"Necesito una llave para la paz": Santos

El presidente Juan Manuel Santos y los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes decidieron eliminar del llamado marco jurídico para la paz la posibilidad de que desmovilizados puedan participar en política después de un proceso de reconciliación.
 
El artículo, uno de los más controvertidos y que generaban suspicacia, quedó eliminado de la ponencia, por lo menos para el primer debaten y podría ser discutido en otras instancias.
 
Si este martes 11 de octubre, el llamado marco jurídico para la paz no es aprobado en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se hundirá. Y las posibilidades jurídicas para eventuales procesos de paz se congelarían y su discusión no volvería al Congreso, por lo menos durante un año.
 
Por eso, el presidente Juan Manuel Santos, le pidió a los representantes de todos los partidos que integran esa Comisión, que este martes aprueben el proyecto, que entre otras pretende elevar a rango constitucional los mecanismos de justicia transicional, como salida jurídica para los miembros de grupos ilegales que, en el futuro, dejen las armas y puedan reincorporarse a la vida civil.
 
Santos, según uno de los representantes que asistieron al desayuno en la Casa de Nariño, fue enfático en decirles a los congresistas: “Necesito una llave para hacer la paz”. Aclaró que no hay en trámite ningún proceso de negociación con las guerrillas (FARC y ELN), pero admitió que le interesa tener una posibilidad legal, jurídica y elevada al rango constitucional, para que la paz sea un escenario futuro, y por qué no, se pueda adelantar durante su gobierno.
 
Sin embargo, los congresistas de todos los partidos siguen expresando su temor frente al proyecto. Su redacción no sólo es difusa, sino que a la hora de interpretar la eventual norma sería tan amplia, que podría ser más benéfica con los victimarios que con las víctimas del conflicto.
 
Santos admitió que la redacción del proyecto es “compleja”, pero reiteró que es una iniciativa útil y que quiere tener sus alcances a la mano. Por eso, a pesar de los temores que hay en el Congreso por aprobar este proyecto, el presidente les sugirió que le den trámite al primer debate y que en las siguientes siete discusiones, que se desarrollarán hasta junio del 2012, las controversias serían consensuadas y la redacción mejorada.
 
Además, aclaró el presidente, cualquier iniciativa en torno a la paz requiere futuras leyes, al señalar que este proyecto de reforma constitucional no es definitivo. Solamente un punto de partida.
 
Ante la sugerencia, no es claro aún si los partidos políticos aceptarán la insinuación de Santos. Por ejemplo, el Partido Liberal, según lo explicó el representante Guillermo Rivera, insiste en que el proyecto es “inconveniente e inoportuno”. Por eso anticipó que su voto, personal, y que no compromete a la bancada, será negativo.
 
El proyecto, de autoría del senador Roy Barreras (La U), busca dos objetivos: resolver la crisis de la Ley de Justicia y Paz y despejar obstáculos jurídicos y constitucionales para futuros y eventuales procesos de paz. Por una parte, el Gobierno sostiene que, con cuatro condenas en seis años y más de 1.800 de los 4.600 desmovilizados sin rendir versión libre, es urgente ofrecer claridad jurídica a las desmovilizaciones pasadas y futuras.
 
Ante la imposibilidad de investigar y juzgar cientos de miles de crímenes cometidos en el conflicto, el proyecto también propone aplicar criterios de selección (al escoger qué casos se investigan y cuáles no) y de priorización, para privilegiar los procesos de los más responsables o los crímenes más emblemáticos.
 
Por otra parte, el proyecto eleva a rango constitucional la justicia transicional, el reconocimiento del conflicto armado interno y autoriza un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades, con lo cual incluye a los militares como actores del conflicto y sujetos de los beneficios de la justicia transicional.
 
El ponente del proyecto, el representante Carlos Edward Osorio, fue claro en explicar que con esta iniciativa los militares podrían acceder a los beneficios de justicia y paz en caso que incurran en violaciones a los derechos humanos.
 
Para ello, tendrían que decir la verdad, reparar a las víctimas y pagar penas alternativas de prisión, que no excederían ocho años, a cambio de no tener que purgar drásticas condenas que según el código penal colombiano no son inferiores a 30 o 40 años.
 
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien anda en una campaña por recuperar la moral de la tropa y proteger a la fuerza pública de acciones judiciales en su contra, insistió a los congresistas aprobar esta posibilidad.
 
Pinzón, quien asistió a la reunión, explicó su argumento al calificar de “injusto” que mientras los paramilitares que perpetraron delitos atroces y sangrientas masacres solo pagan ocho años de cárcel, los militares tengan que purgar 40 años de prisión. A pesar del argumento, la discusión sobre aplicar Justicia y Paz a los militares sigue siendo muy compleja.
 
Pero al término de la reunión la sensación es que los congresistas, que mantienen los temores sobre el proyecto, le darían trámite a la iniciativa y ajustarían la redacción en los debates posteriores. “Un primer debate no se le niega a ningún proyecto”, le dijo a Semana.com uno de los parlamentarios asistentes.
 
La otra conclusión es que Santos está interesado en tener mecanismos jurídicos que le permitan alcanzar la paz, así no tenga nada entre manos en estos momentos.
 
Este martes en la tarde se sabrá si el cerrajero, es decir, el Congreso, empieza a pulir la llave para la paz.