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| 4/27/2019 10:05:00 PM

¿Hasta cuándo nos perseguirá la extradición?

A raíz de las objeciones presentadas por el Gobierno a la ley estatutaria de la JEP ha revivido el debate sobre la extradición. El exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez hace un recuento de lo que ha significado esa figura en la historia reciente del país.

Objeciones a la JEP reviven debate de extradición Sorprende que hoy, después de tanta sangre innecesariamente derramada, la extradición siga en el centro del debate Nacional

Y la extradición ahí. Desde la década del ochenta hasta hoy, por alguna incomprensible razón, el tratamiento de la figura de la extradición de nacionales ha determinado la agenda política del país. Tradicionalmente, la extradición, un mecanismo de colaboración internacional en la lucha contra la delincuencia organizada, se regulaba por el Código Penal, el de Procedimiento Penal y por los tratados públicos.

Los profesores de derecho penal no le dedicábamos más de unos cuantos minutos a explicarles esos temas a los estudiantes. Frente a una solicitud de un país extranjero, se iniciaba un trámite en que participaban la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En el expediente solo se analizaban los siguientes aspectos: 1) Individualización (verificar la identidad del procesado), 2) Doble incriminación (que el delito por el cual estaba requerido fuera igualmente penalizado en Colombia), 3) La garantía de que al extraditado le respetaran el debido proceso.

Ahora muchos narcos invierten el lema y "prefieren una cárcel en Estados Unidos que un proceso en Colombia".

La Sala Penal de la corte emitía un concepto que solo obligaba al Gobierno cuando era negativo. Si el concepto era positivo, quedaba en manos del Ejecutivo decidir si extraditar o no. Y así sigue siendo hoy, pues en últimas se trata de una determinación política en cabeza del presidente de la república.

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El tema fue relativamente tranquilo –se presentaron muy pocas solicitudes de extradición– hasta el auge de los carteles de la droga. El Gobierno de Julio César Turbay negoció con los Estados Unidos un tratado de extradición de nacionales que el Congreso, prácticamente sin discusión, aprobó por medio de la Ley 22 de 1979. Solo ante las primeras solicitudes de extradición vino el “crujir de dientes”, y la campaña de los narcos para impedir a toda costa el calabozo en Norteamérica. El Gobierno de Belisario Betancur, por razones validadas de soberanía nacional, negó las primeras solicitudes de extradición a pesar de que el tratado estaba vigente.

A raíz del asesinato de Rodrigo Lara el presidente anunció en el conocido discurso en la catedral de Neiva frente al cadáver de su ministro: ”Alto ahí enemigos de la humanidad entera, el Gobierno comenzará a aplicar la extradición”. Y vino entonces la arremetida de los narcos para tumbarla. Primero, acosados en Panamá por la persecución que vino después del asesinato de Lara, le hicieron al Gobierno la propuesta de entregarse, someterse a la ley colombiana, ir a la cárcel, entregar rutas, y hasta pagar la deuda externa, con una sola condición: no ser extraditados.

Eso fue en 1984. La “negociación” se dañó porque Juan Manuel Santos, entonces subdirector de El Tiempo, filtró la noticia y el país reaccionó indignado pues aún estaba tibio el cadáver del ministro. El Gobierno llegó hasta negar la negociación, hecho que se supo después por relatos tanto del expresidente López Michelsen como del procurador de la época, Carlos Jiménez Gómez. Hoy en día algunos todavía se preguntan qué hubiera sido del destino de Colombia si se aceptaba esa negociación, menos gravosa para el país que la que se hizo después, cuando ya tantos colombianos habían muerto por cuenta de la violencia de los narcotraficantes.

La primera ofensiva fue jurídica. La Corte Suprema de Justicia –sacrificada en la toma del palacio– no cedió a la presión a pesar de las terribles amenazas. Después del holocausto, los magistrados que llegaron echaron abajo el tratado de extradición, con el torpe argumento de que quien había firmado la ley aprobatoria había sido Germán Zea, el ministro delegatario, y no el presidente Turbay. Era evidente que fue una decisión en buena parte tomada bajo coacción.

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Sin esa herramienta el Gobierno de Virgilio Barco restableció la extradición por vía administrativa al utilizar la figura del Estado de sitio y se la aplicó, entre otros, a Carlos Lehder. Fue entonces cuando se cambió la estrategia jurídica por la del narcoterrorismo. Bajo el lema de “preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, comenzaron a asesinar a todo aquel que fuera partidario de la extradición de nacionales. Por defender la figura cayeron entre otros Carlos Mauro Hoyos, Hernando Baquero Borda, Guillermo Cano, Luis Carlos Galán y centenares de magistrados, jueces, policías y periodistas. El país se desangró por cuenta de la extradición.

El 30 de noviembre de 1989 cuando estaba a punto de aprobarse la reforma constitucional que impulsó Virgilio Barco, unos parlamentarios introdujeron en la Comisión Primera de la Cámara una especie de “mico” convocando a un referendo para que el país dijera si se continuaba o no con la extradición. Era una clara estrategia de los narcotraficantes para quitársela de encima.

Así lo denunció valientemente el ministro del Interior Carlos Lemos Simmonds. Ni siquiera los jefes de los partidos políticos, Julio César Turbay y Misael Pastrana, lograron impedir que se continuara con el mico del referendo. Barco prefirió entonces hundir la reforma antes que flaquear ante las pretensiones del narcotráfico. De paso hay que decir que esa reforma tenía ya más del 80 por ciento de las normas que luego aprobaría la constituyente.

Lo irónico es que, como se consideraba que el Congreso era corrupto por haber sometido la extradición a referendo, surgió la idea de impulsar un cambio constitucional por fuera del parlamento y se utilizó de nuevo el estado de sitio para convocar una constituyente.

Y esa constituyente –quién lo creyera– finalmente suprimió la extradición, tal como lo pedían los mercaderes de la droga desde 1984, y para lo cual habían dejado ese reguero de muertos. Apenas 12 constituyentes, encabezados por el hoy procurador Fernando Carrillo, se atrevieron a defender la necesidad de la extradición. García Márquez en Noticia de un Secuestro cuenta literariamente cómo Pablo Escobar se “entregó” a la justicia cuando le llevaron el texto del artículo 35 de la nueva Constitución que, por primera vez en toda la historia de Colombia, prohibía esa figura en la carta magna.

De la confrontación con el narcotráfico –luego de bombazos, asesinatos y secuestros estratégicos como los de Pacho Santos y Diana Turbay– se pasó a la negociación con la llamada política de sometimiento impulsada por el Gobierno siguiente. Incluso antes de la constituyente el Gobierno Gaviria había suspendido la aplicación de la extradición, en un decreto de enero de 1991, como medida para tratar de poner freno al narcoterrorismo. El país conoce suficientemente lo que pasó con esa política de sometimiento, incluida la construcción de La Catedral y la vergonzosa fuga del capo y sus secuaces. También de manera irónica el Congreso, en 1997 bajo el Gobierno Samper, restableció la extradición de nacionales de manera no retroactiva.

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Cabe preguntarse si los capos hubieran ensangrentado el país de esa manera, de haber pensado que un gobierno de Galán iban a tener las gabelas que tuvieron con Gaviria, entre esas la no extradición. Alguien podría decir que esas muertes fueron inútiles, incluida la de Diana Turbay, ya que lo que los narcos pedían apenas días antes de su asesinato en 1991, les fue concedido por decreto unos cuantos días después.

Desde entonces Colombia ha seguido extraditando miles de nacionales. Ahora muchos narcos invierten el lema y “prefieren una cárcel en los Estados Unidos que un proceso en Colombia”. En muchos casos los criminales recién extraditados llegan a negociar en Norteamérica y después de pagar penas irrisorias regresan sonrientes a Colombia.

El mecanismo sigue vigente bajo los principios de siempre: identidad de personal, doble incriminación, garantía del debido proceso, y evaluación de las pruebas de fondo por el país requirente y no por el país requerido. La extradición en el fondo se concede o niega por razones políticas. Aún con concepto judicial favorable un presidente puede negar una extradición por motivos de conveniencia nacional.

El fantasma errante de la extradición persigue a la política colombiana. Durante las negociaciones de paz en La Habana, fue uno de los puntos cruciales de discusión entre el Gobierno y la guerrilla.

No deja de llamar la atención que hoy, después de tanta sangre innecesariamente derramada, las objeciones a la JEP hayan puesto de nuevo a la extradición en el centro del debate nacional. Por cuenta de ellas, ha habido encuentros, desencuentros y rupturas políticas. El problema se resolvería aplicando las normas básicas sobre la figura de extradición, sin volver esto un punto de honor. En esto el debate debe ser jurídico y no político. ¿Cuál será la causa para que siga tan metida en la agenda política? ¿Quién iba a pensar que una objeción sobre la forma como se aplica la extradición terminara uniendo a Gaviria, Santos, Roy Barreras, Iragorri, y hasta a los irreconciliables Vargas Lleras y Armando Benedetti?

EDICIÓN 1996

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