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| 10/22/2019 12:00:00 PM

El nuevo agarrón entre el Gobierno y el partido Farc por los bienes de la extinta guerrilla

Un decreto que le pone fecha límite a la entrega de los activos del antiguo grupo insurgente promete una nueva disputa entre la nación y los desmovilizados. En el medio está la reparación a las víctimas.

Nueva disputa entre el Gobierno y las Farc por los bienes Los voceros de esta organización han dicho que ya entregaron todos los bienes en su poder. El Gobierno dice lo contrario. Foto: JEP

Esta semana el gobierno del presidente Iván Duque anunció que emitirá un decreto con el que buscará garantizar que la antigua guerrilla de las Farc entregue sus bienes para reparar a las víctimas. Según el ejecutivo, el nuevo decreto no es más que un paso necesario hacia el cumplimiento de los acuerdos de paz del Teatro Colón. Los dirigentes del Partido Farc, por su parte, ven la medida como una afrenta a la consolidación de la paz.

Hoy existe un conflicto grande entre las partes pues, a decir verdad, las versiones de los unos y de los otros son diametralmente opuestas. El Gobierno ha dicho que con la expedición de este decreto los líderes desmovilizados tendrán hasta el 31 de diciembre del presente año para concretar la entrega de la totalidad de los bienes que adquirieron en el marco de la guerra. Pastor Alape, vocero de la desmovilizada organización, ha dejado saber que esos bienes ya fueron entregados a la Sociedad de Activos Especial (SAE), entidad encargada para esos efectos.

La problemática sobre esta materia entre el Gobierno y las Farc nace principalmente por la naturaleza de los bienes que fueron reportados por esta guerrilla. Como era previsible, muchos de ellos no son fácilmente monetizables. Aunque hubo registros de dinero en efectivo y de caletas llenas de oro (dos bienes absolutamente líquidos), hay otros cuya recuperación representa un auténtico reto logístico.

Entre estos bienes de difícil recolección hay tierras sin título en zonas de reserva, ganado, construcciones de carreteras, escuelas, terrenos baldíos, y otros activos de muy difícil acceso. Según la dirigencia del partido Farc, su obligación iba hasta reportar todos estos bienes a la SAE. A partir de ahí, sería esta entidad la encargada de recuperarlos, liquidarlos, y administrarlos para que fueran destinados a la reparación de las víctimas.

“Nosotros entregamos los listados tal y como dice en el acuerdo y estos fueron incluso más detallados de lo necesario. A partir de ahí se supone que el Estado estaba obligado a recuperar esos bienes. Hay unos que son inmuebles que están en zonas donde permanecíamos nosotros, zonas de reserva en donde no existen títulos”, le dijo a SEMANA Carlos Antonio Lozada, senador del Partido Farc.

Sin embargo, el alto consejero presidencial Emilio Archila, quien desde Palacio está encargado del posconflicto, tiene unas cuentas diferentes. Según el funcionario, de los 900.000 millones de pesos que fueron anunciados por las Farc, unos 400.000 no podrían ser utilizados por tratarse de activos no liquidables, es decir, que no se convierten en dinero en efectivo de forma inmediata. Eso dejaría 500.000 millones de pesos que podían ser destinados a la reparación. De este capital, Archila anota que solo 3.000 millones han sido entregados.

Las cuentas de la SAE tampoco favorecen al Partido Farc. En los registros de esta entidad hasta ahora figura lo siguiente: 2.114 millones de pesos; 450.000 dólares; 255.238 gramos de oro; 9 predios rurales; 299 inmuebles; 224 cabezas de ganado y 996 unidades de muebles y enseres.

No obstante, los líderes de la antigua guerrilla sostienen que ese precario balance no obedece a una falta de voluntad de su parte sino a la incapacidad del Estado para recuperar la totalidad de los bienes que fueron reportados. Con esto quieren seguir impulsando la idea de que las Farc no han querido entregar los bienes cuando la realidad es que el Estado es quien ha sido incapaz de recogerlosanotó el senador Lozada.

La expedición y el contenido del nuevo decreto aún no es un hecho, pues está pendiente una reunión con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), de la que hacen parte miembros del Partido Farc.

Estos seguramente se opondrán a la más reciente iniciativa de Palacio. Este nuevo pulso, que se desarrolla en medio de versiones encontradas, se presenta en plena época electoral. Al pasar las elecciones, es previsible que las tensiones entre el Gobierno y la dirigencia política de las Farc sigan subiendo por cuenta de este nuevo encontrón.

 

 

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