"No puede haber zonas vedadas para aplicar la Ley de víctimas": Paula Gaviria

Lleva poco más de cien días en el cargo y reconoce que no ha sido fácil y que falta mucho camino. Paula Gaviria es la encargada de que funcione la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las Víctimas (en el marco de la Ley de Víctimas).
 
Semana.com habló con ella, quien admite que la falta de recursos en algunos municipios y el difícil orden público hacen que la implementación de la ley sea compleja, "pero no imposible", asegura.
 
Pide además que se tenga calma frente a los resultados. "No hay que tomar las cosas con afán en un tema tan delicado", dice.

Semana.com: A cien días de creada la unidad, ¿cuál es el balance de lo que se ha logrado?

Paula Gaviria: Positivo. Esto no es un ajuste a una política que se venía desarrollando con las víctimas, sino que es la instrumentación de una nueva institucionalidad, que requiere transformaciones y tiempo para que sea visible.

Semana.com: ¿Qué se ha encontrado en el camino que no se esperaba?

P.G: Aunque el trabajo con víctimas no es nuevo en este país, el encargo que yo recibí no consiste simplemente en un cambio de nombre. Sino que hay muchos elementos de novedad expresados en la Ley. Por eso más que cosas nuevas, lo que se ha encontrado es el gran reto de acercar el Estado a las víctimas y no al revés, como hasta ahora había ocurrido.

Semana.com: ¿Cuál ha sido el mayor logro?

P.G: La respuesta de las regiones. Tenemos 700 proyectos en planes de desarrollo (municipales y departamentales) que incorporan un lineamiento de víctimas. Ahora esperamos que se surta el proceso que se sigue, que es la aprobación de esos planes ante las Asambleas departamentales y los Concejos municipales.

Semana.com: No todo el país es igual. ¿Ha tenido buena respuesta en todas las regiones?

P.G: Sí, los problemas que se han dado no tienen nada que ver con voluntad política, sino con otros riesgos.

Semana.com: ¿Cuáles?

P.G: Uno es el tema de los recursos. Hay departamentos con toda la disposición pero que están literalmente quebrados. Y otros en donde el orden público es la principal barrera para que se lleven a cabo de forma integral la restitución y la reparación.

Semana.com: ¿Esas son seguramente en donde más amenazas a líderes se han presentado?

P.G: Son en donde se da uno u otro riesgo. O en el peor de los casos, los dos, como Urabá, Córdoba, Nariño y más por el tema de pobreza, Chocó.

Semana.com: ¿Se ha instrumentado un plan especial en esas zonas?

P.G: Hay decisiones ahí que se están tomando con el Ministerio de Defensa, pero además se han hecho planes especiales. Por ejemplo, en la zona de Urabá. Allá hicimos un acto presencial estatal fuerte, que consistió en acompañar a organizaciones que tenían prevista una marcha de Necoclí.

Semana.com: Marcha que fue criticada por algunos sectores...

P.G: Sí (...) pero fue un acto que tenía un contenido simbólico muy alto. Fueron 35.000 personas, siendo una zona en la que las condiciones de seguridad no son óptimas. La idea era mostrar que no puede haber zonas vedadas para aplicar la Ley de víctimas. Y además de la marcha, hubo cosas que no se vieron, como jornadas previas en las que nos reunimos con personeros y alcaldes y les planteamos sus obligaciones frente a la Ley y la inclusión a los planes de desarrollo.

Es importante que donde hay riesgo se fortalezca la institucionalidad frente a la Ley de víctimas, de lo contrario, es muy complejo aplicarla de manera adecuada.

Semana.com: El asesinato de Manuel Ruiz, líder de tierras de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de los líderes de tierra, ¿qué reacción tienen ustedes ante esas lamentables noticias?

P.G: Hay que tomar acciones. No podemos sacar adelante la Ley y la apuesta de reparación sin un proceso complementario de judicialización. Las víctimas en Colombia están reclamando justicia. Es el principal clamor. Y para eso hay esfuerzos que ya se empezaron a hacer, como por ejemplo trasladar casos que estaban en zonas críticas a Bogotá.

Semana.com: El tema de la judicialización es después de que ocurran los hechos, ¿los sistemas de alertas no están funcionando para prevenir asesinatos como el de Manuel?

P.G: En este asunto hay varios puntos. Los temas de la denuncia, de la solidaridad de la sociedad, de la autoprotección, pero también de la responsabilidad del Estado en la depuración y la investigación de los funcionarios de las instituciones que no están funcionando y que se están convirtiendo en una traba dentro del proceso.

Semana.com: La líder de tierras de Urabá Carmen Palencia denunció que se sentía perseguida y no protegida por el esquema de seguridad que le fue asignado a través de la empresa VISE.

P.G: En ese caso en particular el esquema ya fue cambiado. En estas situaciones lo que le corresponde a la Unidad es reportar, acompañar y monitorear las denuncias que hacen las víctimas. No podría decir específicamente qué pasa con la empresa VISE. Eso corresponde a la Unidad Nacional de Protección.

Semana.com: León Valencia (Nuevo Arco Iris) se refirió hace unos días a la 'mano negra’. Dijo saber quiénes eran parte de ella. Se refirió a empresarios y a personas que nunca se desmovilizaron, ¿qué dicen ustedes frente a esos señalamientos?

P.G: Sólo puedo decir que tenemos mucha información, muchas denuncias. El caso de Urabá, por ejemplo, es muy complejo; allí la presencia de esos actores, de esa mano, es muy fuerte. Se siente físicamente en las calles ese control, esa red de vigilancia que atemoriza. Estamos esperando lo que arrojen las investigaciones para saber quiénes están detrás de todo esto.

Semana.com: En cuanto a recursos, ¿qué piensan de la idea de algunas ONG que piden que EL dinero que iría al tesoro de Estados Unidos por parte de la multinacional Chiquita Brands sea invertido en las víctimas de Colombia?

P.G: Hay que reconocer que necesitamos más recursos. Y la ley prevé que el fondo de reparaciones amplíe sus fuentes de financiación, entre las que están las de condenas a empresas o personas que han participado en violaciones a los derechos humanos.
 
En el capítulo V de la Ley dice que de ese fondo puede hacer parte "el monto establecido en la sentencia como consecuencia al apoyo brindado por las empresas que han financiado a grupos armados organizados al margen de la ley".

Semana.com: El presidente Juan Manuel Santos dijo durante la conmemoración del día de las víctimas (9 de abril) que al Incoder se le estaba acabando la gasolina...

P.G: Yo llevo poco tiempo, no podría decir si estaba trabajando con gasolina extra o si se le estaba acabando, pero creo sinceramente que como muchos colombianos hay un afán de empezar a ver resultados. Hay mucha expectativa y tal vez por eso se empezaron a ver cifras apresuradas y se le puso al proceso de restitución un acelerador, mientras la realidad es otra.

Semana.com: el exdirector del Incoder iba entonces con una dinámica diferente a la de ustedes...

P.G: No sé, puede ser. Es importante entender cuál es el alcance y sobre todo los tiempos del proceso.

Semana.com: ¿Cómo va el Registro Único de Víctimas (RUV)?

P.G: Se está trabajando en eso. Esperemos tenerlo en máximo un mes.

Semana.com: A partir de su experiencia con ellas, ¿qué cree que es lo más difícil de ser víctima?

P.G: La estigmatización. Poder demostrar que después de todo es posible tener un proyecto de vida. En este país la exclusión social es muy difícil.

Semana.com: ¿Cree que están satisfechas hasta ahora con la Ley?

P.G: Creo que por ahora están llenas de ilusión, de muchas expectativas.

Semana.com: El Partido Liberal le pidió al fiscal Eduardo Montealegre celeridad en procesos de líderes asesinados , ¿qué le pide usted?

P.G: Judicialización de los casos de fraude al sistema de víctimas y también celeridad en los procesos de muertes de líderes de tierras.