Ni borrón ni cuenta nueva

Tras 28 años de espera el Ministerio de Ambiente redelimitó la reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá. Le entregó a la ciudad una franja a lo largo de estos, de 917 hectáreas, para que defina la suerte de los barrios, conjuntos y edificaciones que allí se construyeron, así como las zonas verdes y de conservación. Esta es la primera vez que un representante de la alcaldía de Lucho Garzón habla de la medida. SEMANA: ¿Está la administración de Lucho Garzón de acuerdo con la resolución del Ministerio o la van a demandar? Carmenza Saldías: Nosotros aceptamos la legalidad de la resolución, pues hasta el momento no tenemos razones para cuestionarla. Además no podemos poner en duda la legalidad de lo actuado por el Ministerio, pues es de su competencia, lo que no significa que cuando tengamos dudas no las vayamos a expresar. SEMANA: Pero el representante Gustavo Petro, que hará esta semana un debate en el Congreso sobre el tema, dice que la administración se debe oponer a uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de la ciudad. C.S.: A Petro le he solicitado que nos dé el voto de confianza y que nos permita hacer una reglamentación que ponga fin a los problemas y cree una zona entre la ciudad y la reserva en la que se cumplan los principios de equidad, respeto ambiental y justicia social. El peor escenario es demandar, porque en medio de ello los vivos siguen depredando los cerros. Eso no significa que no dé a conocer la información que él tenga o haga las denuncias que quiera hacer. SEMANA: ¿La resolución favoreció a los más ricos? C.S.: Hay varios ganadores. Las 72.00 personas que viven allí, en su gran mayoría pobres, porque al ser legales tendrán tranquilidad y responderán por sus obligaciones. La ciudad porque ahora tiene claridad, y la ciudadanía porque tendrá certeza de que no se seguirá atropellando un recurso tan valioso. Si algunos ganaron más de lo que les toca, la ciudad tiene los instrumentos para cobrarles y recuperar los beneficios colectivos. SEMANA: ¿Esto qué significa? C.S.: Que aquellos que se están beneficiando de vivir en medio de los bosques y el aire puro deberán compensar al resto. El Plan de Desarrollo de Lucho, junto con otras normas, como el impuesto de plusvalía, el sistema de cargas y beneficios, el impuesto de valorización o predial, nos dan los mecanismos para que paguen el doble de algunas cosas. SEMANA: La nueva zona le entrega a la ciudad los problemas, pero le anexa un terreno valioso que no tenía. C.S.: Más bien diría que ese borde expresa los pecados de todos. De la Nación por no haber hecho el registro de las limitaciones a su tiempo. De la CAR, el Dama y la ciudad por permitir lo que pasó; de los particulares que no respetaron un bosque que no era de ellos y de los urbanizadores que aprovecharon la fragilidad de la norma. SEMANA: Cree que la resolución legaliza las construcciones hechas sobre zonas de reserva de los cerros? C.S.: No hay legalización automática. Diría que abre las puertas para resolver las situaciones que permanezcan, pues al tener ya las áreas definitivas, junto a la normatividad que debemos expedir, podremos definir caso por caso, para recuperar el equilibrio ambiental. En algunas zonas este proceso nos tomará varios años. SEMANA: ¿La resolución pone fin a los casos que estaban siendo investigados por la forma como se obtuvieron las licencias y se construyeron? C.S.: Hasta donde sé, los procesos continúan, pues eso es otra discusión de cómo se ocupó de manera ilegal algo que no se podía tocar. Ahora comienza otro camino, en el que tampoco se eximirán penalidades. SEMANA: Entonces, ¿para ustedes la resolución no es un borrón y cuenta nueva? C.S.: No, ni riesgos, permite saber quiénes lo hicieron mal y quiénes no. SEMANA: ¿Cuándo saldrá la nueva reglamentación? C.S.: Entre seis y 12 meses.