NO HAY LUGAR

Desde el nombramiento del ministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, no se había producido tanta controversia en el país alrededor del nombramiento de un funcionario. En este caso se trataba del nuevo procurador interino, Alfonso Gómez Méndez. Un lector desprevenido que viera los editoriales de los periódicos El Tiempo, El Siglo, El Espectador y La Prensa de la semana pasada, quedaría con la impresión de que el hombre escogido por el presidente Virgilio Barco para velar por la moral pública es un aliado de la subversión, cómplice de contrabandistas, defensor de hampones y ficha del gobierno que supuestamente tiene que fiscalizar.
Teniendo en cuenta que la Procuraduría General es para muchos la segunda responsabilidad del país después de la Presidencia de la República, la cosa no es de poca monta. Prácticamente los únicos delitos graves que no se le endilgaban al procurador eran los de narcotráfico y secuestro.
¿Pero exactamente de qué está acusado Gómez Méndez y qué tan culpable es? El principal problema, según él, es que no hay acusaciones, sino simplemente rumores y "es muy difícil defenderse de un rumor". El primer acusador, o más bien insinuador, fue el periódico El Tiempo, que un día después del nombramiento editorializó sobre sus "claras vinculaciones con extremistas políticos" y lanzó al vacío un cuestionamiento sobre "ciertas actuaciones suyas en su carrera como abogado (...) sobre las cuales tendremos ocasión de explayarnos". El procurador se trasladó inmediatamente a las oficinas del diario a solicitar que le concretaran los cargos. El cargo que lo vinculaba con grupos extremistas resultó un malentendido. El periódico recibió una información según la cual Gómez Méndez había sido defensor de los asesinos de Gloria Lara y de los de Pardo Buelvas. La información era falsa y El Tiempo le ofreció a Gómez Méndez aclarar el asunto.En el editorial del día siguiente, sin embargo, no se mencionaron ni siquiera los casos de Gloria Lara y Pardo Buelvas, y en cambio se dijo que la complicidad con la extrema izquierda había sido atribuida a una alianza electoral de la UP con su movimiento en el Tolima. El editorial aseguraba que esta cercanía era suficiente impedimento, puesto que muchos de los casos que tiene que esclarecer la Procuraduría están relacionados con las víctimas de la UP. Como además de Gómez Méndez, muchos liberales absolutamente respetables, incluyendo al actual ministro de Justicia, Guillermo Plazas Alcid, habían hecho alianzas electorales con la UP, la incompatibilidad planteada por El Tiempo no pasó a mayores. Más de izquierda que el actual procurador era considerado Horacio Serpa, su antecesor en el cargo, quien se retiró en medio de los elogios de toda la prensa, sin que nadie hubiera hecho jamás mención a ninguna inhabilidad derivada de sus simpatías ideológicas.
Otra de las acusaciones que se le hacían a Gómez Méndez tenía que ver con el famoso caso del robo a la aduana de Medellín. Gómez había sido abogado del hermano de Juan Guillermo Ríos, Jaime Humberto Ríos, uno de los acusados en este caso. Según sus detractores, 18 meses después una comisión de la cual hizo parte el nuevo procurador, redactó una norma en el nuevo Código Penal Aduanero que a la larga habría de determinar que el caso del robo de la aduana prescribiera. Aquí implicitamente había dos cargos: uno, que fuera abogado defensor del señor Ríos, y el otro, que hubiera intervenido para hacer aprobar una norma que lo favoreciera. Esta última acusación fue desmontada rápidamente. Un abogado que participó en la comisión redactora del nuevo Código Penal Aduanero, Roberto Medina López, se adjudica la paternidad de la norma en cuestión y niega la participación de Gómez Méndez en este asunto. En cuanto a la primera, coloca sobre el tapete una innovadora costumbre que se está poniendo de moda en Colombia: confundir al cliente con el abogado. Se le echa en cara a un penalista defender personas que tienen problemas con la ley, olvidando que precisamente para eso se hicieron los penalistas: para defender a personas con problemas penales. Como lo ha dicho el propio Gómez Méndez, Jorge Eliécer Gaitán defendía asesinos sin que a nadie se le ocurriera que él fuera complaciente con ese delito. "Yo defiendo un violador y eso no quiere decir que me haya acostado con la muchachita", afirma el nuevo procurador un poco asombrado ante la interpretación que se le está dando al legítimo ejercicio de la profesión."El único penalista que siempre defiende inocentes es Perry Mason", afirmó recientemente Alan Dershowitz, renombrado profesor de derecho penal de la Universidad de Harvard.
Otra modalidad de culpabilidad en Colombia en los últimos tiempos ha sido la de haber tenido en el pasado algún vínculo profesional con el ex presidente del Banco de Colombia Jaime Michelsen. El diario El Espectador tiene particular cuidado en recordarle a sus lectores esta vinculación cuando alguien suena para un cargo. Uno de éstos es Gómez Méndez, quien al igual que muchos otros abogados, participó como defensor en el caso del Grupo Grancolombiano. Otro, fue el senador Federico Estrada Vélez, de quien se llegó a decir que no había aceptado el Ministerio de Justicia para que no le sacaran los trapos al sol en tal materia. En esta actitud, no sólo se desconoce el derecho a la defensa del señor Michelsen, cuyo grado de culpabilidad está por definirse, sino que se están desconociendo los derechos de decenas de profesionales competentes y honestos que de alguna manera estuvieron vinculados con él.
A medida que avanzaba la semana cada uno de los casos del "prontuario" del procurador se iba desbaratando. Finalmente, sólo quedo uno: el de haber sido abogado del secretario general de la Presidencia Germán Montoya. Los enemigos de Gómez Méndez consideran que su vinculación con Montoya, no sólo es una prueba más de sus "malas compañías", sino que deja en entredicho su independencia con respecto al gobierno. "Es un procurador de bolsillo", afirmó el ex presidente Misael Pastrana Borrero al referirse a su nombramiento. Y a este clamor se sumaron El Tiempo, El Espectador, El Siglo y otras voces.
En esto se podia estar confundiendo lo que podría ser un error considerado político con "un golpe a la moral" como lo llamó Alvaro Gómez. Germán Montoya no es un delincuente que requirió los servicios de un abogado defensor. Es un funcionario público que, al sentirse calumniado entabló un juicio contra un parlamentario. Gómez Méndez no era abogado defensor de ningún delincuente, sino abogado de la parte civil de un denuncio. El diario El Tiempo considera al secretario general de la Presidencia como un "ente ingrato ante la opinión pública". Independientemente de este concepto, el hecho real es que al igual que Gómez Méndez, Montoya ha sido objeto de una campaña de rumores, que fueron escudriñados durante meses por la oposición reflexiva, por la oposición no reflexiva, por la prensa, etc., sin que nunca se hubiera encontrado una sola prueba en su contra. Aparte de esto, lo que es absolutamente seguro es que el presidente Barco consideró que todas las acusaciones contra Montoya eran totalmente infundadas y esa conviccion lo llevó a mantenerlo en su cargo. La desafortunada coincidencia de que el abogado del secretario general de la Presidencia sea nombrado procurador, puede ser considerada vulnerable políticamente. Pero de ahí a cuestionar la autoridad moral de uno de los dos, o de ambos, hay un gran trecho .
Lentamente comenzaron a aparecer las manifestaciones de respaldo.
Reconocidos simbolos de la moral pública como Luis Carlos Galán y el propio ex procurador Horacio Serpa se pusieron categóricamente del lado del funcionario acusado. El propio Barco, terco cada vez que considera que hay una injusticia de por medio, se mantuvo firme. La decisión final está en manos del Congreso que, salvo en casos de interinidad, es el responsable de elegir al procurador con base en una terna presentada por el Primer Mandatario. Y como se ven las cosas, todo indica que esa terna va a estar encabezada por el propio Gómez Méndez.