Fuego amigo por reforma a la Procuraduría

Iván Duque regresó al Congreso esta semana en calidad de presidente de la república y acompañado del procurador general, Fernando Carrillo, para radicar un proyecto de ley que le ponga dientes al Ministerio Público contra la corrupción. No es el primer proyecto anticorrupción impulsado por el gobierno. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dos semanas atrás presentó cuatro iniciativas, pero en la foto no estuvo el jefe de Estado. Así que el gesto del presidente junto a Carrillo indica la importancia del proyecto y habla de los nuevos vientos que corren tras los resultados de la consulta anticorrupción. Pero, al mismo tiempo, la iniciativa propuesta contiene una serie de elementos que preocupan al fiscal Néstor Humberto Martínez.

Aunque el proyecto llegó al Congreso el martes, no salió de la manga por cuenta de la votación del domingo. La oficina jurídica de la Procuraduría venía hace tiempo estudiando las herramientas que podrían ayudar a combatir la corrupción, y una vez Duque ganó la presidencia, en la primera conversación que sostuvo con Carrillo habló sobre esa idea. Al equipo de este se sumó la oficina jurídica de la Casa de Nariño y en conjunto redactaron el documento de 42 artículos. ¿En dónde está la polémica?

A ojos del fiscal Martínez, y de algunos de sus asesores más cercanos, varios puntos resultan “inconvenientes” porque invaden territorios exclusivos del ente acusador. El más crucial tiene que ver con la facultad de extinción de dominio, es decir, la potestad de la Fiscalía para perseguir bienes de origen ilícito con el objeto de que por vía judicial su propiedad pase a manos del Estado. Carrillo propone que en casos de corrupción la Procuraduría también pueda llevar ante los jueces demandas de extinción de dominio y, además, plantea un “procedimiento exprés” que defina tales casos máximo en un mes, siempre que el bien afectado no tenga un valor superior a 1.000 millones de pesos y que solo tenga un propietario, ya sea una persona natural o jurídica.

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En el búnker de la Fiscalía consideran que habilitar a la Procuraduría para realizar extinción de dominio frente a corruptos produciría un desarreglo institucional. Esta semana, en su rendición de cuentas tras dos años al frente de la entidad, Martínez señaló que en su gestión han incautado 21.352 bienes que significan 10,7 billones de pesos. “¿Con tantos éxitos para qué vamos ahora a introducir ruidos en esa materia?”, se pregunta el fiscal. Por su parte, en la Procuraduría –y en la Presidencia de la República– piensan que la extinción de dominio es una acción patrimonial y no un instrumento exclusivamente penal, por la cual el Congreso puede entregarles su impulso a distintas autoridades, y más tratándose del Ministerio Público, una de las entidades con poder sancionatorio del Estado.

Pero de seguro el punto más controversial del proyecto de ley tendrá que ver con las herramientas que pide el Ministerio Público para recaudar las pruebas que soportarían sus casos de extinción de dominio. Con aval de los jueces, la Procuraduría podría realizar allanamientos, interceptaciones telefónicas, seguimientos, vigilancia de personas e incluso usar agentes encubiertos, entre otros roles. Todas estas actividades son propias de los cuerpos de policía judicial como el CTI de la Fiscalía. Frente a esto Carrillo es categórico: “El artículo 277 de la Constitución dice que la Procuraduría tiene atribuciones de policía judicial. Claro, como la propia Fiscalía siempre sometidos a juez de garantías. No se trata de que vamos a hacer interceptaciones sin más, para eso hay que acudir a un juez”.

Ante esto, el fiscal Martínez frunce el ceño y dice que espera que las iniciativas de lucha contra la corrupción no vayan a generar desencuentros institucionales. En concreto, frente a las misiones de policía judicial, dice sin ambages: “En Colombia solamente la Fiscalía puede hacer allanamientos, interceptaciones y misiones de ese tipo. Es lo que ordena la Constitución y esperamos que ningún proyecto de ley intente contravenir el orden constitucional de la república”.

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Aunque la discusión ha girado en torno a los puntos de vista disímiles del procurador y el fiscal, el proyecto de ley contiene otros elementos que meterán en el debate a más actores. En particular, un ajuste que propone Carrillo para perseguir la corrupción en el ámbito privado promete candentes debates. Se trata de facultar a la Procuraduría para solicitar la desestimación de la personalidad jurídica. Este recurso se conoce como levantamiento del velo corporativo. Esa barrera blinda a los socios de firmas empresariales de tal forma que ante un lío legal responde el representante legal de la compañía, pero no sus accionistas.

Levantar el velo corporativo permitiría perseguir a los dueños del letrero como directos responsables para obligarlos a responder incluso con sus patrimonios. Carrillo considera que si el Estado contara con un instrumento legal que permitiera acusar responsabilidad penal de personas jurídicas, habría podido actuar con mayor contundencia contra las cabezas de Odebrecht y contra cualquier multinacional del soborno. El proyecto propone que las personas jurídicas responderán por delitos de corrupción siempre que se pruebe que los responsables legales hayan cometido tales ilícitos “en su interés o para su provecho”. Ese breve parágrafo generará un debate que enfrentará a públicos y privados como pocas veces se ha visto.

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El procurador dice estar muy seguro de cada renglón del proyecto. Y resalta que quien se siente a estudiarlo encontrará que el grueso de la iniciativa se ocupa de robustecer la acción preventiva del Ministerio Público sin debilitar a ningún ente de control. La misión clave de la entidad, asegura, es diagnosticar oportunamente la enfermedad del paciente y no practicar su autopsia. “Este proyecto no le resta ninguna potestad a la Fiscalía”, concluye.

Por su parte, el fiscal Martínez le bajó el tono al episodio el viernes y aseguró que el intercambio de puntos de vista más que nocivo resulta saludable. En tono jocoso agregó que de cualquier forma la amistad personal e institucional que lo une con Carrillo “es a prueba de balas”. Pero ambos, fiscal y procurador, están prestos a llevar sus argumentos al Congreso con el ánimo de que su visión convenza al Legislativo y que, en consecuencia, ocurra lo que cada cual considera mejor en la lucha contra la corrupción. El primer tercio de intercambio de dardos indica que será un debate para alquilar balcón.