La pelea entre los canales de TV y los cable operadores

Un asunto entre particulares se volvió un problema de orden nacional que tiene al país entero en ascuas. La disputa que sostienen Caracol y RCN con los operadores de televisión por suscripción (UNE, Claro, Movistar y DirecTV) por la transmisión de la señal en alta definición (HD) tuvo un nuevo round la semana pasada, que atizó el debate que viene caliente desde algún tiempo.

Los canales privados habían suspendido la señal en HD a los operadores desde hace varias semanas, porque les piden que les paguen entre 650 y 800 pesos por cada suscriptor. Es decir, teniendo en cuenta que en el país hay cerca de 4,7 millones de suscriptores a la televisión por cable, se estaría hablando de una suma entre 3.000 millones y 3.700 millones de pesos para cada canal.

Pero UNE, Claro, Movistar y DirecTV se niegan a hacer estos pagos y afirman que la ley los obliga a incluir gratuitamente en su programación los canales nacionales.

El hecho nuevo fue la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que les ordenó a los cableoperadores abstenerse de retransmitir, sin previa autorización de los canales privados, tanto la señal análoga como en alta definición (HD) de Caracol y RCN. Esta es una medida cautelar, que se adopta por petición de estos dos canales y que tiene como objeto evitar posibles actos de competencia desleal por la violación de los derechos de retransmisión de la televisión abierta, contemplados en normas nacionales e internacionales.

Ante la decisión de la SIC, tanto RCN como Caracol autorizaron a los operadores de cable a retransmitir la señal análoga sin contraprestación económica, por lo menos hasta septiembre y diciembre de 2014 respectivamente. Los operadores, sin embargo, al conocer la decisión informaron que una vez les sea notificada sacarán del todo de sus parrillas de programación a los canales privados. Es decir, ni siquiera retransmitirían la señal análoga, o sea la tradicional.

El anuncio causó gran revuelo en el país pues se dio en la antesala del Mundial de Fútbol, un evento visto por millones de televidentes, y de la segunda vuelta presidencial en la que ya están programados varios debates.

El asunto se puso crítico en este punto, porque se estima que el 75 por ciento de los hogares colombianos está suscrito a algún cableoperador. Por eso si los operadores de televisión por suscripción deciden dejar de transmitir la señal las dos partes se verían afectadas porque perderían audiencia, en un negocio donde el rating es clave teniendo en cuenta los millones que mueve la pauta publicitaria. Según cifras de Ibope solo la inversión bruta en la publicidad en los dos canales privados ascendió el año pasado a 3,8 billones de pesos. Eso es lo que está en juego.

Los canales consideran que si los operadores interrumpen la señal estarían violando la Carta Política, que los obliga a permitir el acceso de los colombianos a la televisión pública abierta.

La Contraloría ha terciado en este asunto. En un comunicado advirtió sobre un posible detrimento patrimonial por más de 99.000 millones de pesos, que corresponden a las inversiones realizadas con recursos públicos en la infraestructura de la red de televisión digital abierta nacional, regional y local. El organismo dio un plazo de cinco días para que la SIC, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), el Mintic y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informen sobre las actuaciones que están adelantando con el fin de garantizar la recepción de la televisión abierta.

La Procuraduría también llamó la atención de estas entidades del Estado para que tomen medidas, y en caso de no hacerlo, anunció investigaciones disciplinarias. Para calmar los ánimos bastante caldeados, el superintendente Pablo Felipe Robledo afirmó que “no existe ninguna razón para que los operadores de TV por suscripción interrumpan o cesen la retransmisión de la señal análoga de los canales RCN y Caracol y mucho menos en supuesto acatamiento de la orden judicial”.

En este cruce de cables se pronunció la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que solicitó a la SIC suspender las medidas cautelares adoptadas hasta que se tome una medida de fondo. Esta petición está siendo estudiada por la SIC.

En síntesis, la ANTV tiene la última palabra para desenredar este rollo. Los televidentes colombianos están esperando que tome una decisión rápida y que no le dé más largas al asunto.