NOVEDAD EN EL FRENTE

Golpear suficientemente fuerte a la guerrilla para poder sentarse a negociar la desmovilización ha sido la consigna de los últimos gobiernos. Sin embargo, los cuestionables resultados de los operativos militares han dejado la sensación generalizada de que el Ejército se ha quedado a la zaga de las expectativas de los colombianos en materia de seguridad interna y de que la guerrilla, las FARC y el ELN, en lugar de perder terreno lo ha ido ganando. La ofensiva de las últimas semanas ha sido de tal magnitud, que el número de soldados y policías muertos se eleva a 136 en lo que va del año, una cifra que está muy por encima del promedio de los últimos años. Colombia presenta la tasa de mortalidad por violencia más alta del mundo (0.7 por 100). En Colombia hay 30 veces más homicidos que en Europa, 15 veces más que en Estados Unidos, cinco veces más que en América Latina y más del doble que en El Salvador, un país que lleva 10 años de guerra civil.

En el país, sólo el año pasado, se presentaron 22.468 homicidios. Dentro de esta cifra se contabilizan el asesinato de 2.058 campesinos, 741 soldados y 495 policías. Las estadísticas señalan también que el ELN atacó ocho bases militares, el EPL una y las FARC 15. La guerrilla realizó 67 emboscadas contra las Fuerzas Militares y de Policía, a las cuales se sumaron 210 ataques urbanos contra la fuerza pública principalmente de carácter narcoterrorista. Y en materia de secuestros, 1990 registró la espeluznante cifra de 1.274. Todo esto permite llegar a la conclusión de que la eficiencia de las Fuerzas Armadas es altamente cuestionable.

La explicación de primera mano que desde hace muchos años se viene dando a esta situación, es que el problema es de plata. Dicen que si el país quiere que las Fuerzas Armadas ganen la guerra, la solución es aumentarles el presupuesto para poder funcionar adecuadamente. Lo grave es que el presupuesto asignado a los militares ha ido aumentando, pero no necesariamente se ha visto reflejado en la eficiencia en los campos de batalla, o en las calles de las grandes ciudades donde día a día aumenta la criminalidad.

La inversión en defensa nacional, comparada con inversiones sociales como educación y salud es cuantiosa.
Para citar solo un ejemplo, en 1990 el monto asignado a la inversión militar, más de 93 mil millones de pesos, fue tres veces mayor que en el sector educación y dos veces mayor que en el sector salud.

Segun fuentes oficiales, el gasto militar ha ascendido, como proporción del PIB, en forma continua desde 1975, pasando del 0.8 por ciento del PIB en ese año al 1.3 por ciento en 1990, con especial énfasis desde 1987.
En los ultimos seis años, en materia de apropiaciones, para el sector defensa aumentaron 47 por ciento en términos reales, mucho mas que el total de apropiaciones del presupuesto nacional, que fueron del 7.6 por ciento en el período.

Pero no obstante haber crecido mas que el PIB en los últimos 15 años, el gasto militar no muestra un nivel que pueda considerarse alto en términos históricos o en comparación con otros países, según fuentes de Planeación Nacional. En Colombia existen tres períodos históricos que pueden ser calificados como de alto gasto militar: durante la guerra con el Perú en 1933, en los años 50 durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla y cuando a comienzos de los años 70, durante la administración de Misael Pastrana Borrero, se compraron a Francia los aviones Mirage. Incluso un analisis de las Naciones Unidas hecho en 1988, muestra que el gasto militar en Colombia en relación con el PIB es similar al de países como Paraguay, México y Brasil, superior al de Costa Rica, pero inferior al de países como Chile, Perú, Honduras, El Salvador y, claro está, Nicaragua.

Con respecto a los gastos de defensa y policía, en el gobierno de Julio César Turbay, considerado el Presidente que más respaldo ha dado a los militares, el porcentaje de los gastos significó un promedio anual del 14.5 por ciento de los gastos del sector central. Luego, bajo el gobierno de Belisario Betancur y después bajo la administración de Virgilio Barco esa participación creció hasta alcanzar en algunos años cifras superiores al 18 por ciento.

Pero a pesar de que Colombia está lejos de ser considerada una potencia militar en América Latina, es un hecho que las últimas administracioncs han dedicado especial atención al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y han multiplicado su presupuesto.
Por eso, la pregunta que todos se hacen es por qué a la hora de ataques tan descarados como el bloqueo de una vía cerca de Bucaramanga o la voladura de puentes y torres de energía en las goteras de Bogotá, no se ve un soldado ni por las curvas.

Para esta pregunta hay dos respuestas. En primer lugar, en Colombia, en la gran mayoría de los conglomerados urbanos hay muy baja o ninguna presencia de la fuerza pública. La Policía, por ejemplo, encargada de la vigilancia de la ciudadanía, tiene un poca más de 70 mil efectivos, lo que daría siete agentes por núcleo de población en caso de que se decidiera la presencia de esta fuerza en todos los sitios.
El momento de mayor cubrimiento de fuerza pública en el país se da durante los períodos de elecciones, y en estos sólo se pueden cubrir efectivamente 3.600 núcleos de población. En términos generales, por cada 235 colombianos hay solo un miembro de las Fuerzas Armadas. Es tan ajena a la población civil la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en muchos lugares de la geografía nacional, que cuando se presenta un problema de orden público y llega tropa a solucionarlo, esta es vista practicamente como un Ejército de invasión.

Una segunda explicación para la falta de eficacia de los operativos militares, es el criterio con el cual las Fuerzas Armadas definen sus prioridades de inversión. Si a un ciudadano común y corriente se le preguntara en qué deberían ser fuertes las Fuerzas Armadas, sin duda respondería que en la represión de la guerrilla y del narcoterrorismo, que son los dos tipos de violencia que mas golpean la vida cotidiana de los colombianos.

Paradójicamente, si se analizan las inversiones hechas en los últimos años, las prioridades para los militares parecerían ser totalmente diferentes.

Para la muestra un botón: en 1987, el CONPES aprobó dos autorizaciones para la contratación de créditos externos con destino a las Fuerzas Militares. La primera de ellas fue por 64 millones de dólares, que estaban destinados a la financiación de un plan de emergencia para controlar problemas de orden público.
La segunda autorización, que coincidió con el incidente de la corbeta Caldas en el golfo de Coquivacoa, permitía financiar con 513 millones de dólares un plan de desarrollo cuyo objetivo era