No hay derecho

Alcanzó a haber celebración. El Congreso había aprobado una ley que establecía que las parejas del mismo sexo tendrían los mismos derechos de las demás en materia de seguridad social y de patrimonio. Pero, en un hecho sin antecedentes, en una instancia que se considera un formalismo, los energúmenos enemigos del proyecto lo hundieron en la etapa de conciliación de las versiones ya votadas, a favor, en el Senado y en la Cámara.

La sorpresiva movida causó indignación y motivó protestas. El método molestó. Los ocho debates reglamentarios se habían completado y los argumentos se habian discutido a profundidad. La aprobación de la ley se había realizado con plena conciencia y en franca lid. Utilizar la conciliación como un tiempo extra para cambiar el marcador es un recurso truculento que no se había utilizado antes y que puede ser un peligroso precedente. En este caso resulta peor todavía, porque las diferencias que había que ajustar no eran de fondo. Eran gramaticales.

Las parejas de un mismo sexo llevaban meses detrás de la ley, a pesar de que la norma no significa demasiado. No legaliza los matrimonios ni les abre la posibilidad de adoptar hijos. Establecía simplemente derechos iguales a los de los demás en la extensión de beneficios de salud a la pareja de un trabajador, y en que cuando uno muera, el otro pueda heredar sus bienes. Lo del patrimonio, incluso, ya existe. En febrero pasado, la Corte Constitucional determinó que los derechos de herencia en todas las parejas son iguales. En una ley que los había extendido a las uniones libres y de hecho, dictaminó que estas no tenían que ser heterosexuales.

Más que las disposiciones concretas, el proyecto estaba lleno de simbolismo para la población gay. “Era la primera vez que el Estado mostraba una intención de tratarlos en forma igualitaria”, según el senador Armando Benedetti, líder del proyecto. Aprobarla habría contribuido a debilitar su injusta asociación con estereotipos negativos, los cuales, con frecuencia, son utilizados como licencia para aplicar contra ellos prácticas violentas. Hay estudios que demuestran que los gay sufren más que el resto de los colombianos por violaciones a los derechos humanos.

Los homosexuales son víctimas de la violencia simbólica. La ley habría sido una contribución para disminuir la discriminación. Se conocen casos de perjuicios causados porque les niegan prácticas tan cotidianas como el acceso al trabajo. Es muy probable que un nuevo proyecto se vuelva a presentar y que tarde o temprano se convierta en ley. Pero su postergación prolongará la injusticia.

¿Quién es responsable? Por lo insólito del método de hundimiento, la pilatuna no tiene padre conocido. Pero hay indicios. Sus promotores se durmieron sobre sus laureles y descuidaron los votos de la conciliación. Varios congresistas ya se habían ido de vacaciones. Un coctel en el Palacio Presidencial se llevó a varios senadores y representantes e incrementó aun más el ausentismo: el quórum precario apenas llegó a un 60 por ciento. Sólo 10 uribistas votaron, sin perjuicio de que unos minutos más tarde aparecieran 18 más para sufragar a favor del proyecto de transferencias, y el gobierno nunca hizo esfuerzos para mover la coalición que lo respalda.

En todas las bancadas, además, hay posiciones divididas. Algunas curules han cambiado por distintas causas como la muerte (en el caso de Luis Guillermo Vélez) o la para-política, y los recién llegados cambiaron los votos que sus antecesores habían depositado a favor del proyecto. En el confuso panorama, con todo y conatos de gresca, los enemigos de la iniciativa, minoritarios pero vivarachos, dieron el zarpazo. Y ganaron, por ahora, una batalla inútil.