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| 4/19/1993 12:00:00 AM

Novedades en el frente

Una decisión de la Corte y una de la Fiscalía pueden cambiar el rumbo del proceso contra los concejales de Bogotá.

Novedades en el frente Novedades en el frente
LA SEMANA PASADA, LA Fiscalía General no sólo fue noticia por el tema de Pablo Escobar.
También alcanzó las primeras planas por el sonadísimo caso de los concejales de Bogotá, proceso dentro del cual se produjo una importante decisión de la Corte Suprema de Justicia, que puede implicar un significativo reversazo frente a lo actuado hasta ahora por la Fiscalía.
A mediados de la semana, la sala de casación penal de la Corte, que había abordado el estudio del proceso de los concejales en cuanto a los senadores Alvaro Pava Armando Echeverri y Ricaurte Losada, y el representante Telésforo Pedraza, contra quienes la Fiscalía había dictado auto de detención en febrero, revocó dichos autos con el fin de reanudar la investigación desde un principio.
La Corte se hizo cargo del caso de los cuatro concejales-parlamentarios, después de una serie de declaraciones cruzadas con el fiscal Gustavo de Greiff sobre la competencia de la Fiscalía para ordenar la detención de los congresistas. Finalmente, De Greiff aceptó la posición de la Corte y la Fiscal encargada del caso trasladó el expediente de Pava, Echeverri, Losada y Pedraza a la sala penal del supremo tribunal.
A la hora de revisar el proceso en estos cuatro casos, la sala penal resolvió literalmente volver a empezar, aunque eso sí, consciente de sus limitaciones para hacer investigaciones de campo, optó por conservar todas las pruebas hasta ahora recaudadas por la Fiscalía, y anteriormente por el juez César Tulio Lozano y la Procuraduría.
Lo anterior no quiere decir que los cuatro congresistas queden exonerados, pero como le dijo a SEMANA uno de los abogados vinculados al proceso, "lo que sí está claro es que si la sala penal hubiera estado de acuerdo con la tesis de la Fiscalía sobre el peculado por apropiación, en el sentido de que éste se configura desde el momento en que se saca de la órbita del Estado un bien público, no hubiera echado para atrás lo actuado por la Fiscal en el caso de los congresistas".

CUOTA DE SALIDA
Pero la decisión de la sala penal de la Corte no fue el único episodio de la semana pasada en el Caso de los concejales de Bogotá. La propia Fiscal+a también tomó decisiones que implicaron novedades en el proceso. El organismo acusador aceptó otorgar el beneficio de excarcelación (libertad provisional) a aquellos concejales que como Jorge Muñoz, Dimás Rincón y Jaime Casabianca consignaron cada uno 42 millones de pesos, justamente la cantidad que en 1991 les fuera asignada como auxilios.
Según los juristas que han estudiado la decisión de la Fiscalia, este beneficio no se extiende a todos los que devuelvan los fondos que distribuyeron como auxilios, sino solamente a los que estén acusados de peculado por extensión por apropiación. Aquellos sindicados directamente de peculado por apropiación no podrían, a la luz del Código de Procedimiento Penal, acogerse a este beneficio.
Pero más allá de las razones de tipo jurídico que sin duda asisten a la Fiscalía -y que parecen hoy darle algo de razón al ex juez Lozano-, la verdad es que para el colombiano raso que ha estado pendiente de este caso desde cuando estalló hace más de un año, no está nada claro por qué devolver el dinero le permite al acusado recuperar, aunque sea provisionalmente, su libertad. "A ese observador desprevenido la lógica le indica que si el sindicado devolvió el dinero, es precisamente porque lo tenía", comentó a SEMANA el abogado defensor de uno de los concejales que no ha devuelto fondos. "Aquel concejal que como mi defendido destinó los dineros a verdaderas obras benéficas, no puede devolverlos, pues no los tiene consignados en su cuenta personal ni en un CDT", agregó el litigante.
Todo lo anterior podría configurar una mala semana para la Fiscalía en el caso de los concejales. Sin embargo, en defensa de esta institución en la que millones de colombianos tienen hoy puestas las esperanzas para que se recupere la justicia, habría que decir varias cosas. La primera, que el de los concejales es un caso complejo y sin antecedentes en el que no es fácil decir qué es blanco y qué es negro, y por ello mismo hay que esperar que el proceso dé muchas vueltas antes de llegar a su fin. Y en el tema específico de las excarcelaciones por devolución de dinero, está el argumento de que, al menos desde el punto de vista práctico, la actuación de la Fiscalía está consiguiendo algo que se creía imposible: que la plata de los auxilios vuelva a las arcas del Estado.

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