No hay almuerzo gratis

Nunca, ni en los tiempos en que Marco Fidel Suárez bautizó la política exterior colombiana como la de "mirar hacia el norte", ha habido una presencia tan extendida de Estados Unidos en el país.

Son casi 2.000 estadounidenses en misión oficial en Colombia (1.200 vinculados a la embajada, 364 civiles contratados en proyectos del Plan Colombia y 323 militares en labores de entrenamiento y asesoría). Es la misión diplomática norteamericana más grande del planeta. Y están en todas partes.

Están en las labores que todo el mundo ya conoce, como la fumigación de cultivos ilícitos, el entrenamiento del Batallón Antinarcóticos o la operación de radares en Tres Esquinas y en Leticia; y también en las menos conocidas, como el apoyo a los organismos de investigación penal (CTI de la Fiscalía, Policía, DAS y Medicina Legal) para conectar en red, en una especie de laboratorio virtual, información sobre las armas que han disparado balas asesinas. O la asesoría técnica a la Procuraduría para algunos programas de vigilancia en derechos humanos o a Estupefacientes para sistematizar la información de bienes incautados al narcotráfico.

Están en los asuntos más internacionales, como asesorando el cuidado de las costas colombianas con su Servicio de Guardacostas, o en los más cotidianos e internos, como el Servicio de Marshals -que protege las cortes de E.U.- entrenando escoltas en Bogotá.

Están en lo más práctico, como discutir con el Inpec si los presos deben tener o no televisión en las cárceles de máxima seguridad, cuyos guardias han entrenado los gringos. Y en lo más conceptual, como empujar a Colombia hacia la adopción de un sistema acusatorio en su justicia, para lo cual no sólo colaboraron en la creación de 19 cortes para juicios orales y entrenaron a 3.400 jueces en estos juicios, sino que asesoraron el contenido del nuevo Código de Procedimiento Penal.

Están en la guerra, con el préstamo con cero costo de mantenimiento y funcionamiento de 14 helicópteros Black Hawk, 25 Huey II, 33 UH-1N y tres K-max, y con el apoyo de inteligencia a la Brigada contra el Narcotráfico y el Ejército con cinco aviones SA-237. Pero también están en la ayuda humanitaria: con su financiación se atendieron 775.000 desplazados en 2002 y se apoyó la reinserción de 733 niños combatientes.

El gobierno de Estados Unidos tiene 32 agencias diferentes trabajando en Colombia. Además ha canalizado ayuda social a través de 23 grandes contratistas de ese país (entre éstos Chemonics y MSD), que han repartido 762 contratos a un número similar de ONG y otras entidades privadas en labores que van desde veedurías ciudadanas hasta programas de jóvenes desempleados en las ciudades. La ayuda militar también tiene contratistas privados norteamericanos. Tan sólo en 2002 el gobierno de Estados Unidos hizo contratos con 14 firmas diferentes por cerca de 147 millones de dólares para procesar inteligencia, fumigar, e incluso para entrenar perros antinarcóticos.

Las preguntas

Es verdad que, como dice el refrán, a caballo regalado no se le mira el diente. Pero ante presencia tan preponderante en tantos asuntos de la vida colombiana surgen muchas preguntas: ¿Está ayudando a Colombia a salir de sus problemas o, por el contrario, está volviendo al país más dependiente? ¿Está usándose la ayuda para lo que necesitan los colombianos o para lo que requieren los estadounidenses?

Las respuestas son diferentes según el área que se mire. No obstante, para tener una apreciación general de lo que ocurre, SEMANA les pidió a 34 líderes dentro y afuera del Estado, que han tenido experiencia directa o indirecta con la ayuda estadounidense, que la calificaran respondiendo a cinco preguntas (ver gráfico).

La ayuda es definitivamente bienvenida y algunas personas le dieron 5 aclamado. Pero muchos perciben que, en la práctica, lo que se ha hecho con la ayuda estadounidense ha sido más lo que ellos querían que lo que los colombianos necesitan. Esto, sobre todo, es verdad en el área social. Y son varios los funcionarios colombianos que creen que dependen demasiado de las decisiones de los norteamericanos para que los programas avancen. La crítica mayor en este punto provino del área de antinarcóticos y militar.

Es que en cada área hay luces y sombras. En la militar, poco brillante ha sido la poca transferencia de conocimiento y tecnología a los colombianos, a pesar del esfuerzo nacional por conseguirla. Y en algunas ocasiones, como en el caso de la costosa asesoría que hizo la firma Mpri para la reestructuración de las fuerzas, según lo dijeron los colombianos, casi que se botó la plata a la basura. Algo similar ha sucedido con los tres helicópteros K-max que se trajeron y que, como lo confirmaron varias fuentes del sector, no han resultado adecuados para tareas fundamentales.

En Estados Unidos hay quienes sostienen que la injerencia norteamericana también ha sido positiva en lo militar, por ejemplo, para que las Fuerzas Armadas colombianas mejoren su desempeño en materia de derechos humanos. Igualmente sostienen que la persistencia gringa ha empujado al Ejército a tomar mayores riesgos y a aumentar considerablemente el número de enfrentamientos con los grupos armados ilegales.

Hay otros puntos en la agenda estadounidense sobre los que hay resistencia colombiana: poner a funcionar realmente un Consejo Nacional de Seguridad que hasta ahora existe sólo en el papel y universalizar el servicio militar obligatorio para todos los estratos sociales, algo que está incluido en un proyecto de ley que ya tuvo que retirarse una vez y ha vuelto a empezar su curso en el Congreso.

En un área especialmente sensible para Colombia, como el secuestro, Estados Unidos ha sido más bien miope en su ayuda. Según dijeron a SEMANA varias personas que trabajan en esa lucha, los 25 millones de dólares de donación que anunció Estados Unidos hace poco venían negociándose entre estadounidenses y colombianos de tiempo atrás. Los colombianos dijeron que necesitaban sobre todo equipos de interceptación de llamadas y un mejor conocimiento en el procesamiento de la información y la recolección de pruebas válidas para la justicia. Los estadounidenses querían entrenar a los equipos Gaula en el rescate de secuestrados. Eso, a pesar de que precisamente por ser Colombia el campeón del secuestro, es aquí donde estos equipos de rescate tienen la mayor experiencia. En lo corrido de este año hasta agosto 31 los Gaula liberaron a 140 personas sin que muriera nadie en los operativos de rescate. No obstante la decisión final de los norteamericanos fue la de darle más de 19 millones de dólares a una escuela de entrenamiento en rescates (lo que ellos querían) y el resto para lo que deseaban los colombianos.

En otros casos las críticas han sido por el exceso de procedimientos burocráticos del lado estadounidense y la falta de coordinación. Muchos en Washington todavía recuerdan con sorna el día, cuando comenzó a despacharse la ayuda para el Plan Colombia, en que llegaron a la sede central del Departamento de Estado unos gigantescos equipos de artillería que debían haber sido enviados a Colombia con los helicópteros respectivos y que, por un cúmulo de errores, terminaron en el lugar equivocado.

La otra ayuda

En el campo de la justicia las críticas han sido más puntuales: que los equipos donados siempre dejan a las entidades amarradas a empresas estadounidenses con costos altos de mantenimiento; o que someten a todos los funcionarios que quieran recibir capacitación al detestable y humillante polígrafo, o detector de mentiras, cuya validez no se ha probado; o mucha de la enseñanza que se hace en Estados Unidos, cuando se podría entrenar a más funcionarios con el mismo dinero en Colombia.

"Es formidable cómo presionan para que en cada gasto lo dominante se haga allá en Estados Unidos", dijo un funcionario de la justicia.

También ha habido señalamientos con relación a la agenda que imponen los estadounidenses. Por ejemplo, que la capacitación ha estado demasiado enfocada en cambiarse al sistema acusatorio sin que esto realmente lo haya discutido la sociedad colombiana.

No obstante hay funcionarios que han señalado con gran admiración la flexibilidad de sus pares estadounidenses para aceptar sus propuestas y para financiar rápidamente proyectos concretos y útiles.

En general en el campo de lo social el problema más señalado ha sido que los colombianos mismos no han sabido qué quieren. "Se pidieron dineros para todo tipo de programas sin ninguna articulación ni metas claras, y el resultado es que los gringos hicieron lo que les pareció", dijo otro funcionario del gobierno nacional.

En este punto, al igual que en el de garantizar que los programas continúen aún si falta el dinero estadounidense, la falla ha sido más colombiana que gringa. Así, por ejemplo, sólo hasta hace poco se diseñó un modelo para que los municipios comenzaran a sostener el funcionamiento de las 33 Casas de Justicia -que en dos años han atendido 742.000 casos- que hasta ahora dependía absolutamente de los recursos estadounidenses.

Y por último está el tema de la fumigación masiva de cultivos. En general, allí la discusión más que de si lo que se impone es la agenda norteamericana o la colombiana, es de corte ideológico, con defensores y críticos de esta política tanto en Colombia como en el exterior. Sobre la eficacia de la ayuda en este terreno las críticas públicas han sido ya muy conocidas por el país, como cierta falta de coordinación de la ayuda social y la erradicación de cultivos; unos pocos contratos con ONG sin mayor trayectoria en el campo específico y hasta denuncias de amiguismo en la distribución de un par de contratos por presión del anterior gobierno.

Resultados y retos

Es claro que Estados Unidos es el que ha puesto 2.200 millones de dólares en los últimos tres años y que por eso son ellos los que tienen la sartén por el mango. Pero esto no quiere decir que no sea sano que Colombia debata qué tanta ayuda quiere, para qué la quiere, con qué prioridades y qué problemas ha encontrado al ejecutarla.

Los estadounidenses han sido transparentes en decir qué buscan con esa ayuda: respaldar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, problema en el cual ellos son corresponsables, y que les dejó, en el año 2000, 50.000 muertos y pérdidas económicas por 160.000 millones de dólares; apoyarla también a que controle todo su territorio y le arrebate este poder a los grupos armados ilegales porque en esos espacios vacíos de poder estatal puede prosperar un terrorismo global que los puso en la mira; busca proteger a los 50.000 estadounidenses que viven aquí; proteger inversiones directas que suman 5.760 millones de dólares, y quieren asegurar la estabilidad de un aliado clave en una región turbulenta y demasiado cercana.

Y es innegable que muchos de esos objetivos son deseables también para Colombia y, en este sentido general, su ayuda ayuda al país. Pero no hay almuerzo gratis. La ayuda viene con una agenda de prioridades y sólo en la medida en que Colombia defina mejor qué quiere con esa ayuda y cómo sirve a las prioridades colombianas, ésta puede terminar contribuyendo realmente al fortalecimiento de la democracia colombiana.

En este sentido Estados Unidos también podría tener una visión de mayor calado. A juzgar por las opiniones de los receptores de sus recursos, algunos de sus funcionarios podrían trabajar con mayor sintonía hacia lo que creen los colombianos pueda tener mayor impacto. Los oídos sordos o la búsqueda del beneficio de corto plazo puede derrotar su propósito original.

Otro asunto es de qué modo se puede aprovechar más rápido esa ayuda. Como dijo un analista estadounidense, a veces ni los colombianos ni los estadounidenses parecen estar conscientes de la urgencia de la situación. "Si no se da vuelta a las cosas rápidamente la frustración puede ser grande y todo el costoso experimento puede fracasar". Pero no hay que olvidar que Estados Unidos, a diferencia de Colombia, puede irse.