NI CON DIOS NI CON EL DIABLO

Las imágenes de políticos y personajes de la clase dirigente tras las rejas o entrando a la Fiscalía para rendir indagatoria en el furor del proceso 8.000 llevaron a muchos analistas a pensar que en ese momento la justicia colombiana daba sus primeros pasos hacia un sistema más eficiente y equitativo. Pero esos análisis, válidos o no, distan bastante de la percepción que muchos colombianos tienen hoy, después del proceso 8.000, sobre la justicia en el país y en general sobre la confianza en cualquier organización, sea esta legal o ilegal. Esta es una de las conclusiones que se deriva de una encuesta adelantada por el Centro Nacional de Consultoría para el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional como parte de la investigación sobre justicia y política adelantada por Francisco Gutiérrez Sanín, Mario Aguilera, Carlos Mario Perea y Juan Gabriel Gómez. Según los resultados de la encuesta, realizada en 35 ciudades y municipios del país, divididos entre los de mayor violencia y los demás (ver ficha técnica), la mayoría de las personas interrogadas considera que la impunidad todavía se pasea como Pedro por su casa en Colombia pero, más grave aún, opina que cuando la justicia da su fallo castiga a personas inocentes y está al servicio de los poderosos. Siete de cada 10 colombianos dicen estar totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación "en Colombia reina la justicia"; nueve de cada 10 califican de muy lenta a la justicia y consideran que castiga a los inocentes; cuatro de cada cinco creen que no castiga a los delincuentes y ocho de cada 10 opinan que no toca a los poderosos. Esta desconfianza en la justicia se manifiesta también frente a instituciones del Estado, como el Ejército, la Procuraduría y la Fiscalía, y, más aún, se expande a cualquier organización social legal o ilegal, sea de izquierda o de derecha. De acuerdo con los resultados de la encuesta, los grupos guerrilleros, los paramilitares, las Convivir y las milicias populares no gozan de prestigio dentro de la mayoría de la población, sin mayores diferencias entre los municipios más violentos y los menos violentos del país. Nueve de cada 10 encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo con afirmaciones como "si la guerra no fuera negocio ya se habría acabado" o "cada actor armado busca mantener sus ganancias económicas". Así, parece ser que aunque la guerrilla y los paramilitares han aumentado su fuerza en el país durante este gobierno, no por ello gozan de mayor credibilidad dentro de los ciudadanos y solo un 15 por ciento de la población dice entender la violencia como un medio para hacer la revolución o para la autodefensa.La encuesta, de 46 preguntas, se diseñó con base en las experiencias de trabajo de campo de los politólogos y también en los resultados de encuestas similares realizadas anteriormente en el país. Al comparar Los datos los investigadores encontraron como reveladoras la crisis de confianza y la asociación de injusticia con el castigo a los inocentes más que con el hecho de no castigar. También descubrieron un cansancio de los ciudadanos hacia la ilegalidad de todo tipo, pues cuando se les presentaron ocho escenarios posibles de futuro para que seleccionaran el que más les gustaba la mayoría de ellos prefirió un lugar con mayor justicia, sin economía ilegal y sin organizaciones armadas. Pocos le dieron prioridad a la participación política. En el aspecto personal, por su parte, desearían tener una mayor educación. La investigación también se adentró en las relaciones interpersonales. En general la mala imagen y la falta de credibilidad no se trasladan a este campo y tampoco se generalizan hacia todos los colombianos. Por ejemplo, a la pregunta de "¿qué pasa cuando una persona adquiere un compromiso con usted?", la mitad afirma que lo cumple, pero cuando se les pregunta por los compromisos que adquiere el gobierno la mitad dice que no los cumple. La imagen generalizada es, entonces, que el gran faltón en Colombia es el Estado y no todos son culpables, pues los colombianos se perciben a sí mismos como relativamente confiables, solidarios, serviciales y cívicos; el problema es que no cumplen la ley y tampoco todos los acuerdos, pero en este aspecto parece ser que quien da el ejemplo es el gobierno.El rechazo a cualquier tipo de organización o grupo social, legal o ilegal, también se expresa en la baja participación de los ciudadanos en cualquier actividad política y, de hecho, el 40 por ciento no considera que Colombia sea un país democrático. Así, por ejemplo, ocho de cada 10 colombianos no han participado nunca en Juntas de Acción Comunal; siete de cada 10 no lo han hecho nunca en organizaciones comunitarias, como grupos de deportes, juveniles, ecológicos, etc., y nueve de cada 10 jamás han participado en organizaciones sindicales, económicas o movimientos cívicos.En últimas, parece ser que los colombianos se llevan bien con el vecino pero no con cualquier organización que represente los intereses del barrio, lo que parece contradictorio con el tipo de organización política que prefieren en el país, pues a pesar de todo no confían en la revolución, no quieren un dictador y consideran que el sistema electoral, estén o no de acuerdo con él, es el que mejor puede funcionar.