Noticias falsas: ¿la cuarta es la vencida?

Todo político que se siente calumniado acude a los jueces. Y cada opositor y voz crítica debe separar unas tediosas horas mensuales de comparecencia en los juzgados para defenderse. Pero, ¿qué hay de los atacados en las redes sociales sin que se conozca la identidad del autor? ¿Qué se puede hacer?

Por cuarta vez, el Congreso discutirá cómo regular los contenidos en internet. El proyecto radicado por el senador José David Name busca –dice él– dotar de herramientas a los ciudadanos para defender su honra cuando la vulneren en redes sociales desde cuentas falsas, amparadas en el anonimato y sin pruebas ni soportes.

El senador Name excluyó de la norma a los medios de comunicación y a cualquier cuenta de autor identificado. Solo aplicaría para cuentas falsas o que funcionan con autores anónimos. Pero pone en hombros de las plataformas (Google, Facebook, Twitter, etcétera) la tarea de recibir la solicitud del ciudadano, determinar si tiene razón y eliminar la información en 72 horas. Así nada más; sin orden judicial, como en Alemania.

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Este es un hueso duro de roer. Cada vez que un caso concreto llegó a los estrados, la Corte Constitucional falló por preservar la libertad de expresión y desestimó las solicitudes de eliminar por vía judicial información en internet. En el ámbito continental la situación es más o menos similar.

En Europa, en los últimos dos años causó ira la injerencia rusa en Facebook para torcer las campañas mediante noticias falsas y, en consecuencia, anunciaron medidas drásticas. Pero en abril, la Comisión Europea decidió atender las recomendaciones de un equipo de 39 expertos, desistió de establecer leyes contra las noticias falsas y se consoló con una política de educación y autorregulación de las plataformas. Sin sanciones punitivas, porque entendió que no hay manera de aplicarlas y es difícil encargar a un organismo la tarea de distinguir verdad de falsedad.

La principal ley en pie hoy es la NetzDG en Alemania, que obliga a Facebook y Google a retirar contenidos xenófobos, racistas o contra la democracia, en un plazo de 24 horas tras recibir la denuncia. La sanción de 50 millones de euros motivó a Facebook a contratar más de 1.000 revisores (moderadores). Pero la ley NetzDG gira alrededor de asuntos políticos y sociales. El proyecto de Name, en cambio, parece estar más orientado a combatir la difamación. “¿Cuántos jóvenes se han quitado la vida por difamaciones y matoneo?”, pregunta el congresista. Y agrega un punto nuevo en el debate: “¿Por qué en Europa sí le han puesto tatequieto a Google y a las redes sociales no solo por las noticias falsas, sino por la venta de los datos, y aquí no hemos hecho nada?”.

Para quienes se oponen a la regulación, las noticias falsas deben solucionarse mediante los mecanismos judiciales por injuria y calumnia. Que es, de hecho, lo que viene sucediendo, y ha desatado una fila de procesos. El problema con normas de protección al ‘buen nombre’ es que cualquiera que se sienta atacado en internet apelará a ellas. Y no hay manera de impedir que un gobierno autoritario, un empresario influyente o un líder político intenten utilizar este mecanismo para censurar las críticas.

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Por otra parte, cualquier ley propuesta tendrá el sabor de un ‘ministerio de la verdad’ o, peor aún, de una privatización de la justicia, pues se deja en manos de empresas como Google o Facebook el poder de decidir. Y estas compañías han manifestado que no desean asumir semejante tarea. No es su negocio.

Actualmente, en Colombia las plataformas no están obligadas a verificar la veracidad. “Nuestro motor de búsqueda es un mero indexador de contenidos publicados por terceros, y esos terceros son responsables por sus contenidos”, sostiene Ana Lucía Lenis, gerente de Asuntos Públicos de Google para la región andina. Para esta compañía, eliminar contenidos con base en una denuncia privada no sería una forma eficiente de proteger la libertad de expresión.

Facebook, por su parte, participa voluntariamente en una iniciativa periodística de verificación de noticias falsas (con La Silla Vacía, Consejo de Redacción y Colombiacheck). Y la semana pasada habilitó un botón de contexto para cada noticia, como la descripción de Wikipedia sobre el autor, artículos relacionados y cuántas veces han compartido dicha información. Es todo cuanto puede hacerse por ahora.

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La representante Margarita Restrepo prepara otra versión de un fallido proyecto de ley que presentó el año pasado y que se hundió sin debate. Propone penalizar con uno a dos años de cárcel a los creadores de cuentas falsas y piensa promover un “pacto ciudadano” para las redes sociales. Entre tanto, el proyecto de Name ya está en la Comisión Sexta y lo discutirán en esta legislatura representantes de partidos que extraoficialmente han utilizado noticias falsas en sus estrategias electorales. Todo el mundo lo sabe. En Colombia se necesita, como en ningún otro país, decencia en el uso de internet. Nadie desconoce el problema, pero nadie tiene, por ahora, una fórmula viable.