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| 3/4/1996 12:00:00 AM

NO A LA EXTRADICION

LA FUGA DE SANTACRUZ Y EL DEBATE DE LA CERTIFICACION VOLVIERON A PRENDER EL TEMA DE LA EXTRADICION. PERO ES POSIBLE QUE SU REIMPLANTACION NO SEA NI VIABLE NI CONVENIENTE.

NO A LA EXTRADICION NO A LA EXTRADICION
La extradición es uno de esos temas que reaparece periódicamente, en especial cuando se produce la fuga de un importante capo o cuando el país se sacude con un nuevo narcoescándalo. En el arranque de 1996 el tema ha resucitado con especial fuerza por la combinación de esos dos factores: no sólo se fugó José Santacruz Londoño, sino que el escándalo por la presencia masiva de narcodineros en la campaña presidencial de Ernesto Samper se escaló dramáticamente tras las declaraciones de Fernando Botero. Esto puso de nuevo en peligro la certificación de Estados Unidos a Colombia en materia antidrogas y por ello el tema ha resucitado, como lo demostró con sus declaraciones de la semana pasada la fiscal general de E.U. Janet Reno. Este espinoso asunto debe ser visto desde dos ángulos: el de su viabilidad y el de su conveniencia. En cuanto a lo primero, hay que decir que las posibilidades de revivir el tratado de extradición con Estados Unidos son bastante escasas. Como se sabe, la extradición se vino abajo en 1986, cuando la Corte Suprema dejó sin piso el controvertido tratado al anular la ley que lo había aprobado y permitía su aplicación. Y en 1991 la Constituyente le dio un entierro definitivo al prohibir en la Carta la extradición de colombianos al exterior.A partir de entonces la aplicación del tratado _que técnicamente, como tratado, sigue vigente_ se volvió imposible, a pesar de la tesis de numerosos juristas en el sentido de que los tratados internacionales están por encima de las constituciones. La realidad es que para aplicar el tratado habría que aprobar una nueva ley, algo absolutamente improbable por razones políticas, y que esa ley no se cayera en la Corte Constitucional, algo absolutamente remoto por razones jurídicas. Todo esto sin mencionar lo que implicaría desde el punto de vista del regreso del narcoterrorismo. Algunos más radicales proponen simple y llanamente aplicar el tratado por encima de la Constitución, con la excusa de que aquél es anterior a ésta. Pero semejante conejo a la Carta del 91 no sería serio en un país democrático donde opera un Estado de derecho del que muchos colombianos se enorgullecen. Pero aparte de lo anterior, el problema de la extradición debe ser visto desde el ángulo de su conveniencia. En medio de fugas de capos y denuncias sobre narcocorrupción es fácil proponer la reimplantación de la extradición. Pero hasta qué punto resucitar la extradición no implicaría renunciar a la tarea, emprendida desde el 91, de fortalecer el aparato judicial y represivo del país y el sistema carcelario. Con todas las deficiencias, tanto de la justicia como de las prisiones colombianas, es indiscutible que desde la prohibición de la extradición se dieron _por necesidad_ avances importantes, pues la sociedad colombiana comprendió que sin el recurso de extraditar, era imperioso comenzar a montar un sistema judicial eficiente y construir cárceles seguras. Hace 10 años resultaba inimaginable que la justicia acusara y condenara a los más peligrosos narcotraficantes. Y más inimaginable aún, que los capos pudieran ser mantenidos tras las rejas. Ahora, no sólo ya hay varios capos importantes condenados, sino que los hermanos Rodríguez Orejuela _considerados por E.U. como los más importantes traficantes de cocaína del mundo_ están a punto de ser llevados a juicio por una Fiscalía que ha logrado consolidar en su contra serias acusaciones. Y en cuanto a las cárceles, hay que decir que hace menos de una década la fuga de Santacruz no hubiera sido la excepción, sino la regla. ¿Qué sucedería ahora si volviera la extradición? Aparte del narcoterrorismo, es seguro que el Estado tendería a desatender el tema carcelario y que la Fiscalía ya no se sentiría obligada a consolidar investigaciones, pues al fin y al cabo, el juicio y el encarcelamiento de los capos correría por cuenta de Estados Unidos. Esto perjudicaría la lucha antidrogas en el país y, en general, la lucha contra todos los delitos. Para bien o para mal, la extradición se cayó de modo definitivo en el 91. Y esa realidad hay que aceptarla y buscarle el lado positivo, que no es otro que el que se deriva de la obligación adquirida en estos años por el país de construir un sistema judicial y carcelario serio y efectivo, algo que por décadas había dejado de ser una prioridad.

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