cometiendo con el excontralor.

“Según la versión de Emilio Tapia, la comisión de los contratos de malla vial que tenían que pagar los Nule era del 6 por ciento. Sin embargo, un día Julio Gómez les cambió el monto y les dijo que la comisión tenía que subir al 8 por ciento (10.800 millones de pesos) porque el contralor Moralesrussi quería su tajada para no molestar (...) Ellos, Julio y Dávila, se inventaron ese 2 por ciento de más. Era mentira que era para el contralor”, recordó Cancino, según lo que dijo Tapia.

También le negó estar preso en su casa

La juez 63 de garantías estimó que Moralesrussi tampoco puede permanecer en su casa con detención domiciliaria, pese a que la defensa había alegado la necesidad de que el excontralor estuviera en su hogar y al lado de sus hijos.

El abogado Cancino también recurrió a la necesidad de que los cuatro hijos del procesado tuvieran la oportunidad de disfrutar un padre, pues él lleva casi dos años en la cárcel, situación que tiene afectado el desarrollo personal de los niños.

Según el defensor, a la fecha han desaparecido las motivaciones con las que se privó de la libertad al excontralor. En ese sentido pidió que, de no ser posible revocar la medida de aseguramiento, se modifique y se decida por una detención domiciliaria.

La funcionaria judicial argumentó que dicha solicitud no procede sobre delitos particulares, como es el caso de concusión y prevaricato por omisión, delitos por los cuales el exfuncionario está tras las rejas.

La Fiscalía se opuso a la libertad

A su turno, el fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia Jaime Alonso Zetien señaló que quien fue el contralor de Bogotá entre los años 2008 y 2011 debe seguir detenido en el pabellón de parapolítica de la cárcel La Picota, puesto que existe su evidente responsabilidad en unos hechos de corrupción.

El fiscal cuestionó los elementos que la defensa presentó como pruebas, los cuales fueron tomados, como ya se mencionó, de los medios de comunicación, ya que, en su criterio, no hacen parte del proceso.

Respecto a otorgar la detención domiciliaria, Zetien indicó que el defensor ha acudido a varios elementos, entre los que está un dictamen sicológico de Moralesrussi, pero aseguró que no están dadas las excepciones de constitucionalidad para entregar el beneficio.

“No se puede negar la gravedad de unos hechos, la existencia de un juicio, los daños causados por el ‘carrusel’ de la contratación”, señaló.

Por su parte, el procurador Luis Enrique Ortiz solicitó a la juez que se le diera la libertad a Moralesrussi porque la detención preventiva no se debe convertir en una sanción. “Está pasando de ser preventiva a sancionatoria, por el tiempo tan prolongado que llevamos en el proceso”.

Moralesrussi fue inhabilitado en el 2011 por la Procuraduría durante 18 años, para ejercer cargos públicos y es la cuarta vez que le niegan la libertad.

La defensa del excontralor apeló la decisión y será un juez de conocimiento en segunda instancia quien decida sobre este asunto.