Obstrucción a la justicia, el argumento que llevó a Arias y a Moreno a la cárcel

Era difícil creer que el exsecretario de presidencia Bernardo Moreno iba a enfrentar el juicio en su contra por el caso de las 'chuzadas' en prisión. Sobre todo, cuando el pasado 18 de mayo la fiscal Viviane Morales, luego de imputarle cargos (por concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública), había solicitado sin éxito que fuera cobijado con medida de aseguramiento.
 
En su momento, el magistrado Luis Fernando Ramírez, quien fungió como juez de control de garantías, negó la petición argumentando que el "sistema penal colombiano perfectamente le garantiza la vigencia de presunción de inocencia y del principio de libertad frente a la acción judicial penal que se adelanta en su contra". Resaltó también que el abogado de Moreno, Jaime Granados, había hecho "un detallado recuento de las condiciones personales, sociales y profesionales del imputado, plenamente válidas (…) y no se puede afirmar que tenga antecedentes penales o una conducta social que haga necesario preventivamente proteger la sociedad".
 
Sin embargo, cuando se creía que todo estaba dicho, el camino de Moreno cambió. Los abogados representantes de las víctimas de las ‘chuzadas’ pidieron una nueva audiencia y dieron a conocer una declaración del capitán Jorge Alberto Lagos, exsubdirector de contrainteligencia del DAS. En esta aseguraba que su exabogado Rafael Martínez se reunió en el año 2009 con el exsecretrario general de la presidencia Bernardo Moreno, y que en dicho encuentro Moreno le pidió al abogado que el capitán Lagos no declarara en su contra y que dijera que él (Bernardo Moreno) no tenía nada qué ver en el escándalo de las interceptaciones ilegales.
 
La revelación que presentaron los representantes de las víctimas resultó determinante. La Fiscalía, según reveló la jefe del organismo, Viviane Morales, una vez conoció del testimonio de Lagos empezó a investigar.
 
Morales aseguró que a través de una inspección al club El Nogal, en donde se dio una de esas reuniones, y de entrevistas, incluida la del mismo Lagos, había evidencia de la realización de dichos encuentros.
 
La fiscal Morales aseguró que la inspección "arrojó como resultado que efectivamente hay evidencia documental que demuestra que el día 15 de mayo del 2009 se llevó a cabo una reunión en el salón reservado Oslo, en el noveno piso de ese club".
 
A ella asistieron, señaló, "el acusado Bernardo Moreno y el abogado Rafael Martínez. A esa reunión también asistieron, Gabriel Martínez Reyes Copelo e Iván Guillermo Lizcano Ortiz, personas que al parecer eran altos directivos del Canal RCN".
 
En la entrevista a Lagos, aseguró la fiscal, este se ratificó en todos los hechos relatados en el documento que las víctimas presentaron ante el juez. El exsubdirector de contrainteligencia del DAS dijo que una vez iniciada las investigaciones sobre el DAS, por el caso de las interceptaciones ilegales, contactó los servicios del abogado Rafael Martínez para que lo asistiera en las diligencias de la Fiscalía y la Procuraduría.
 
El relato de Lagos, leído por la fiscal Morales, señala que a mediados de mayo del 2009, un viernes en la noche, le contaron que Martínez (quien ya era su defensor) se había reunido con Bernardo Moreno. Entonces, según él, lo llamó y acordaron verse al siguiente día.
 
El sábado, en el apartamento del abogado, este le contó que por invitación de un funcionario de prensa de la Fiscalía había acudido a un restaurante en el sector de La Macarena, en Bogotá, y que allí había llegado Moreno, quien según le contó Martínez a Lagos, y este declaró a la Fiscalía, estaba muy preocupado por declaraciones en las que se le había nombrado.
 
Según el relato de Lagos, Bernardo Moreno le pidió a su entonces abogado que si no era el mismo Lagos, que fuera él como su representante el que dijera ante los medios que no tenía nada qué ver con el escándalo de las ‘chuzadas’. El abogado también le contó a Lagos que luego de la reunión en La Macarena se había dado otra en el Club El Nogal.
 
Lagos aseguró que fue ese mismo día cuando decidió quitarle poder a Martínez, porque según él, con esas reuniones le había perdido la confianza.
 
La fiscal Morales, luego de hacer lectura de lo que contó Lagos, señaló que se había intentado conocer la versión sobre los hechos por parte del abogado Martínez. Lo buscaron en Santiago de Tolú (Sucre), pero se negó a dar cualquier declaración. La Fiscalía también buscó a Rodrigo Barrera y a Álvaro Ayala, también mencionados en el caso de las reuniones en referencia. Ellos confirmaron la realización de dichas reuniones.
 
Para la fiscal, con dichos encuentros “hay elementos nuevos que se suman para demostrar que la medida (de aseguramiento) es procedente, porque hay evidencias con acciones de obstrucción a la justicia”.
 
Lo mismo consideró la juez Marlene Orjuela. Ella acogió la argumentación de las víctimas y la declaración del capitán Jorge Alberto Lagos. “El doctor Villegas (Bernardo Moreno) tendrá sus relaciones como yo también las tengo, tendrá sus amigos, como todos los tenemos, pero descalifico que ese poder haya sido utilizado para que en esa reunión haya pretendido obstruir la administración de justicia”, dijo Orjuela.
 
“Usted, doctor Bernardo Moreno, perdió un puesto pero no su posición, ni toda la distinción que tiene en la sociedad colombiana. Usted mantiene todas esas condiciones. Y esa demostración (las reuniones) que sucedió hace dos años, que desvaloró su comportamiento, es lo que permite la obstrucción de la justicia, que es a futuro”, agregó la juez Orjuela, quien al dar a conocer su decisión advirtió que “nunca he tomado decisiones por apasionamientos. Acá estoy manifestando las razones que tengo para mandar a Moreno a la cárcel (...) Para que exista la posibilidad de que en un proceso tan complejo todas las partes tengan la garantía de que se va a conocer la verdad de lo sucedido”.
 
El caso Arias
 
Aunque fueron dos las razones que la fiscal Viviane Morales esgrimió para solicitarle al magistrado Orlando Fierro Perdomo que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias (a quien le imputaron cargos por peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales) fuera cobijado con medida de aseguramiento, fue una en particular la que con mayor contundencia logró argumentar: “asegurar que no obstruya la justicia” .
 
Morales fue precisa. Dijo que por lo menos en diez ocasiones el exministro había ingresado a La Picota a visitar Oskar Schroeder (exjefe jurídico del Ministerio), Juan Camilo Salazar (exviceministro) y Juan Camilo Ortega (exsecretario general). Cada encuentro, según la fiscal, habría tenido una duración de aproximadamente cuatro horas. Y el último se registró el pasado 3 de junio. Morales señaló que luego de estas visitas ninguno de los ya imputados ha acudido a los llamados de la Fiscalía.
 
Para la fiscal Viviane Morales hay evidencia documental que permite inferir que Arias ha intentado inducir a varios de los procesados que están en la cárcel La Picota. Aseguró que las mencionadas visitas "pudieron tener el propósito de influir en la versión de los detenidos, quizá para tener un libreto".
 
El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Fierro apoyó la solicitud por el mismo argumento. Dio detalles, hasta ahora desconocidos, que resultaron determinantes en el momento de argumentar por qué era necesario cobijarlo con medida de aseguramiento.
 
Se refirió entonces a las visitas, diez en total, que “en menos de dos meses, del 16 de abril al 3 de junio”, hizo el exministro a La Picota. Dijo que no es cierto que, como lo aseguró el abogado Jorge Aníbal Gómez, el exministro haya acudido a la cárcel como un acto de solidaridad con sus exfuncionarios.
 
“No fue con fines humanitarios, sino que (las visitas) tuvieron como propósito influir sobre los otros imputados, tal y como lo señaló la señora fiscal (...) la defensa del investigado no demostró que sus testigos hubieran ingresado a la prisión, a ellos sólo les consta una reunión y no lo hablado en los demás encuentros”, aseguró el magistrado.
 
Pero Fierro fue más allá y advirtió que Arias podría inducir a los demás implicados en este caso para que oculten la verdad. Así mismo, según Fierro Perdomo, un análisis en conjunto (visitas a La Picota y la declaración de Javier Enrique Romero Mercado, exdirector del INCODER), permite razonar que el procesado puede inducir a obrar con reticencia.
 
“Los funcionarios del ministerio sí estaban siendo aleccionados sobre las preguntas que los investigadores hacían (...) Arias utilizó su influencia para conocer el pliego de cargos de la Procuraduría y en las reuniones se buscaba una especie de ‘chivo expiatorio’ para que otros asumieran la responsabilidad de las investigaciones sobre Agro Ingreso Seguro", señaló el magistrado.
 
Fierro, así como la juez Orjuela, fue enfático en advertir que su decisión no obedecía a una presión mediática o popular, sino que era una ponderación de los cargos. Hoy las decisiones de ambos juristas tienen a dos de los hombres más cercanos al gobierno Uribe en prisión.