Ya no hay noticias en el bajo Cauca antioqueño

A escasos kilómetros del aeropuerto de Caucasia, capital de la subregión antioqueña del bajo Cauca, aparece un ‘elefante blanco’ de inmensas dimensiones, es la cabeza de la manada. Se trata de los cimientos de lo que debería ser el mejor hospital del norte del departamento, el más grande de Antioquia. 

Sin embargo, de la obra que se inició en el 2011 con un presupuesto superior a 30.000 millones de pesos, que contemplaba 134 camas, servicio de odontología, unidad de cuidados intensivos y el sistema de atención a adultos, sólo se ve su esqueleto. La construcción lleva varios meses paralizada y su futuro es incierto. 

Cerca de ahí, en pleno corazón de Caucasia y a diez metros de la alcaldía municipal, otro ‘elefante’ asoma sus patas. Se trata de los cimientos de lo que debería ser una biblioteca, obra en la que se han invertido 2.000 millones de pesos. También se encuentra abandonada. En este caso, el alcalde de la ciudad, José Nadín Arabia, ha prometido recomponer la construcción, aunque ya no se tratará de una biblioteca porque, a su juicio, “los muchachos ya no leen”.

Otro altar a la corrupción y al desgobierno aparece en Tarazá, a 60 kilómetros de Caucasia. Se trata de la Clínica San Martín, construida por Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, jefe paramilitar fundador del bloque Mineros, quien durante los primeros años del 2000 y con más de 1.500 hombres armados dominó el bajo Cauca. 

Después de la desmovilización de ‘Vanoy’, en el 2006, la clínica cerró y estuvo bajo el control de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Sin embargo, hoy no hay rastro del edificio. “La gente llega con martillos para llevarse hasta las paredes y después vender los pedazos. La Alcaldía les pagaba a unos celadores, pero hace bastante que los retiró”, relata uno de los 45.000 habitantes de Tarazá.

Como si de una manada de elefantes blancos se tratara, las huellas de la corrupción permanecen evidentes a lo largo de las cuencas de los ríos Cauca y Nechí. Sin embargo, sus pisadas son silenciosas pues la prensa no denuncia prácticamente nada de lo que ahí sucede. Las primeras páginas de los periódicos no señalan a los responsables ni exigen explicaciones. En la radio no se encienden las alertas, tampoco existen espacios para el debate. 

Los años de violencia contra los medios de comunicación que ha vivido el bajo Cauca tienen condenados a sus más de 400.000 habitantes a un rotundo silencio informativo. 

Los medios no callan únicamente ante los hechos de corrupción, también lo hacen frente a todos los males que trazan el complejo panorama que se vive en los seis municipios que forman el bajo Cauca: Tarazá, Caucasia, el Bagre, Nechí, Zaragoza y Cáceres. 

Temas como la proliferación de la minería ilegal, la extorsión, la complicidad entre agentes de la fuerza pública y bandas criminales, el aumento del microtráfico, así como la existencia de zonas vedadas incluso para el Ejército, hacen parte del silencio informativo. 

Los testimonios de decenas de periodistas recogidos por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) dan fe de ello: “Yo estaba investigando sobre la biblioteca cuando recibí llamadas que me 'aconsejaban' dejar de hacerlo”.

Otra voz dice: “Podemos registrar los acontecimientos, pero no podemos hacer periodismo de investigación”. “Sencillamente no se puede escribir sobre alianzas entre las autoridades locales y las bacrim”, relata un tercero. "Sabemos que hay temas que vale la pena mirar, pero mejor lo dejamos ahí”. “Me gustaría informar cuando el alcalde no está haciendo bien las cosas. Pero es peligroso".

Atrincherado en las paredes de la emisora comunitaria Morena FM, ubicada en la plaza de Tarazá, un periodista resume cómo se han ido apagando las noticias. “En el año 2009 funcionaban nueve emisoras y hoy sólo existimos nosotros, pero en nuestra programación ya no tenemos ningún espacio noticioso, sólo trasmitimos música y los servicios sociales que pide la Alcaldía”. 

La decisión de programar canciones a cambio de noticias se precipitó a principios del 2013, cuando a pocos metros de la emisora explotó una granada. Aunque no está claro si el ataque estaba dirigido a ellos o a la Policía, que colinda con Morena FM, la explosión fue tomada por los periodistas como una última advertencia. “Antes registrábamos lo que pasaba en la región y en el departamento, leíamos las noticias de los diarios durante el programa, pero ahora ni siquiera eso podemos”.  

En los municipios vecinos la historia se repite y varios reporteros han tenido que salir en los últimos meses de la zona. Desde el canal Teleantioquia confirman que sus corresponsales en el bajo Cauca y otros municipios cercanos, como Segovia, no pueden tocar temas de orden público pues inmediatamente reciben amenazas. “Tenemos que hacer las noticias de esta región desde Medellín”, asegura un directivo.

En Caucasia, a pesar de que existen más espacios de comunicación, la situación no es muy distinta. “En Caucasia Stereo hacíamos denuncias sobre lo que pasaba en la región, pero después de un ataque con granadas contra la estación en el 2011 y posteriores amenazas, dejamos de informar”, afirma un periodista de la emisora. La excepción es el periódico La Verdad del Pueblo, que, a pesar de recibir amenazas contra su director, denuncia temas de orden público y corrupción local. 

Esta situación es reconocida por las autoridades. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, le aseguró a la FLIP que hacer periodismo en el departamento es una actividad peligrosa. “Los criminales saben que la información es un bien muy poderoso y por eso atentan contra la prensa”, señaló. Pero a pesar de que la radiografía está bien identificada, las iniciativas dirigidas a revertir la situación escasean.  

Precisamente a finales de agosto de este año, la actividad periodística fue gravemente afectada. En menos de tres semanas, más de una decena de periodistas fueron agredidos durante el cubrimiento del paro minero. Esta situación derivó en el cese de actividades de tres días por parte de los periodistas más representativos de la zona, lo que ahonda aún más esta crisis.  

Juan Diego Restrepo, investigador antioqueño y editor de Verdad Abierta, advierte que la vida cotidiana del bajo Cauca “se encuentra en estado de alteración permanente desde cuando, a comienzos del año 2007, las llamadas bacrim, derivadas de las AUC, iniciaron su disputa por ese territorio”. 

La cercanía del bajo Cauca con el Nudo de Paramillo, su conexión con el Urabá y su proximidad al golfo de Morrosquillo, utilizado por el narcotráfico como puerto, hacen de esta región un punto estratégico para los actores ilegales. Mientras en los alrededores de Tarazá y El Bagre hay presencia guerrillera de los frentes 18 y 36 de las FARC, en el resto de la región los Urabeños luchan por el control de las actividades ilegales.

No sólo se trata de narcotráfico. La minería, especialmente la extracción de oro, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de las bacrim. A tal punto que hay corregimientos con importante actividad minera donde las bandas impiden la entrada de la fuerza pública.

A pesar de este complejo mapa, el comandante del distrito especial de Caucasia, coronel Álvaro Cardozo, asegura que en materia de orden público los resultados son positivos y que lo “peor ya pasó”. Resalta que en lo que va del año ha habido una reducción del 50 % de asesinatos respecto al año anterior. 

El panorama de orden público presentado por el coronel Cardozo, quien también afirma que en la región hay plena libertad de prensa, contrasta dramáticamente con la percepción de periodistas y distintas autoridades. “La estrategia de la lucha contra las bacrim fracasó. Hay falta de credibilidad hacia las autoridades y desconfianza a la hora de denunciar ante la Fiscalía”, resume el alcalde de Caucasia, José Nadín Arabia, quien ocupa el cargo por tercera vez.

Ciudadanos y autoridades no vacilan en asegurar que prácticamente todos los comerciantes de la ciudad deben pagar una ‘vacuna’ que puede oscilar entre 1.000 pesos y un millón. Nada de esto es recogido por la prensa. Tampoco se publica el hecho de que la fuerza pública no puede hacer presencia en los corregimientos de Barroblanco y Piamonte, del municipio de Tarazá, donde a principios del 2013, hombres armados expulsaron a la periodista española Salud Hernández, quien se encontraba haciendo un reportaje.

Para el investigador de Verdad Abierta, las dos caras del bajo Cauca resultan evidentes en todos sus aspectos: la región genera riqueza, pero la mayoría de sus habitantes padece los estragos de la pobreza; hay trabajo, pero la informalidad laboral se impone; hay presencia institucional, tanto pública como privada, pero desarticulada en sus objetivos y limitada en sus alcances. 

Conocer la verdad de lo que ocurre en el bajo Cauca es prácticamente imposible, sólo existen verdades y mentiras a medias, precisamente por el silencio de la prensa, hoy acallada después de años de violencia en su contra. Lo que ahí ocurre es como una pelea de perros debajo de un tapete, todo el mundo sabe que algo se mueve, pero no se conoce qué está pasando.