El escenario para la política y la paz

Aunque desde hace meses lo venía cocinando, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió el martes, en su discurso televisado, con el anuncio de una Comisión Asesora de Paz. Una carta que tenía guardada bajo la manga para un momento crucial. Una jugada para construir mayorías en favor del proceso, justo “cuando entra en una etapa definitiva que requiere de todos los colombianos para sacarlo adelante”, en palabras del mandatario. Y que también busca aliviar la polarización que ha generado el proceso de paz desde las elecciones presidenciales del año pasado.

Santos informó que dos exrivales suyos en la competencia por la Presidencia, Clara López y Antanas Mockus, ingresarían al grupo. Y que con ellos estarían Paula Moreno, exministra de Álvaro Uribe; Ati Quigua, líder indígena; Vera Grabe, exguerrillera del M-19; el general (r) Rafael Samudio; Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT; el cardenal Rubén Salazar; y Carlos Raúl Yepes, presidente del Banco de Colombia.

Pero más llamativa aún fue la noticia de que el expresidente Andrés Pastrana, la excandidata conservadora Marta Lucía Ramírez y dos figuras representativas del Centro Democrático –Carlos Holmes Trujillo García y Óscar Iván Zuluaga– habían recibido invitación pero no habían confirmado si la aceptaban o no. Pastrana accedió pronto con el argumento de que “la paz está por encima de las diferencias políticas”. Marta Lucía también se vinculó, pero a regañadientes y después de haber dicho que tenía “reservas” sobre la propuesta presidencial porque tantas comisiones generan “confusión”. Los uribistas Zuluaga y Trujillo declinaron la oferta y reiteraron sus críticas al proceso.

Se ha cuestionado la falta de manejo político y de pedagogía pública acerca de los diálogos de paz. El propio Kofi Annan, en su reciente visita a Bogotá, enfatizó la importancia de la unidad para negociar acuerdos que pueden afectar la vida de miles, o millones, de ciudadanos. La pregunta es si la comisión nombrada la semana pasada cumple con estos propósitos. Porque su presentación formal –la de canalizar ideas para el proceso– no debería ser más que una fachada, si se tiene en cuenta que el diseño del proceso está definido hace rato, las reglas de juego para la negociación se están cumpliendo, e incluso más de la mitad de la agenda ya está pactada. El equipo de negociadores del gobierno está muy consolidado y maduro, y ha contado con el apoyo de expertos internacionales sobre varios temas, desde hace meses. Es poco probable que la nueva comisión cambie alguno de estos aspectos.

Y como toda lista que se respete, esta tiene las falencias propias de la subjetividad con que se incluyen y se excluyen nombres. No es una coincidencia que un grupo de jóvenes conservadores, encabezado por Josías Fiesco, haya demandado una mayor representación de miembros de las nuevas generaciones. Ni que la senadora Claudia López haya dicho que “falta una estrategia de legitimación de la paz, que no se resuelve con crear una comisión”. Las regiones siguen subrepresentadas. Y por otro lado, la inclusión de una candidata a la Alcaldía de Bogotá –Clara López– y de una precandidata –Marta Lucía Ramírez– puede generar la incomodidad de los demás competidores, y convertirse en un puente para que el delicado tema de la paz entre a formar parte de la pugnaz competencia electoral que se avecina.

El manejo de la comisión no va a ser fácil. ¿Se mantendrá la confidencialidad de las conversaciones, que ha sido considerada fundamental para el proceso? ¿Cómo se tramitarán los desacuerdos? ¿Qué relación habrá entre sus deliberaciones en Bogotá y las conversaciones en Cuba? ¿Se debilita el papel del equipo negociador?

Pero aun si la función real del nuevo organismo no es su aporte técnico, sino servir de mecanismo político para acercar a líderes que no son opositores a ultranza de la negociación pero que no forman parte del proyecto político de Santos, el potencial de la comisión es alto. Y lo pueden disfrutar tanto el gobierno, que necesita más apoyo, como algunos sectores –o personalidades del mundo político– que no quieren quedar por fuera de un acuerdo que empieza a verse como una alternativa real y cercana.

La reunión que sostuvieron el viernes el presidente Santos y el procurador Alejandro Ordóñez también apunta en la misma dirección. El jefe del Ministerio Público hizo, al salir del encuentro, algunas observaciones como que “debe haber paz sin impunidad y espero que el gobierno se comprometa en esa dirección” y “que las Farc digan la verdad, que acepten que cometieron secuestro, homicidio y reclutamiento de menores. Deben aceptar su responsabilidad”. Pero el solo hecho de que se haya producido la esperada –y postergada– reunión entre Santos y Ordóñez, indica que a pesar de las diferencias hay un acercamiento en las posiciones sobre la paz. No menos importante es que el procurador ha continuado convocando reuniones con representantes de todas las fuerzas políticas con el fin de construir un ‘pacto por la paz’.

Muchos de los discursos que se han escuchado en los últimos días reflejan una convergencia en torno al proceso de La Habana. En la marcha convocada por Mockus, el presidente Juan Manuel Santos desfiló con una camiseta que llevaba el lema “Paz sin impunidad”; el mismo del uribismo en la campaña electoral de Óscar Iván Zuluaga, e idéntico al que repitió Alejandro Ordóñez la semana pasada. Marta Lucía Ramírez dice que el pacto que alcanzaron el gobierno y las Farc sobre desminado coincide con una propuesta suya de campaña. Falta mucho terreno para llegar a un consenso, pero los ánimos parecen más tranquilos si se comparan con los que imperaban hace un año, en plena competencia por la Presidencia.

La gran pregunta es qué hará el expresidente Álvaro Uribe. El procurador Ordóñez lo conminó a vincularse a la Comisión de Paz creada por Santos, y al cierre de esta edición el expresidente había anunciado que daría una respuesta el domingo. Quedarse por fuera puede ser un acto de coherencia, pero también podría generarle un riesgo político, sobre todo bajo la hipótesis de que se firme un acuerdo. Para Santos, aislar a su antecesor no es mejor escenario que contar con su apoyo, pero es preferible a la polarización que alcanzó a poner en peligro la viabilidad del proceso.

Lo cierto es que, después de muchos meses, el proceso de paz empezó a moverse por fuera de la Mesa de La Habana.