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Nicaragua concede cuarto asilo político al hermano del 'canciller' de las Farc

"Nicaragua oficializa la aceptación del asilo político en el caso de los colombianos de la familia Granda", dijo en rueda de prensa el canciller nicaragüense, Samuel Santos.

4 de junio de 2010

El Gobierno de Nicaragua concedió hoy asilo político a Rubén Darío Granda, hermano del llamado canciller de las Farc, Rodrigo Granda, con lo que suman cuatro el número de personas vinculadas a esa guerrilla que reciben este beneficio en la actual administración de Daniel Ortega.

"Nicaragua oficializa la aceptación del asilo político en el caso de los colombianos de la familia Granda", dijo en rueda de prensa el canciller nicaragüense, Samuel Santos.

El funcionario indicó que la embajada de Nicaragua en Colombia ya entregó una carta a la Cancillería de Bogotá informando sobre la decisión del Gobierno de Managua con relación al caso de Granda, que el pasado 31 de mayo pidió asilo en la sede diplomática en la capital colombiana.

Santos señaló que el traslado de Granda, su esposa, Mercedes Aranda, y el hijo de ambos a Managua, "depende un poco de las conversaciones" que mantengan ahora con el Gobierno colombiano, que, según dijo, ya dio por recibida esa notificación.

Adelantó que en la nota enviada, Managua solicitó a las autoridades colombianas que otorguen documentos de salvoconducto para que la salida de Granda y su familia se dé "sin peligros para sus vidas y su libertad".

Agregó que la decisión de Managua de conceder asilo político a Granda "está sustentada" en la Constitución del país.

Rubén Darío Granda fue señalado por las autoridades colombianas como el encargado de hacer millonarias transacciones financieras con dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que incluían compra de tierras, centros de recreación y bienes raíces.

El asilado fue detenido por las autoridades colombianas el pasado 6 de abril en compañía de su esposa, y ambos fueron acusados del delito de financiación de actividades terroristas para las FARC.

Días después, un juez colombiano consideró de dudosa la legalidad de las pruebas presentadas para acusarle de financiar y pertenecer a estructuras terroristas.

El Gobierno de Daniel Ortega, un ex guerrillero sandinista que asumió el poder en enero de 2007, también ha concedido asilo a tres guerrilleras colombianas, incluida Nubia Calderón, alias "Esperanza", miembro de la Comisión Internacional de las Farc, y a la mexicana Lucía Morett, que se encuentra ya en su país.

Las colombianas Doris Torres Bohórquez, y Martha Pérez Gutiérrez, junto a Morett, sobrevivieron a un ataque militar colombiano contra un campamento de las Farc en Ecuador en marzo de 2008, en el que murieron 26 personas, entre ellas el portavoz internacional del grupo guerrillero, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes".

Nicaragua rompió relaciones diplomáticas por 26 horas con Bogotá tras ese ataque en "solidaridad" con Ecuador, e, indirectamente, con las FARC.

Ortega, el principal aliado político del gobernante venezolano, Hugo Chávez, en Centroamérica y fue un "amigo" declarado del desaparecido jefe de las Farc "Manuel Marulanda Vélez" o "Tirofijo", alias de Pedro Antonio Marín, a quien condecoró con la máxima orden sandinista, en 1999, en San Vicente de Caguán, en la selva de Colombia.

Ortega calificó como "luchador extraordinario" al otrora líder de la mayor guerrilla de Colombia, tras lamentar su muerte.

Las Farc son consideradas como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que el Gobierno de Colombia las acusa de obtener millonarios recursos del narcotráfico.

La oposición nicaragüense ha criticado al Gobierno de Ortega por otorgar asilo a presuntos terroristas y los gobernantes sandinistas se defienden por tener también un pasado guerrillero.

Las relaciones entre Bogotá y Managua no son las mejores a raíz de las críticas del presidente Ortega hacia Colombia por la firma de un acuerdo de cooperación militar con Washington, por el que Estados Unidos puede utilizar siete bases colombianas para combatir el narcotráfico y el terrorismo.

Nicaragua y Colombia también mantienen una disputa por los límites fronterizos en el Caribe debido a una demanda presentada por Managua, que declaró no válido un acuerdo de límites suscrito en 1928 y llevó el litigio a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

El pleito en cuestión busca que la CIJ delimite una frontera marítima entre Nicaragua y Colombia y la soberanía de los cayos Serrana, Roncador, Quitasueño y otros accidentes geográficos insulares.
 
EFE.