No era para ángeles

Cuando se promulgó la Constitución de 1991, sus críticos dijeron que era tan utópica, que parecía una 'Carta para los Ángeles' y que sería totalmente inaplicable. Se equivocaron. Quince años después, se puede decir que ese gran pacto sellado por la Asamblea Constituyente está logrando su cometido: transformar el país.

Hace 20 años, nadie se atrevía ni a imaginar cosas que hoy parecen absolutamente normales: la posibilidad de los jóvenes de lucir el pelo largo en el colegio, la obligación de incluir a mujeres en las ternas para altos cargos públicos, la posibilidad de ser policía y gay al mismo tiempo, el esquema gobierno-oposición. En fin, el país de hoy.

El gran logro de la nueva Carta fue mirarles la cara a los problemas de Colombia -las enormes desigualdades sociales, las arbitrariedades, el conflicto- y rechazar el statu quo. La Constitución colombiana aspira a un país mejor, y para llegar a ese ideal acerca el derecho a los colombianos.

Aunque aún falta un largo trecho, la Constitución del 91 ha comenzado a cambiar la situación del ciudadano frente al poder. Debido a su generosa carta de derechos y a la tutela (ver recuadro), el mecanismo para hacerlos efectivos de inmediato, hasta el más débil cuenta ahora con un arma efectiva para medírsele al más poderoso si tiene el derecho de su lado. Aunque las arbitrariedades desafortunadamente aún abundan, los jubilados acuden a la tutela para obligar al Seguro a pagarles su pensión. Aunque muchos mueren esperando su medicina, muchos enfermos de sida han alargado su vida gracias a los fallos de tutela que obligan a las EPS a proveerla. Las mujeres finalmente les ganaron el pulso a los obispos en la batalla por la despenalización del aborto.

Como decía el jurista Ronald Dworkin, "el derecho es una carta de triunfo en un juego de póquer", y en Colombia, todo el mundo ha sacado ese comodín en un momento u otro. Desde su más acérrimo enemigo, el ex ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño, que interpuso una tutela para salvarse en el caso de Invercolsa, hasta la izquierda radical, que pasó de oponerse a la Asamblea Constituyente, a tener como su última bandera la defensa de la Constitución.

Junto a la Carta de Derechos, se crearon instituciones que modificaron radicalmente el panorama político. Primero, se desmontó el bipartidismo del Frente Nacional. Cuando la Asamblea Constituyente discutía las nuevas reglas electorales, el ex presidente Alfonso López Michelsen convocó una reunión del Partido Liberal para advertirles del peligro de aceptar ese nuevo esquema electoral, con circunscripción nacional, tarjetón y financiación pública de los partidos incluidos. Tuvo razón. Quince años después, el glorioso trapo rojo es uno más en la contienda. Un Banco de la República independiente, un organismo investigador fuerte como la Fiscalía, una Defensoría del Pueblo y un órgano independiente de control constitucional aparecen en el nuevo escenario político.

La Corte Constitucional, sobre todo, se ha convertido en una protagonista de primera línea en la vida nacional. El país se paraliza esperando la última palabra de la Corte sobre temas tan disímiles como la Ley de Justicia y Paz, que juzgará a los jefes paramilitares; la reelección o el aborto. Aunque muchos se oponen a sus sentencias, la Corte se convirtió en el árbitro legítimo para resolver en última instancia las controversias y eso es muy importante para un país fraccionado como Colombia.

Aunque aún hay aspectos importantes de la Constitución por desarrollar (ver recuadro), la Carta ya ha sufrido duros embates. "El Congreso ha cogido la Constitución como un salchichón y se la está comiendo a tajadas", dice el ex ministro Jaime Castro. En sus 15 años de vida, la Constitución del 91 ha tenido 22 reformas, que han modificado 64 de sus 380 artículos. Tan solo en los últimos cuatro años se presentaron 100 proyectos de enmienda, de los cuales siete llegaron a modificarla (cuatro por iniciativa del Congreso, y tres, del gobierno).

Como lo ha demostrado el especialista Hernando Valencia Villa, las reformas son el pan de cada día de la historia constitucional colombiana. La más sustancial fue, sin duda, la de la reelección que, según algunos, afectó la estructura de frenos y contrapesos (ver recuadro sobre modificaciones). Sin embargo, la Corte Constitucional dijo que este cambio, aunque sustancial, no vulneraba el espíritu de la Constitución.

El choque de visiones

Llega así la Carta a su fiesta de 15 con su espíritu prácticamente intacto. Pero no le esperan años fáciles. El gobierno de Álvaro Uribe y varios de sus sectores más afines no han ocultado su intención de 'reformar' la justicia, que sin el eufemismo, significa limitar el poder de la Corte Constitucional y los alcances de la tutela.

La Constitución del 91 cuenta con la simpatía de la mayoría de los colombianos, pero tiene enemigos en sectores muy poderosos y disímiles. Gremios económicos han manifestado sus temores de que los fallos de la Corte y de tutela que reconocen derechos sociales y económicos terminen creando un desequilibrio fiscal que perjudique la competitividad de Colombia en la globalización. Este temor se agudiza ahora que la Corte tendrá la última palabra frente al TLC.

En la misma línea, importantes economistas rechazan la injerencia de la Corte en decisiones macroeconómicas, como su decisión de tumbar el IVA a la canasta familiar bajo las condiciones planteadas en ese entonces, y también, las tutelas que ordenan gasto público como la más reciente a favor de los desplazados, que le costará al Estado cinco billones de pesos. Sin embargo, esos controles son ejercidos por los tribunales de otros países que se toman en serio los derechos de los ciudadanos.

De otra parte, un bloque poderoso de juristas de ideología conservadora -muchos de los cuales ocupan cargos en las otras Cortes y han provocado el famoso choque de trenes- se opone a la corriente del 'Nuevo Derecho' promovida por la Corte Constitucional. Los magistrados defienden la visión del derecho no formalista, que es pilar fundamental de la nueva Constitución, en la que el juez constitucional juega un papel preponderante en la sociedad.

Los abogados conservadores se oponen a las sentencias moduladas de la Corte, como la de la Ley de Garantías, en la cual no se limitó a juzgar su constitucionalidad, sino que la 'mejoró' con sus interpretaciones; también rechazan sentencias en las que difieren sus efectos para evitar traumatismos económicos. La Iglesia se une al grupo de críticos de la Corte, que ha hecho valer el carácter laico del Estado consagrado en la nueva Constitución. Y por último, están quienes consideran que el excesivo énfasis en los derechos y las libertades dificulta la lucha contra el terrorismo. La nueva Constitución limitó drásticamente los estados de excepción -algunos dicen que se hizo para acabar con el Estado de Sitio que rigió al país durante casi 40 años-, elevó el rango a los tratados de derechos humanos y modificó la justicia penal militar (aunque luego los militares presionaron la reforma de este punto). Aunque la exitosa política de seguridad del presidente Uribe demostraría que es posible ejercer la mano dura, sus críticos consideran que sin tanta 'talanquera' se podría ganar más rápidamente la guerra.

En este ambiente propicio para una gran reforma de la Carta y de su garante, la Corte Constitucional, las escandalosas peleas públicas del magistrado Jaime Araújo no ayudan. Su incontinencia verbal se ha convertido en el peor enemigo de la Corte hoy, pero el sistema de comunicación de los fallos no es el más conveniente. Es comprensible que -con muy pocos recursos- una Corte que en menos de seis meses ha tenido que decidir la reelección, la Ley de Garantías, el aborto y la Ley de Justicia y Paz no le quede fácil elaborar sus sentencias antes de divulgarlas, máxime cuando existe el riesgo de que se filtre a los medios la decisión. Pero la demora en divulgar el fallo completo no hace sino fortalecer las sospechas sembradas por Araújo y 'dar papaya' a quienes quieren reducirla a una mera sala de la Corte Suprema. La Corte enfrenta ahora los retos planteados por el Tratado de Libre Comercio, y el posconflicto. Los colombianos esperan que los magistrados estén a la altura del desafío.