¡No más secretos en los diálogos de paz!

Con gran bombo el presidente Santos anunció durante su visita a la cumbre de las Naciones Unidas que el gobierno había decidido hacer públicos los acuerdos a los que se había llegado hasta ahora en La Habana. El propósito de la noticia era salirle al paso a las especulaciones, rumores y malentendidos que estaba produciendo la decisión de mantener la confidencialidad del proceso hasta el final de este. Al presidente Santos le llegaban día tras día informaciones de qué se estaba diciendo en los círculos empresariales, cocteles y otros sectores sobre esa materia. Y como cada chisme era más inexacto –o absurdo- que el anterior, Santos decidió tomar el toro por los cuernos y ordenó la publicación de las actas sobre los tres puntos de la agenda ya acordados: el problema del agro, la participación en política y las drogas. 

Lo paradójico de todo esto es que el contenido de esos documentos ya había sido publicado por las Farc en su página de internet. De eso, sin embargo, no había una conciencia nacional por lo que la decisión del gobierno de acabar con la confidencialidad fue registrada como una novedad y bienvenida. 

La primera impresión que deja la lectura de las 65 páginas que cubren esos tres puntos es que en lo acordado no hay nada revolucionario. Los que creían que los pilares del establecimiento estaban en peligro pueden estar tranquilos. No hay ningún guardado de tipo castro-chavista y se respeta con contundencia el derecho a la propiedad privada. El documento podría describirse más como progresista que como socialista. Combina planteamientos abstractos con fórmulas concretas de cómo deben ser desarrollados. En la versión final queda en evidencia que no fue fácil poner de acuerdo a dos partes ideológicamente encontradas sobre un mismo texto. 

Por ejemplo, sobre el tema de agricultura el gobierno aclara que las transformaciones que van a tener lugar deben “contribuir a reversar los efectos del conflicto”, mientras las Farc aclaran que deben “contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto”.  

En términos generales se podría decir que los documentos hechos públicos son ante todo una enumeración de principios y de objetivos sobre los cuales es más fácil estar de acuerdo que implementarlos en su totalidad. Se busca sacar al campo de la postración en que se encuentra, ampliar la democracia y la participación política y eliminar el narcotráfico. Son enunciados de principios universales comparables a los que tiene la Constitución, por ejemplo el de la educación, que está consagrada como un derecho de toda persona que el Estado debe cumplir en forma gratuita y obligatoria. Esa meta la comparten todos los gobiernos y todos los colombianos pero el progreso en esa dirección ha sido lento y complicado.

Sin embargo, aunque lo revelado podría ser criticado más por utópico que por castro-chavista, representa definitivamente un mapa de ruta que el gobierno y la guerrilla van a tratar de poner en práctica y del cual se van a derivar múltiples decisiones políticas, jurídicas y financieras. 

En este punto hay una combinación de propósitos idealistas y ofrecimientos muy concretos. Se habla de acceso a la propiedad para los campesinos, de infraestructura, de soberanía alimentaria, de fortalecer los mercados, de reducir la pobreza en un 50 por ciento y eliminar la pobreza extrema del todo en un término de diez años; de salud, de educación, de vivienda y de agua potable para el campo, de preservar el medio ambiente, de mejorar la productividad de la tierra, etcétera. Al lado de estos objetivos, loables pero soñadores, hay propuestas muy concretas y muy interesantes. La que más llama la atención es la creación de un fondo de restitución de tierras que permitirá distribuirles gratuitamente a los campesinos predios que les garanticen su subsistencia. Se reconoce que entregar la tierra no es suficiente y que es necesario apoyo concreto en materia de crédito, riego, asistencia técnica y comercialización. 

Se ha filtrado que durante la negociación de este punto las Farc pidieron 10 millones de hectáreas. El gobierno se opuso con el argumento de que el monto del fondo dependería de lo que diera el censo en materia de disponibilidad de tierras y no de cifras sacadas del sombrero. La disponibilidad puede venir de baldíos, tierras de extinción de dominio y otras fórmulas que no afecten el derecho de propiedad de los agricultores que trabajan en forma legal. Se acordó también impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y la mediana propiedad y la creación de una jurisdicción agraria para asegurar la protección judicial, la resolución de conflictos y “la siembra de la paz”. También hubo un compromiso de actualizar el catastro y poner al día el predial, lo cual es igualmente realizable y racionalizará el recaudo de impuestos. 

La viabilidad del punto agrario dependerá en el fondo de cuánta plata se le meta. De los tres puntos es sin duda el más caro. Eliminar la pobreza y subsidiar a los campesinos para que puedan comprar o explotar la tierra que les regala el Estado va a costar miles de millones de pesos. El gobierno no ha revelado cifras concretas pero se ha especulado que los cálculos preliminares no bajan de 8 billones de pesos y de pronto muchos más. El gobierno no tiene esos recursos pero tiene la voluntad de conseguirlos e invertirlos en lo pactado. Eso significa que las reformas tributarias que se requieran para cumplir con ese compromiso van a ser fuertes. Sin inversiones cuantiosas el agro no podrá salir del atraso en el que se encuentra en la actualidad.

Si la salvación del agro depende de la plata, la viabilidad de la ampliación de la democracia y de la participación en política de nuevos sectores depende de reformas legales y hasta constitucionales. Al igual que en el tema anterior hay una combinación de idealismo y realismo sobre este asunto. Entre los primeros se incluyen saludos a la bandera como “promover una cultura democrática de tolerancia en el debate político” y hacer que “los antiguos enemigos dejen de tratarse como tales y se traten como adversarios políticos.” También se habla de que se amplíe la participación de las mujeres en política, la participación ciudadana en los planes de desarrollo y el control ciudadano a la gestión pública.

 Sin embargo, hubo fórmulas más concretas y más aterrizadas. Se acordó, por ejemplo, hacer los cambios necesarios para que la personería jurídica de las nuevas fuerzas políticas no dependa de la obtención del umbral exigido para las elecciones del Congreso. Igualmente se acordó la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz para las regiones más golpeadas por el conflicto. Los habitantes de esas regiones tendrán reglas especiales –aún no definidas–para elegir sus representantes a la Cámara. Estos puntos para volverse realidad requerirán reformas legales que probablemente serán aprobadas sin grandes dificultades. 

Por otra parte, se llegó a la decisión de revisar de forma integral el sistema electoral del país. Y para eso se crearía una misión de expertos de alto nivel que le haría al gobierno las recomendaciones normativas e institucionales necesarias. La insurgencia y la izquierda siempre han temido el fraude electoral en Colombia. Sin embargo, no son ellos los únicos que tienen esa preocupación y garantizar la transparencia en las urnas le interesa a prácticamente todos los colombianos. Lo que sucede es que el fraude en Colombia no se comete a nivel de gobierno sino a nivel de parlamentarios regionales y principalmente por compra de votos. Eso significa que el fraude no se hace por razones ideológicas sino por rivalidades politiqueras. Estas son siempre más difíciles de controlar porque dependen más de la ética de las personas que de la imperfección del sistema. Pero en todo caso la revisión integral que se va a llevar a cabo es bienvenida. 

Otro aspecto de la ampliación de la democracia es establecer un sistema integral de seguridad para los desmovilizados que participen en política. Esto es apenas lógico pues después de la experiencia del exterminio de la UP es obvio que los riesgos son altos. Los candidatos de las nuevas fuerzas, así como los líderes de organizaciones y movimientos sociales, contarán con la protección del Estado. 

Como dato curioso las Farc plantearon la necesidad de un estatuto de oposición que garantice el equilibrio en el ejercicio de la política. Esto ya está consagrado en el artículo 112 de la Constitución de 1991 y se ha tratado de poner en práctica en diferentes modalidades y con resultados mixtos. En la elección pasada, el presidente de la Republica decía que la Ley de garantías tenía restricciones tan absurdas que no le permitían hacer campaña y prácticamente paralizaban al gobierno. Por otra parte, el Centro Democrático y la izquierda acusaban a Santos de abusar tanto de las gabelas que le daba la Presidencia que era imposible competir contra él. La realidad es que la eliminación de la reelección va a producir más garantías de juego limpio que cualquier estatuto de la oposición. 

(Vea acá el documento completo) 

La lucha contra la droga no requiere ni tantos recursos como el tema agrario ni tantas reformas legales como el de participación en política. Lo que requiere ante todo es vencer el escepticismo de los colombianos que creen que las Farc nunca van a abandonar un negocio tan lucrativo como el narcotráfico. 

En el acuerdo se habla de todo. Desde la sustitución de cultivos con ayuda y asesoría a los campesinos para garantizarles su subsistencia, hasta la erradicación a mano y excepcionalmente por aspersión a los que no quieran cooperar. Igualmente se le da énfasis a la prevención y al tratamiento del consumo, reconociendo que se trata de un problema de salud pública. Más diciente es que las dos partes están de acuerdo en “la necesidad de intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo… y en general de desarticular las redes de esas organizaciones”. 

En forma sutil se insinúa la necesidad de ir pensando en la legalización, aunque sin mencionar la palabra. Lo que se propone es una “conferencia internacional en el marco de la ONU para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sean necesarios”. Para terminar, las Farc se comprometieron a “contribuir de manera efectiva con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas… para poner fin a cualquier relación que en ‘función de la rebelión’ se hubiese presentado con este fenómeno”. 

En resumen, los planteamientos sobre sustitución, erradicación, prevención, salud pública, desarticulación de bandas, guerra contra el crimen organizado y reflexiones sobre el éxito de las políticas actuales son exactamente los mismos que se harían hoy en cualquier cumbre internacional sobre el problema de la droga. No hay un solo concepto diferente a los planteamientos que hacen constantemente los tres mosqueteros de esa causa: los expresidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Ernesto Zedillo (México). El gran interrogante es qué tan sinceras son las Farc y qué papel real van a jugar. Cuando en las negociaciones se les exigía que reconocieran su participación en el negocio del narcotráfico, contestaban: 1) Que ningún grupo insurgente en la historia se ha financiado legalmente. 2) Que cualquier reconocimiento podía ser interpretado como una confesión con riesgo de extradición. 

Esos argumentos no son absurdos pues las Farc se consideran una organización guerrillera que recurre a cualquier forma de financiación para luchar por sus ideas y no una organización criminal que trafica droga para beneficio personal. Para ellos los millones de dólares de ese negocio se han destinado a alimentar, vestir y armar a 10.000 o 15.000 personas que han seguido viviendo en el monte sin ningún lujo y con riesgos de una bomba en cualquier momento. La impresión de los delegados colombianos es que los negociadores de la guerrilla en La Habana auténticamente están comprometidos a combatir ese flagelo. Sin embargo, tienen algunos pocos frentes que por manejar el negocio en la vida diaria podrían tener la tentación de continuarlo. Por esto, Humberto de la Calle y sus muchachos los han presionado para que como muestra de buena fe desarticulen en forma efectiva a los grupos minoritarios de sus tropas que hacen parte de la cadena de la droga. Eso podría significar entregar voluntariamente cultivos, rutas o algo por el estilo. 

El punto del narcotráfico termina con un tema muy importante que pasa relativamente inadvertido en medio de tantos grandes sueños: las Farc se comprometen a colaborar en la eliminación de las minas quiebra– patas suministrando información sobre dónde las han puesto.  

Lo que se puede deducir después de las 65 páginas reveladas la semana pasada es que lo que no se menciona es igual o más importante que lo que se dice. Los puntos verdaderamente críticos para el establecimiento son si los guerrilleros van a ir a la cárcel o no, y si los responsables de masacres, asesinatos y secuestros van a acabar en el Congreso. Por su parte, para los guerrilleros lo más importante es no ser condenados como criminales y que se les dé la garantía de la no extradición. Ninguno de esos puntos se ha definido lo cual quiere decir que lo verdaderamente álgido va a quedar para el final. También está pendiente por resolverse el punto de las denominadas “salvedades”. Esta es la palabra utilizada por las Farc para expresar su desacuerdo con algunos de los puntos mencionados en los documentos. Es una especie de voto disidente hecho por las mismas personas que han aprobado los respectivos párrafos. El gobierno no los ha aceptado porque la mayoría de las veces considera que no corresponden a los temas acordados en la agenda. Ese asunto, por lo tanto, está pendiente. 

Sumando desacuerdos, utopías y realidades los acuerdos a los que se ha llegado en La Habana representan un paso trascendental hacia adelante. Quedó claro que no había grandes secretos que al ser revelados al final del proceso habrían estremecido al establecimiento. Igualmente es evidente que si bien no se va a sustituir el modelo económico de libre empresa, sí se van a requerir inversiones sociales muy cuantiosas para que se pueda combinar la desmovilización de la guerrilla con la preservación de ese modelo. Esas inversiones tendrán que venir de impuestos y observadores externos han especulado que el costo de la paz podría llegar a ser de 40 billones de pesos. Eso va a requerir una que otra reforma tributaria y va a poner “a chillar a los ricos” como dijo una vez el presidente Santos. Lo que se ha anunciado hasta ahora en materia de impuestos no es más que un abrebocas ante lo que va a seguir después. La apuesta se basa en que la paz es cara pero el costo beneficio es aún superior. Esos mismos dilemas los tuvo Alemania occidental cuando debió asumir el costo enorme de la unificación con la Alemania comunista. El ‘tramacazo’ fue fuerte pero hoy todo el mundo considera que la reunificación ha sido un negocio muy rentable. Hay que esperar a que en Colombia pase lo mismo.