No va más

La prolongada polémica que se inició hace más de año y medio, desde cuando se propuso a Alfonso Gómez Mendez como Procurador General de la Nación, terminó la semana pasada con la renuncia del funcionario. Su dimisión fue el resultado de un amargo debate en el que reinó la confusión de concepto y la mezcla de razonamientos políticos con decisionesjurídicas.
La última parte de esa polémica empezó el pasado primero de noviembre, cuando se supo que la Procuraduría había pedido la destitución del ex comandante del Ejército, general Jesús Armando Arias Cabrales, por su actuación en los hechos del Palacio de Justicia. En realidad, el fallo del Ministerio Público resultó, en el momento de conocerse, más conflictivo de lo que en otra época hubiera sido: se cumplían cinco años de la sangrienta toma del Palacio. Pero además, el principal responsable de los dolorosos acontecimientos de 1985, el M-l9, es hoy también el protagonista del evento electoral más importante de este siglo. Con el "agravante" de que ahora está dentro del sistema y que será ganador en las elecciones para la Constituyente, si se cree en las cifras de las encuestas. En este contexto político, pedir sanción de destitución para el militar que se enfrentó al M-19 en defensa de las instituciones, era no solo un asunto conflictivo sino verdaderamente explosivo.
Por eso, muchas personas se preguntaron si dejar filtrar el fallo de la Procuraduría en ese momento -la decisión había sido tomada el 28 de septiembre- tenía intención política. Tal como era de preverse, en la discusión del tema se escucharon a diestra y siniestra argumentos emotivos sobre la conveniencia del fallo pero casi ninguno sobre la juridicidad del mismo. Esa fue la razón para que el Procurador en su carta de renuncia, dijera que se estaba adelantando una "controversia con fines electorales".
Muy poco eco encontraron los contra-argumentos de orden legal que esgrimió Gomez Méndez, quien frente al Senado explicó que la Procuraduría no pedía la destitucion del general Arias porque había defendido las instituciones, sino por la forma como las había defendido. "Es muy difícil hacerle ver a un país incendiado por la violencia, que aun en situaciones de crisis existen unas normas universales para la protección de rehenes ajenos al conflicto".
En su polémica con el Congreso, el Procurador se enfrentó a una situación paradójica. A la acusación implícita en todas las opiniones, en el sentido de que con su fallo estaba ayudando a Navarro Wolf, mientras "hundía en la deshonra" a un servidor de la democracia, al jefe del Ministerio Público le tocó rechazar el calificativo de enemigo de las Fuerzas Armadas y asegurar que era tan poco afecto a los grupos guerrilleros que él no le hubiera concedido el indulto al M-l9. Ahora pasaba por personero de la izquierda. Pocos meses atrás, sin embargo, en el titular desplegado a todo lo ancho de un periódico se leía: "Procurador vs. Pueblo Soberano". Entonces la polémica se le hacía por reaccionario, debido a su concepto ante la Corte Suprema contra la exequibilidad de la Asamblea Constitucional. Y entonces también, el Procurador argumentó que solo estaba impulsado por razones ligadas al Estado de Derecho.
La semana pasada se complicó la situación del Procurador, cuando se declaró impedido para continuar conociendo el caso del general Arias Cabrales, al cual todavía se le puede aplicar el recurso de revocatoria directa. Ninguno de los siete nombres puestos a disposición de la Cámara para que escogiera un Procurador ad-hoc, logró conquistar el apoyo político suficiente. Y en esas condiciones, tampoco nadie quiso arriesgar su piel en una tarea que bien puede significar la ratificación de la sanción. Los conservadores, encabezados por el ex presidente Pastrana y por Alvaro Gómez Hurtado, cada uno desde su propio movimiento político, aprovecharon el momento para revivir su vieja aspiración a tener un procurador de su partido.Todo esto sucedió en medio de una indiferencia liberal que rayaba en actitud de oposición. Perdido el apoyo político de su partido, que en la práctica nunca fue muy entusiasta con su nombre, el procurador Gómez decidió renunciar para no complicarle la vida al Jefe de Estado. Sin querer, no obstante, se la complicó por la actitud de los procuradores delegados, quienes renunciaron en solidaridad con su jefe y para no "apartarse de los principios tutelares de la democracia", según sostuvieron.
La caída de Alfonso Gómez Méndez, fue tomada casi sin excepciones como el triunfo de la visión política de este caso. Nadie dudó, ni siquiera Navarro, que la sanción de destitución al general Arias, debido a las circunstancias, era inconveniente. Pero por otra parte, no se examinó con seriedad si el fallo estaba ajustado al derecho. Es decir, si el Procurador estaba cumpliendo con su deber o no. Tampoco se tuvo en cuenta que entre las funciones de la Procuraduría no se incluye la de evaluar el momento político del país antes de emitir un fallo. Por eso la pregunta que quedó flotando en el ambiente es si el tiempo le dara la razón al impopular punto de vista de Alfonso Gómez Mendez.-