"Nos preocupa que la Defensoría se reduzca a un botín burocrático": trabajadores

Durante la elección del nuevo defensor del Pueblo, una dura denuncia hizo Martha Cecilia Reina, presidenta de la Asociación Nacional de Defensores Públicos (ASDEP).

Reina dijo que la Oficina de Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado no cuenta con un funcionario titular que la dirija.

Pero ese no fue el único dato que identificó como parte de una lista llamada "la deuda de la Defensoría". Reina dijo que los defensores regionales "trabajan en situaciones de riesgo y alta sobrecarga laboral".

Además señaló que en una visita a la seccional de la Defensoría en la Costa Atlántica, ella personalmente pudo constatar que los funcionarios no contaban con insumos básicos de papelería. En Bolívar las instalaciones no tienen internet y padece "deficiencias en el fluido eléctrico".

Reina alertó sobre la creciente contratación por prestación de servicios en la entidad. Y señaló que las direcciones nacionales de atención y trámite de quejas que tuvieron otrora entre 18 y 20 asesores, hoy sólo cuentan con menos de siete. "Estas particularidades hacen parte de las deficiencias que es necesario corregir", dijo Reina.

Sus denuncias fueron escuchadas por los candidatos a reemplazar a Vólmar Pérez como defensor del Pueblo. Y se sumaron al coro de voces que han señalado que las recientes administraciones de la entidad no han estado a la altura de los desafíos que plantea la situación de derechos humanos en el país.

La presidenta de la ASDEP, quien lleva dos meses en el cargo, hizo un llamado al nuevo defensor, Armando Otálora, para que se comprometa a proteger "no sólo los derechos civiles, sino también los económicos, sociales, culturales y del medio ambiente".