La difícil propuesta del fiscal general para destrabar la paz

La noche en que Juan Manuel Santos recibió la peor noticia de su gestión como jefe de Estado, la derrota del Sí en el plebiscito por la paz, tuvo una larga reunión privada en la Casa de Nariño con el vicepresidente Germán Vargas y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Los tres analizaron, por una parte, la crisis política que significaba el hundimiento de los Acuerdos de La Habana por cuenta del triunfo del No y, de otro lado, el limbo jurídico que ocasionaba el empantanamiento del cronograma de dejación de armas, la ley de amnistía y, en general, la incierta implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz contenida en las 297 páginas de los acuerdos rechazados en las urnas.

Tras esa reunión en Presidencia, hoy se conoce una primera idea del fiscal general para enfrentar el dilema del proceso de paz con las FARC. Martínez dijo, a la salida de un evento de la Anif, en el Hotel Tequendama de Bogotá, que junto a su equipo están analizando alternativas.

Para él, las opciones “inclusive podrían estar en el ámbito de la Ley de Justicia y Paz. A través de esta se podrían explorar opciones para aclimatar y consolidar la paz. Aplicar esta ley a guerrilleros podría ser una opción, también puede haber una posibilidad en la Ley 418 en materia de indultos… hay un abanico de opciones, pero lo importante es que las decisiones políticas se produzcan. Los operadores judiciales vamos a coadyuvar el proceso de paz”.

Martínez además reveló que, en criterio del presidente Santos –“y así se lo hizo saber al fiscal general”– tras la debacle del plebiscito el proceso de paz aún mantiene “sustento jurídico”, es decir, para la Casa de Nariño, las 297 páginas pactadas con las FARC desde el plano legal mantienen vigencia.

Una lectura similar hacen las FARC. El comandante en jefe de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, tras conocer el triunfo del No en el plebiscito, dijo desde La Habana: “Es la paz un derecho contra-mayoritario porque es un derecho configurador y esencial de la dignidad humana. Así lo admite la Corte Constitucional, que además consigna en reciente sentencia que la consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno. El efecto es político”.

La propuesta de Martínez podría encender una nueva controversia jurídica. La ley de Justicia y Paz no ha tenido los resultados esperados. En 10 años, apenas ha producido 34 sentencias. Tampoco se ve fácil que la guerrilla acepte someterse al mismo mecanismo de los paramilitares, sus antagonistas de la guerra por décadas. Y menos si se tiene en cuenta que muchos de los líderes de las AUC terminaron extraditados. Con la velocidad con la que contestan las FARC, muy probablemente se sabrá muy pronto qué piensan de la idea del fiscal general.