NO TENGO EDAD

Cuando el pasado sabado a la medianoche los agentes secretos del DAS trasladaron a Andres Arturo Gutierrez Maya, el jovencito sindicado del asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, a un patio anexo a la carcel La Picota para garantizar su integridad fisica, se desató una polémica juridica. Los funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar y los delegados de los Derechos Humanos, alegaron que, segun el nuevo Codigo del Menor--que entro en vigencia en noviembre del año pasado--, ningun menor de 18 años puede ser juzgado por los jueces ordinarios y mucho menos ser recluido en un centro penitenciario.

Por tanto, exigieron que el caso fuera trasladado a los jueces de menores, ahora de familia, quienes decidiran a que centro de rehabilitación sera llevado el joven sicario para que reciba lo que los expertos consideran que debe ser un adecuado tratamiento mental, moral y social, antes de regresarlo a sus padres. En un país donde la impunidad se ha extendido como una telaraña sobre la justicia, donde los sicarios detenidos y sindicados por los multiples asesinatos de colombianos se pueden contar con los dedos de las manos, no deja de ser contradictorio y paradojico que el autor material y unico testigo del asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa sólo reciba una amonestación antes de salir de nuevo a la calle.

Es mas, si la familia de Andres Arturo Gutierrez considera que ha sido lesionada moral y socialmente por las publicaciones de las fotos y el nombre de su hijo, el nuevo Codigo del Menor le entrega armas legales para iniciar una querella legitima contra los medios de comunicación.

Estas realidades estan consignadas en el Decreto Legislativo 2737, firmado por el presidente Virgilio Barco Vargas y que le dio vida al Codigo del Menor, que fue aprobado por el Congreso en una de las ultimas sesiones del año pasado. Pero, como suele suceder con muchas leyes, solo hasta ahora, cuando un jovencito de apenas 15 años asesino a un precandidato a la Presidencia de la República se estan midiendo los alcances y consecuencias de la nueva norma.
En esta polémica juridica, que tiene cuerda para largo, queda al descubierto el absurdo de que, en un país donde el fenomeno del sicariato infantil y juvenil tiene en vilo a las autoridades y cuerpos de seguridad, la edad penal que era de 16 años haya pasado a los 18, sin medir sus consecuencias. Y, que de paso le abra las puertas de las carceles, no solo a jovenes asesinos como Byron Velasquez, sindicado de matar a Rodrigo Lara Bonilla, sino que le permita a la organización del crimen contar con niños como Andres Arturo Gutierrez, para llevar a cabo sus asesinatos.
El director del ICBF, Jose Granada, señalo que los argumentos expuestos por los redactores del Codigo para elevar la edad penal de 16 a 18 años, se basa en que las carceles no han cumplido una funcion regeneradora y, por el contrario, son una escuela del delito. "En los patios de menores se comete todo tipo de vejámenes, tráfico de drogas, prostitución y homosexualismo".

Pero los jueces de menores tienen un concepto muy diferente con respecto a esta medida. Ellos consideran que elevar la edad penal es un "gol juridico" con graves repercusiones sociales, si se tiene en cuenta la situación de orden publico. "No podemos tapar el sol con la mano. Un jovencito de 14 años ya sabe que es bueno y que es malo. Sabe cuales son las consecuencias si se comete un asesinato", señalo un juez de menores que solicito reserva de su nombre.

Para estos jueces el mayor desacierto ha sido la puesta en vigencia de un codigo sin tener la infraestructura administrativa. "Aqui no hay centros de rehabilitación que permitan un tratamiento pedagógico y reeducativo para los menores", dijo el juez consultado.

Pero para José Granada, esta situacion si esta prevista por parte del gobierno. "Se realizar" una inversión de dos mil millones de pesos para construir las instalaciones donde se rehabilitara a los jovenes sindicados de delitos. Y el costo de funcionamiento ser de 200 millones de pesos al mes. Presupuesto que se tiene y que esta aprobado para su ejecución, agrego Granada.

Las cifras de criminalidad juvenil indican que es necesario tomar cartas en el asunto. Segun datos suministrados por el Ministerio de Justicia, en los ultimos dos años los menores de edad han cometido 130 asesinatos.
Durante este mismo tiempo, 1.458 menores han ingresado a las carceles.
De ellos nueve por pertenecer a grupos guerrilleros; 624 por robo a mano armada; siete por colaborar en fugas de presos; 16 por lesiones personales; 232 por trafico de drogas; 83 por violacion al estatuto antiterrorista y 130 por homicidio simple. Solo el 17% ha sido condenado.

Y mientras se define la suerte de Andres Arturo Gutierrez y los juzgados de menores de Medellín conceden la libertad a los 109 jovencitos acusados de pertenecer a las bandas de sicarios desmanteladas por la IV Brigada y que se encuentran presos en la carcel de Bellavista, en la Corte Suprema de Justicia hace curso una demanda de inexequibilidad al Codigo del Menor, instaurada por un grupo de abogados penalistas.