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Nuevos cupos carcelarios, un alivio temporal

En pocos meses entrarán a funcionar nuevas cárceles para disminuir el drama del hacinamiento. Una medida que ayuda, pero no soluciona el problema de fondo.

8 de julio de 2017

Desde hace varios años el país se ha acostumbrado a ver las infernales imágenes del hacinamiento en las cárceles colombianas. Muestran a internos durmiendo por turnos o unos encima de otros, un baño que usan 30 o más detenidos que también lo deben usar de dormitorio. Eso y las condiciones sanitarias deplorables son tan solo algunas de las circunstancias lamentables que viven los presos en la mayoría de los penales.

El último de estos dramas se vivió hace poco en Medellín y terminó convertido en un problema casi de orden público en la capital antioqueña. En las principales cárceles de esa ciudad, como Bellavista o Itagüí, debido a la sobrepoblación, no hubo forma de recibir más detenidos. En cosa de días todas las estaciones de Policía, URI y hasta el propio búnker de la Fiscalía terminaron convertidos en “penales improvisados”. El alcalde de la ciudad y otros nueve mandatarios de la región hicieron un llamado desesperado para advertir a la Policía y a la Fiscalía que redujeran su operatividad porque literalmente no había dónde meter los presos.

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Colombia cuenta con 136 establecimientos de reclusión que tienen una capacidad para albergar 77.055 internos. Sin embargo, en la actualidad hay más de 121.000 detenidos, lo que arroja una sobrepoblación del 57 por ciento.

En noviembre del año pasado, el gobierno, a través de un documento Conpes de Planeación Nacional, aprobó más de 800.000 millones de pesos para construir nuevas cárceles y ampliar otras. Con esa inversión esperaba generar 7.256 nuevos cupos, para reducir en 17 por ciento el hacinamiento actual.

Hace un mes el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, empezó a entregar las primeras obras, entre ellas el patio 5 de la cárcel de Bellavista con capacidad para 406 internos. Para finales de este año abrirán 4.226 cupos en 6 ciudades (ver mapa) e inaugurarán en agosto dos cárceles en Espinal (Tolima) y Buga (Valle), con capacidad para 1.500 reclusos. También, ya están en construcción otros penales en Sabana de San Ángel (Magdalena), Riohacha (La Guajira) y Pereira (Risaralda). El primero tendrá 3.000 cupos y los otros dos de a 1.500 cada uno. De igual manera, serán construidos dos pabellones en la cárcel de San Gil (Santander), con capacidad para 680 reclusos, y otro en Cómbita (Boyacá), que proporcionaría otros 576 cupos. La meta es entregar 7.308 entre 2017 y 2019 y 6.400 cupos más entre 2020 y 2022.

Es claro que este tipo de obras eran necesarias y se habían retrasado debido a que no existían los recursos. Si bien esto ayudará a reducir en alguna proporción el dramático hacinamiento, no terminará de raíz con el problema. La población carcelaria aumenta 19 por ciento en promedio cada año, lo que implicaría que el Estado debe construir tres megacárceles cada tres años si quiere crear los cupos necesarios para evitar el hacinamiento. Es claro que esto es imposible.

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En realidad, para tratar de solucionar el problema carcelario es necesario realizar una profunda reforma al sistema penal y judicial, como ha dicho el ministro de Justicia varias veces en público. En la actualidad, cerca del 40 por ciento de los detenidos en las cárceles están en condición de sindicados. Es decir que cerca de 60.000 están a la espera de que un juez determine si son culpables o inocentes.

Esto se debe en gran medida a que en las últimas reformas al Código Penal se han introducido nuevos delitos, o se han aumentado las penas a otros que antes eran excarcelables. Esto ha terminado por llenar las prisiones con personas que no son un peligro para la sociedad y podrían afrontar sus procesos en libertad.

Más allá de esto, lo cierto del caso es que sin duda es meritorio y necesario construir nuevos centros penitenciarios. Sin embargo, no hay que llamarse a engaños. Se trata de paños de agua tibia que, aunque ayudan, no resuelven la crisis carcelaria.